VALENCIA. El jefe del Consell, Ximo Puig, acude este martes a la Conferencia de Presidentes autonómicos con un objetivo prioritario bajo el brazo: poner fin al ninguneo que se dispensa a la Comunitat Valenciana en el actual sistema de financiación autonómico. Un modelo que debería haberse modificado en 2014 y que, ya entrados en 2017, sigue abordándose con un tono condescendiente y superficial desde Madrid.
"El mensaje ha calado", aseguran fuentes del Gobierno valenciano. Debería ser así, puesto que la discriminación que sufre el Consell, absolutamente incapacitado para cubrir con la aportación del Ejecutivo central los servicios básicos de sanidad, educación y bienestar social, ha incrementado notablemente la deuda de la Comunitat en los últimos años.
De bien poco han servido las concentraciones reivindicativas en Madrid y los pataleos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la inestimable ayuda del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha conseguido postergar la reforma del sistema todo el tiempo que su organización ha considerado oportuno hasta encontrar las condiciones estratégicas idóneas -elecciones celebradas y gobierno elegido- para afrontar una cuestión de primera necesidad para regiones como la valenciana.
No por ello la meta está más cerca. Todo apunta a que la conferencia de presidentes se saldará con una serie de acuerdos -no menores eso sí- y con la convocatoria, "en el plazo máximo de un mes", de un grupo de expertos -algo pendiente desde hace más de un año- a la que se encomendarán los análisis para la "formulación posterior" del nuevo modelo, que sigue sin un plazo fijo.
Las reivindicaciones valencianas están claras: cumplimiento de los servicios básicos, atención al elemento poblacional, equiparación a la media estatal y fin del statu quo para negociar un sistema que nazca desde cero: todo ello peticiones firmadas por todas las formaciones políticas con representación en Les Corts, incluido el PPCV.
Ya se verá. Puesto que en la propia formación popular, se viene deslizando que la reforma se realizará sin tocar el citado statu quo. O lo que es lo mismo: las comunidades beneficiadas seguirán disfrutando de sus prerrogativas. De la misma manera, en la ponencia del PP de cara a su congreso se asegura que nadie disfrutará de negociaciones bilaterales: una afirmación que causa cierta hilaridad al conocerse que ni Cataluña ni País Vasco acudirán a la conferencia de presidentes de este martes. No se puede hablar de todo el pastel cuando partes propietarias del pastel ni siquiera están en la cita. Por otro lado, Puig tendrá que jugarse su reivindicación en solitario: mientras la alianza entre Cataluña y Baleares es total, el presidente de la Generalitat no terminado de culminar sus reiterados acercamientos con estas regiones respecto a la financiación.
Respecto al encuentro, Puig subrayó este lunes que lo más importante ahora es proponer "un calendario claro" que "no eternice" el debate para conseguir ya este año un nuevo modelo de financiación. En esta línea, el presidente de la Generalitat, subrayó que pedirá en el encuentro un cambio del reglamento de la Conferencia para que su convocatoria no dependa solo del Gobierno, sino también de las comunidades autónomas.
Además, se mostró firme defensor de un "instrumento federalista" como el que se reúne este martes en el Senado por sexta vez (la segunda con Mariano Rajoy de jefe del Gobierno). Así, abogó por profundizar en el "federalismo cooperativo". Sobre esto, el ánimo con el que acudirá Puig a la Conferencia de Presidentes será "constructivo", pero apoyado firmemente en dos exigencias: que acaben la infrafinanciación y la "infrainversión" de la Comunitat Valenciana.
Un paso para ello, encuadrado en el necesario nuevo modelo de financiación, es la mutualización de una parte de la deuda que acumulan comunidades autónomas, como la valenciana, que a lo largo de estos años han recibido menos recursos de los debidos.
El presidente valenciano puso como ejemplo de las bajas inversiones que recibe su comunidad el Corredor Mediterráneo, proyecto estancado a pesar de que las cuatro comunidades que lo quieren impulsar representan cerca del 50% de la población española, casi el 45% del PIB nacional y canalizan el 78% del tránsito de mercancías del país. "Es exasperante el ritmo lento de las inversiones en el Corredor", sentenció el jefe del Consell. Además de la financiación, en la reunión de este martes se abordarán una decena de cuestiones que han quedado recogidas en un borrador de acuerdo.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral