La revisión del cupo vasco y navarro que pide Puig es demasiado tímida para C's que exige "acabar con los privilegios" mientras que Bonig (PP) argumenta que son "constitucionales"
VALENCIA. La presentación realizada este martes por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en compañía de buena parte del equipo económico del Gobierno valenciano sobre el modelo de financiación que considera idóneo para España suscitó ayer distintas reacciones en los partidos políticos del arco parlamentario.
Así, el jefe del Consell planteó la creación de un fondo similar al de la 'hucha' de las pensiones y dibujó una propuesta estructurada en tres tramos: uno que asegure un nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales, un segundo tramo de suficiencia competencial autonómica, y un tercero de "autonomía fiscal y de gestión para que las comunidades asuman su responsabilidad".
Sobre este modelo, además del apoyo de Compromís, recibió un respaldo más moderado por parte de Podemos, algún guiño de Ciudadanos combinado con reproches por la "unilateralidad" de la iniciativa y críticas firmes del PP también por esa causa, además de por medidas concretas del plan presentado.
Una de las primeras en saltar públicamente a la palestra a responder a Puig este miércoles fue la presidenta del PPCV y portavoz del grupo parlamentario popular, Isabel Bonig, quien prefirió no centrarse en las cuestiones técnicas del modelo a la espera de que su equipo económico las analice. Así, realizó un posicionamiento político notablemente crítico con la iniciativa del presidente: además de considerarla una acción "a la desesperada" por las "malas perspectivas electorales", su principal reproche fue que Puig desoyera la propuesta de "suscribir un pacto PP-PSPV para acudir después del 20D juntos a Madrid para reclamar el cambio de modelo". Una reforma, añadió Bonig, que debe hacerse "en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no con estas "bilateralidades".
Además, la líder del PPCV criticó que Puig reclamara la revisión del cupo vasco y navarro en su propuesta. "Es una exigencia inconstitucional, mientras esos conciertos sí son constitucionales", recordó, para cuestionarse además que esa propuesta cuente con el respaldo del candidato del PSOE, Pedro Sánchez.
En la misma línea se manifestó el compañero de partido de Bonig, Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno, quien recordó que Puig debería "consensuar" el modelo de financiación con su jefe de filas. Además, recordó que el Gobierno central se está "volcando" con la Comunitat en el pago "de deuda, intereses y proveedores" y, en ese sentido, puntualizó que ya existe el compromiso de Mariano Rajoy de reformar el sistema en el primer semestre de 2016. "Me gustaría escuchar esto de otros responsables políticos como el líder de C's o del PSOE", sentenció.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Carolina Punset, coincidió en algunas de las fórmulas planteadas por Puig pero también discrepó en varias de las soluciones del jefe del Consell. La síndica de C's afeó al presidente que no hubiera apostado "por el consenso y por el diálogo con las demás fuerzas políticas para elaborar un nuevo modelo, en lugar de realizarlo de forma unilateral".
Una de las coincidencias relativas es sobre la revisión del cupo vasco y navarro que solicita Puig, si bien Punset se mostró mucho más tajante: "Para garantizar la igualdad no podemos permitir privilegios como los conciertos vasco y navarro", subrayó. La portavoz de Ciudadanos, además, citó una idea similar al fondo de contingencia acuñado por Puig al referirse a la necesidad de establecer "una cartera de prestaciones básicas financiadas mediante el Fondo de Garantía para garantizar así la igualdad entre todos los españoles".
Mas discrepancias mostraba la dirigente de C's al reclamar una "armonización tributaria en España y en Europa para acabar con los desequilibrios entre comunidades", dado que Puig ha dibujado un sistema con mayor margen de maniobra fiscal para las autonomías.
En cuanto a Podemos, su portavoz de Economía en Les Corts, David Torres, manifestó compartir "el diagnóstico", dado que "va en la línea de la moción presentada por todos los grupos el 6 de octubre instando al Gobierno central a que reformara de forma inmediata y con efecto del 1 de enero de 2014 el sistema de financiación".
No obstante, señaló su intención de "sobre este primer borrador" poder realizar "propuestas de carácter general a consensuar con los diferentes grupos de Podemos del resto de CCAA para poder llevar una iniciativa conjunta".
En este sentido, subrayó que, a su juicio, había que "concretar más" las tres propuestas iniciales sobre los tramos de recursos y la asignación de fondos a los mismos, así como "los diferentes instrumentos de desarrollo regional, reequilibrio financiero y de revisión de las contribuciones forales, que es evidente que deberán salir del consenso entre todas las CCAA y desde los principios de cooperación y solidaridad".
Además, puntualizó que echaba a faltar "medidas más concretas para la inversión en infraestructuras".
Por su parte, el socio de gobierno del PSPV, Compromís, a través de su síndic, Fran Ferri, calificó de "positivo" el modelo presentado por Puig puesto que apunta a principios como "la autonomía financiera, la corresponsabilidad fiscal y la capacidad de gestión tributaria", aspectos defendidos por la coalición.
Además, puntualizó que en documento presentado "se actualizan cifras de las consecuencias del sistema de financiación, constatando nuevamente que la Comunitat es el territorio más maltratado de todo el Estado".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral