Festivales S.A: La industria olvidada

VALÈNCIA.- Si observáramos a vista de pájaro la distribución de los macrofestivales de música en España, constataríamos cómo la enorme concentración de este tipo de eventos en Cataluña, la costa mediterránea y Andalucía apenas es compensada en el País Vasco. El resto de la Península Ibérica —incluida la capital— aparecería ante nuestros ojos como un vasto erial, salpimentado con algún que otro evento de importancia. Este es, por tanto, uno de esos casos en los que la situación periférica de la Comunitat Valenciana —tanto a nivel geográfico como en cuanto a capacidad de influencia ante el Gobierno central— no parece haber jugado en nuestra contra. 

La vinculación de la región con este tipo de eventos tiene su origen en la primera edición del Festival de Benicàssim de 1995. Aquel modesto encuentro musical, impulsado por dos jóvenes empresarios madrileños, los hermanos Miguel y José Luis Morán, depositó la semilla de un modelo de turismo cultural cuyo potencial de crecimiento nadie podía prever en aquel entonces. Veinte años después, los macrofestivales se han convertido en un producto de promoción internacional de primer orden, con un impacto económico de más de un centenar de millón de euros y miles de puestos de trabajo (la mayoría temporales, eso sí). El FIB por sí solo genera dos mil empleos directos —el 80% de los cuales es entre ciudadanos de València, Castellón y Benicàssim— y trabaja con 139 empresas proveedoras de bienes y servicios. 

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Según afirma el vicepresidente de Turismo en Castellón, Andrés Martínez, los festivales en esa provincia generan cerca de sesenta millones de euros de riqueza en el tejido empresarial local y son ya el segundo producto turístico, detrás del «sol y playa». A nivel autonómico, este sector también está en camino de superar el peso relativo de la gastronomía, el patrimonio y —una vez evaporado el sueño fugaz de la Copa América de vela y la Fórmula Uno— también el deporte.

Con estas cifras encima del tapete, a nadie debería extrañarle que las administraciones locales y provinciales, así como el Consell, se vuelquen con creciente ahínco en afianzar este segmento del mercado.

Los datos recogidos en el Anuario de la SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales de 2016 corroboran la posición privilegiada de la Comunitat, que encabeza el ranking de los diez festivales más multitudinarios del país con el Arenal Sound (260.000 asistentes repartidos en seis días) y el Rototom Sunsplash, que congrega cada año en Benicàssim a 250.000 personas a lo largo de ocho jornadas. En el octavo y décimo puesto de esta lista encontramos al Festival Internacional de Benicàssim (115.000 asistentes en cuatro días) y el Low Festival de Benidorm, que en 2015 concitó a 70.000 personas.

Si contabilizamos las decenas de encuentros de todos los formatos y géneros (principalmente de pop-rock) que se distribuyen a lo largo y ancho del territorio, se calcula que la oferta musical de festivales atrae a más de un millón de almas cada año. Ha llegado pues el momento de tomarse muy en serio a ese perfil de turistas jóvenes, con patrones de consumo cortos pero intensos y de enorme diversidad geográfica (el Rototom Sunsplash reúne cada año a personas de más de setenta nacionalidades). 

Sería tentador concluir que el posicionamiento de la Comunitat está garantizado. Pero no se ha de perder de vista que una de las peculiaridades del sector que nos ocupa es su alta sensibilidad a factores como la buena sintonía con las administraciones locales y el precio de las entradas. De hecho, el doble efecto de la crisis económica y la subida del IVA del 8 al 21 por ciento tras la reforma fiscal de 2012 —ahora se va a bajar al 10— se tradujo en la pérdida de 437.924 espectadores en el periodo 2010-2015 (datos de la SGAE). 

70 nacionalidades:  El Rototom Sunsplash es el festival más internacional de España, quizá de Europa. Sus más de 250.000 asistentes lo convierten en el segundo más concurrido de nuestro país. 

Por añadidura, conforme la competencia crece y surgen nuevas tendencias —como la sostenibilidad ambiental o la de primar el confort sobre el hacinamiento—, se hace cada vez más necesario revisar las condiciones de calidad de este tipo de macroeventos para evitar su migración a otras regiones. En este, como en tantos otros ámbitos, hay que aplicarse la máxima de renovarse o morir.

Todo este tipo de preocupaciones está en el trasfondo de la creación de marcas como Castellón, tierra de festivales, impulsada por la Diputación, o Mediterranew Musix, presentada en julio de 2016 por la Agencia Valenciana de Turismo. La presencia en ese acto del presidente del Consell, Ximo Puig, indicaba simbólicamente la voluntad inequívoca de que la imagen exterior de la Comunitat se asocie oficialmente como tierra prometida para este tipo de encuentros. La cuestión es: ¿Para qué sirven las marcas institucionales que afectan a una actividad del sector privado? ¿En qué tipo de actuaciones se sustentan? 

El «modelo Benicàssim»

No es casualidad que Francesc Colomer sea el impulsor de Mediterranew Musix, una iniciativa pionera en España, pero que ya ha llamado la atención de otras regiones como Galicia, en las que se empieza a apostar fuerte por este tipo de reclamo turístico. El socialista, que ha sido alcalde de Benicàssim en tres ocasiones a lo largo de su trayectoria política, fue uno de los primeros ediles del país que comprobaron cómo una pequeña población vacacional podía florecer económicamente y proyectar su imagen al resto del mundo al calor de ese aluvión de jóvenes en busca de música y diversión. Colomer estaba allí cuando el FIB, festival indie decano en España, celebró su primera edición en 1995. Tampoco dudó en abrir los brazos y desplegar la alfombra roja al Rototom Sunsplash en el año 2010, cuando este macrofestival consagrado a la música reggae y sus aledaños buscaba un lugar en España donde instalarse después de abandonar Italia debido al difícil encaje de su propuesta con la legislación italiana.

