Rafael Montero, secretario general de la CEC, y el presidente José Roca CASTELLÓN (EP). Fiscalía de Castellón ha solicitado la apertura de juicio oral en la causa contra la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) -actualmente en proceso de liquidación- por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación al considerar que existe un delito de fraude.
Según fuentes del ministerio público, la Fiscalía ha remitido el escrito de acusación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules después de que este órgano dictara un auto que transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado y que ponía fin a la instrucción que se inició en julio de 2015 con una denuncia de Anticorrupción.
El Juzgado acordó procesar a dos dirigentes de la patronal castellonense, Rafael Montero y José Antonio Espejo, y a tres empresarios, según informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) .
Así mismo, el instructor procesó también a la CEC, al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la anterior, a la patronal autonómica Cierval, y a otras cuatro mercantiles --academias y centros de formación-- que supuestamente emitieron las facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval de los 12 que recibió ésta última de la Generalitat Valenciana.
En el auto judicial se indicaba que los hechos investigados "revisten carácter de delito" y les procesaba por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
Según el juez, "existen indicios" de que Montero, siendo secretario de la CEC y Cierval, y Espejo, como responsable de planes de Formación de la patronal castellonense, "aprovechándose de sus cargos orgánicos" "se concertaron" con cuatro empresarios --uno de ellos no ha sido localizado-- "para beneficiarse económicamente del expediente que incluía una subvención para la ejecución de un plan de formación intersectorial".
Los responsables de las organizaciones empresariales habrían simulado la intervención de los empresarios en la organización e impartición de los cursos y autorizaron los pagos.
El juez concluía que las facturas emitidas "no responden a ningún trabajo o concepto realmente prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual entre la entidad pagadora, la CEC" y los receptores del dinero, los tres empresarios responsables de las academias y centros de formación quienes, recibida la transferencia, "retiraban en metálico la práctica totalidad del dinero transferido".
De los 1,8 millones de euros pagados por la patronal y no justificados, se sacaron 1,5 millones en metálico de las distintas cuentas bancarias a las que se transferían los fondos.
