FOTOS: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. (EFE) El hasta ahora subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), ha salido sobre las 16 horas de su vivienda en un vehículo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), después de que esta haya registrado el inmueble durante toda la mañana.
La UCO ha detenido este jueves a Rubio y al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), en una presunta trama de corrupción, la conocida como caso Azud. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras.
Rubio, quien ocupó en su día el cargo de portavoz socialista en el consistorio valenciano y se encargó de cuestiones relacionadas con el urbanismo, ha sido detenido en su domicilio en el distrito valenciano del Pla del Real, hasta donde se habían trasladado diferentes agentes para realizar un registro.
Los efectivos de la UCO han introducido diferentes objetos como carpetas y documentos en sus vehículos. Sobre las 16.00 horas, los agentes de la Guardia Civil han retirado a la prensa de las puertas del garaje de la vivienda de Rubio y han despejado la vía para permitir la salida de tres vehículos.
El registro en este domicilio se ha prolongado durante cerca de ocho horas y en él ha participado un cerrajero para abrir una caja fuerte.
Rubio ha abandonado el edificio subido en un coche sin distintivo policial y desde el garaje, aparentemente sin esposas. En el último de los coches viajaba Rubio, que ya ha sido cesado de su cargo público y el PSPV-PSOE también le ha suspendido de militancia.
Asimismo, la UCO también se ha trasladado a primera hora de este jueves hasta el domicilio de Grau, mano derecho de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá, para practicar otro registro.
Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado.
La causa, que arrancó hace tres años y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.
Rafael Rubio, exdiputado provincial, se encuentra procesado en otro procedimiento, una de las piezas del caso Imelsa en la que se han investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.
Tras conocerse su procesamiento en este procedimiento, Rubio se desvinculó de los hechos y aseguró que fue "extremadamente escrupuloso" con los contratos que hizo en 2011 a dos asesoras a su cargo en la Diputación, unas plazas que no se crearon a instancia suya. También negó pertenecer a ninguna organización criminal.
Por su parte, Alfonso Grau fue condenado a cuatro años de cárcel --una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)-- por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha decidido proceder al cese del subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, Rafael Rubio, tras su detención por un presunto cobro de mordidas durante la segunda operación policial del conocido como caso Azud.
Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, en el que asegura que respeta "como no podría ser de otro modo" la actuación llevada a cabo por la Justicia.
Por su parte, el PSPV ha anunciado que ha suspendido cautelarmente de militancia a Rubio, quien también era hasta ahora miembro del Comité nacional del PSPV-PSOE, y le ha abierto un expediente disciplinario en cuanto ha tenido conocimiento de la operación judicial.