El fundador del festival, Filippo Giunta, ha reconocido en diversas ocasiones las razones que le hicieron decantarse a favor de la localidad castellonense: la existencia de un recinto con tamaño e instalaciones adecuadas para la celebración del evento; la abundancia de profesionales especializados en el campo de la producción de eventos musicales (montadores, expertos en logística, empresas de seguridad, etc.) y el buen entendimiento —y cierta laxitud, por qué no decirlo— por parte de las autoridades locales y las fuerzas de seguridad. 

«Con el FIB intuimos desde el primer minuto el potencial que tenía un evento de esas características, porque es una gran incubadora de futuros turistas», Francesc Colomer a Plaza. «Si sabemos hacer bien hoy las cosas, seremos capaces de fidelizar a muchos de los cientos de miles de jóvenes para que más adelante, cuando  tengan sus propias familias y busquen un destino de vacaciones en otro plan, vuelvan aquí», añade el responsable autonómico de turismo. 

En estos momentos, el equipo del secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo ultima la redacción de un reglamento sobre festivales, cuyo cumplimiento determinará la inclusión de un evento bajo el paraguas de Mediterranew Musix. Este conjunto de requisitos formarán parte de la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad. En la práctica, la adscripción a esta marca institucional funcionará sencillamente como una especie de certificado de calidad, que «garantice» que un determinado evento «cumple las normativas urbanísticas vigentes, se rige bajo criterios de sostenibilidad medioambiental, respeto a la sociedad y la cultura de la localidad receptora y mantiene relaciones laborables dignas». También deberá acreditar que alberga algún espacio destinado a informar sobre causas como la prevención del sida y las consecuencias del consumo de estupefacientes. Son, en suma, exigencias obvias, o difíciles de supervisar, de modo que lo más plausible es que el Consell tenga que aceptarlas como un acto de fe. 

El apartado que sí forzará a los festivales a revisar su funcionamiento será la introducción de cuotas mínimas de contratación de grupos musicales valencianos en las programaciones. Este porcentaje —que está todavía por definir— supondría un importante revulsivo para la escena musical valenciana, a la que se suele tener poco en cuenta en este tipo de eventos, cuyo objetivo no es tanto descubrir nuevos talentos como trabajar sobre seguro con bandas ya consolidadas.

Cuestión aparte es hasta qué punto los equipos directivos de los festivales están dispuestos a aceptar imposiciones en sus carteles si estas no vienen acompañadas de dinero contante y sonante. La Agencia Valenciana de Turismo tiene desde el año pasado una línea de ayuda de 300.000 euros pero exclusivamente para reforzar las campañas de promoción internacional, no para los gastos corrientes ni las programaciones de los festivales. 

Fuego cruzado de legislaciones

Por otra parte, la Agencia Valenciana de Turismo se ha propuesto ayudar a los festivales a deshacer la apretada madeja de legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes, ejerciendo de mediador entre los promotores y las distintas direcciones generales y consellerias implicadas en la tramitación de los permisos necesarios para la celebración de un evento público. «Es una certeza que España es un país muy burocratizado y con una legislación muy garantista, por lo que hacer negocios es complicado. La administración pública tiene que ser proactiva en la defensa de la seguridad jurídica, porque son inversiones muy importantes», señala Colomer. La cancelación del Marenostrum Music —apenas unos días antes de su celebración— y la migración del Arenal Sound desde Burriana a Benicàssim son dos buenos ejemplos de la importancia de tener al ayuntamiento de tu parte y los informes técnicos en regla.

El del SanSan (50.000 personas a lo largo de cuatro días) es otra muestra evidente. Este festival indie, emplazado en Gandia durante sus primeras tres ediciones, migró a Benicàssim esta Semana Santa debido al desentendimiento con el gobierno local. La provincia de Castellón, con su propia marca de promoción turística Castellón, tierra de festivales, y su línea de ayudas directas de 400.000 euros anuales, se llevó el gato al agua. Con no poca perspicacia, el diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez (PP), muestra especial interés en este nuevo encuentro, puesto que su llegada abre un camino a la desestacionalización de un sector demasiado atomizado en los meses estivales.

La apertura del aeropuerto de Castellón —a pesar de que en la actualidad solo enlaza con dos destinos británicos— y los convenios con los empresarios hosteleros de Castellón para realizar descuentos del 10% a los visitantes que repitan su visita por segunda vez son otras medidas concebidas para «abrillantar» un poco más la imagen de Castellón de cara a promotores y público.

Uno de los orgullos de la Comunitat es su bien vertebrada red de bandas de música (con más de 40.000 intérpretes y de 60.000 alumnos de escuelas de música) y el asentamiento en València capital de la sede europea de la prestigiosa Berklee College of Music. No es menos cierto que la escena musical independiente valenciana es una de las más efervescentes del país. Pero el hecho de que la Comunitat se haya convertido en una tierra prometida para grandes promotores de festivales tiene menos que ver con la consabida idiosincrasia musical de la región que con su veteranía en el sector turístico.

Los factores que más favorecen la implantación de un festival en un territorio son las buenas redes de comunicación con otras capitales, la climatología y la existencia de recintos de grandes dimensiones, razonablemente alejados de zonas residenciales y dotados de buenas infraestructuras. Por no hablar de ese importante factor intangible que es la concepción positiva de la figura del turista por parte de la población local. La Comunitat Valenciana, bregada desde más de medio siglo en esto de acoger y satisfacer las necesidades de grandes masas de visitantes foráneos, tenía ya el camino hecho.  

* Este artículo se publicó originalmente en el número 31 de la revista Plaza