VALÈNCIA. El juicio del caso Erial es largo. No sólo porque hay sesiones previstas hasta verano en un intenso calendario, sino porque pueden ocurrir muchas cosas. Es un partido que se juega hasta final. La imagen pública del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se encuentra innegablemente dañada. Pero lo importante no es lo de fuera, sino lo que sucede en la sala. Cada detalle es relevante y cada testimonio más aún. El tribunal ha de realizar un ejercicio de cirugía jurídica fina ante una de las macrocausas más importantes de corrupción que se han investigado en los últimos años en la Comunitat Valenciana. Y nada está hecho todavía.
Hasta la fecha, además de las cuestiones previas, han tenido lugar las declaraciones de los acusados. Ahora acaba de comenzar una segunda fase con las de los testigos. El tribunal tiene que enjuiciar con la contradicción de los acusados. Cuatro de los quince han alcanzado una conformidad con la Fiscalía que les puede comportar una rebaja de las penas de prisión, que en el escrito de acusación son altas. Han asumido el papel de confesores en pequeño coro. Los demás han intentado como es lógico salvarse a sí mismos. Pero algunos de ellos han echado un importante capote a Zaplana. Son sus fieles.
Los quince se sientan en el banquillo como partícipes de una presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
La Fiscalía, en ese trabajo de los acuerdos, ha logrado atar a personas clave, pertenecientes al círculo de colaboradores del expresidente de la Generalitat. Se trata de Joaquín Barceló, el autodenominado testaferro de Zaplana; su exjefe de Gabinete (mano derecha entre 1995 y 2002), Juan Francisco García; y los hermanos Cotino (Vicente y José, sobrinos del exdirector general de la Policía Juan Cotino).
Con estos dos últimos, Anticorrupción ha amarrado testimonios reveladores de la primera fase del supuesto entramado: el amaño de las adjudicaciones públicas, las mordidas y el desvío de esas comisiones fuera de España.
En sus respectivas declaraciones, revelaron todo el plan de manipulación de la concesión de las ITV y de la salida de las comisiones a Luxemburgo, otorgando un papel protagonista en la operación a Juan Cotino. Además, dieron cuenta de que se hizo con el conocimiento de Zaplana.
Por su parte, Joaquín Barceló (conocido como 'Pachano'), en ese papel de testaferro que asumió, reconoció el uso de sociedades para gestionar millones de euros del exministro en el extranjero y luego retornarlo para inversiones. Es decir, expuso la segunda y tercera fase del supuesto entramado.
Esta versión de los hechos deberá ser ahora ratificada y detallada todavía más por otros testigos clave de la causa, como el testaferro uruguayo Fernando Belhot. En su momento, contribuyó a recomponer todos los movimientos de ese dinero en el extranjero a través de una compleja estructura societaria en diversos países con el objetivo del posterior retorno de las cantidades a España para destinarlas a inversiones y beneficio personal del exministro y su núcleo cercano.
Pero aparte de los acusados confesores están los fieles de Zaplana. Y a todos, desde luego, se les debe preservar la presunción de inocencia. Si alguien tuviera que encabezar esta lista de escuderos sería la que fuera secretaria del exjefe del Consell, Mitsouko Henríquez. "Cuando alguien quería algo del señor Zaplana era mi móvil el que daba. Yo he hecho gestiones para muchísima gente", dijo respecto a su participación en algunas operaciones que figuran en la causa: desde el piso de Núñez de Balboa, a la compra en La Finca o al dinero que le sacaba al exministro del banco.
Al igual que este último, ciñó su papel a gestiones desinteresadas para amigos y colegas. Así, por ejemplo, afirmó que los 50.000 euros que le intervinieron de Zaplana en su despacho eran para gastos y la compra de artículos o pruebas médicas.
En la bancada de los que rechazan cantar aparece igualmente Franciso Pérez, apodado como Paco 'el Gasofa', quien negó que patrocinara viajes al exministro y sus amigos como pago de favores; o Carlos Gutiérrez, quien negó que Zaplana le diera dinero en efectivo.
También los hermanos Saturnino y Elvira Suances, los cuales se desvincularon del dinero y de las operaciones realizadas en Andorra; o Pedro Romero, peluquero del expresidente de la Generalitat, quien negó que fuera puente de una empresa pantalla de la trama.
Por su parte, otra persona especialmente cercana a Zaplana, Francisco Grau –quien fuera su asesor y el considerado cerebro financiero de la trama–, realizó una declaración que no sirvió para aclarar demasiado pero que benefició al exministro.
Su afirmación más sonada fue que la contradicción de su testimonio con el de Joaquín Barceló se debía a que no había querido conformarse con la Fiscalía. "Él me dijo que no iba a volver a entrar en la cárcel y que haría lo que hiciera falta", llegó a señalar.
Grau rechazó que hubiera entregado a Barceló cinco millones de euros en una bolsa que pertenecían a Zaplana con la finalidad de sacarlos a Andorra y circunscribió la actuación del exministro a algún tipo de intermediación para ayudar a sus amigos y hacerles favores. Algo que él mismo también expuso.
A partir de ahora, quedan muchas sesiones por delante en las que las comparecencias de multitud de testigos servirán para establecer si todo lo ocurrido fue delictivo o no y en qué medida.