VALENCIA. En su primer discurso de Fin de Año como presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha exhibido sensibles diferencias respecto a los de su inmediato antecesor, Alberto Fabra, tanto en el fondo como en la forma. Frente al tono emotivo, inclusivo y huidizo de promesas concretas del actual presidente, el último discurso del anterior jefe del Consell estuvo marcado por el balance de gestión y la promesa de crear hasta 100.000 nuevos puestos de trabajo en el año que hoy termina.
El mayor elemento de contraste entre los dos planteamientos giró en torno a la necesidad de abordar o no la reforma de la Constitución. Así, mientras el actual presidente explicitó su postura favorable a reformar la Carta Magna, su predecesor no abordó la cuestión expresamente, pero deslizó su inclinación por mantener y afianzar "todo el progreso alcanzado desde la Transición, sin dar pasos en falso que puedan provocar justo lo contrario".
El argumento que Puig utilizó para defender la reforma fue la necesidad de mantener la esencia del texto. "Reformar la constitución es la mejor forma de defender sus principios", dijo.
Por su lado, Fabra apeló a las "normas de convivencia" y a la necesidad de construirlas "desde los consensos y nunca desde la ruptura". "No es el momento de la revolución, sino de la evolución", lanzó para sintetizar su mensaje. Sin mencionar literalmente la Constitución, el expresidente popular sí dejó claro que para él, la evolución pasa por analizar "qué funciona adecuadamente y qué es necesario adaptar a los nuevos tiempos, sin que ello suponga tener que abrir un nuevo proceso constituyente cada tres o cuatro generaciones".
El discurso de Fabra, pronunciado en su mayor parte en castellano, estuvo centrado en la defensa de los valores tradicionales, la familia, la estabilidad del Estado o las señas de identidad, con referencias directas a la libertad para "defender públicamente sin complejos lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir".
También evidenció su inclinación por mantener el espíritu de la Transición a través de sus menciones a la jefatura del Estado -tanto Juan Carlos I como Felipe VI- y al expresidente Adolfo Suárez, al que citó en un par de ocasiones para defender la necesidad de "recuperar" su habilidad para "tender puentes que nos unan".
Por su parte, Puig quiso fijar el mensaje de que la prioridad del nuevo Gobierno son las personas. Sin arremeter explícitamente contra el anterior Consell, el nuevo presidente sí trató de marcar la diferencia con el "nuevo tiempo", una etapa de apertura y reconstrucción, tal y como reiteró en varios momentos del discurso.
Reparación, reconstrucción y renacimiento fueron conceptos que afloraron en varios momentos en los poco más de seis minutos de discurso, centrado especialmente en "aquellas personas olvidadas durante demasiados años".
Además del posicionamiento ante la Constitución, el otro gran elemento diferenciador fue la gestión de las promesas. Después de tres años al frente de la Generalitat, Fabra sí estimó tener bagaje para defender ante los valencianos los que entendió como los "pilares" de su gestión: "ejemplaridad, buena gestión, participación y transparencia".
Pero fue más allá y, ante la cercanía de las elecciones autonómicas que se celebraron en mayo, se aventuró con una propuesta concreta y medible, la creación de 100.000 empleos en 2015.
Frente a ello, Puig, que acaba de cumplir seis meses como jefe del Consell, se movió en el terreno de los grandes planteamientos, sin olvidar a ningún colectivo, de los parados a los empresarios y los autónomos.
Hubo, en ambos casos, alusiones pasajeras a la corrupción y la calidad democrática. Fabra, para sacar pecho: "he buscado recuperar la confianza en las instituciones y en las personas que de forma temporal nos dedicamos a servir a los demás". Puig, con la garantía de "seguir luchando con todas mis fuerzas para impedir que nadie se aproveche de lo que es de todos", con la transparencia como mejor "antídoto" contra la corrupción.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal