Fraude en Antifraude

No se me ocurre peor carta de presentación para un director de la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf) que derogar el Código ético y de conducta con que se había dotado este organismo encargado de fiscalizar la rectitud que debe imperar en todas las administraciones valencianas. "Somos conscientes de que representamos la imagen y el espejo a través de la cual la Avaf se proyecta sobre la ciudadanía y, en este sentido, comprendemos que resulta crucial que nuestra independencia, objetividad e imparcialidad estén por encima de toda sospecha, como máximos exponentes de la cultura de la integridad pública", razonaba la Agencia que dirigía Joan Llinares en el preámbulo de ese código aprobado en 2022.

La imagen es desalentadora: al nuevo director de la Agencia, Eduardo Beut, le sobraba el Código ético y también el Comité Ético regulado en el propio código, formado por tres personas de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción y una empleada de la Avaf y encargado de investigar las denuncias sobre posibles vulneraciones de la normativa interna en el seno de la entidad.

"El presente Código pretende impregnar nuestra misión de servicio público de la cultura de la integridad pública, cosa que podremos lograr alineando nuestra actuación con unos valores sólidos, así como estableciendo los mecanismos y pautas que nos permitan actuar de forma comprometida y coherente con dichos valores", proclamaba el documento en el que se autorregulaba desde la cortesía hasta los conflictos de interés, pasando por la igualdad, la transparencia o el deber de confidencialidad. Más de un año costó elaborarlo en un proceso en el que participaron los trabajadores.

La ya expresidenta del Comité Ético, María Luisa Cuerda, ha escrito a Les Corts para mostrar su preocupación por el hecho de que la decisión de Beut se produjo después de que ella misma le informara de que el Comité estaba investigando denuncias sobre hechos que, de confirmarse, supondrían una "grave infracción" del Código ético. Beut le respondió por escrito, el viernes 20 de septiembre, que se reunirían el 2 de octubre, pero durante el fin de semana debió de ver en televisión algún reportaje sobre Venezuela y se lo pensó mejor. El lunes 23 solventó el problema de un plumazo: adiós al Código ético y al Comité que debía investigar la grave infracción denunciada. Muerto el perro, se acabó la rabia.

Cuerda, catedrática de Derecho Penal en la Universitat Jaume I de Castelló y exmagistrada, alertaba también sobre el peligro de ruptura de la confidencialidad en relación a la identidad de los denunciantes, que habían revelado sus nombres bajo promesa de que solo lo conocerían los integrantes del Comité Ético. Según la resolución de Beut, los expedientes que estaba manejando el Comité pasan a ser instruidos por un órgano colegiado formado por "tres personas servidoras públicas de la Agencia" designadas por el propio Beut.

Lo más grave es la fraudulenta justificación que el nuevo director expuso en la resolución por la que fulminaba el Código ético, donde aseguraba que tomaba esta decisión para evitar duplicidades, ya que la Agencia va a adherirse "al código ético o de conducta que se está elaborando por las Corts Valencianes". Mentir está feo, pero que lo haga el director de la Agencia Antifraude es, además, preocupante para la imagen de la entidad. Aunque como ya no rige el Código ético, nadie de dentro se lo va a reprochar.

Como desveló este periódico tras un ejercicio de investigación tan sencillo como preguntar en Les Corts, la institución que preside Llanos Massó no está elaborando ningún código ético, que no le vendría mal, dicho sea de paso. Y aunque lo estuviera haciendo, lo lógico era esperar a que estuviera aprobado en lugar de tener tanta prisa por cargarse el que ya tenía la Agencia.

Dice la Avaf que Beut tomó esta decisión con el visto bueno de los sindicatos, a los que se ha prometido una equiparación salarial del personal de la Agencia con el de Les Corts, lo que significa una subida de sueldo que esperemos, por el bien de las arcas públicas, que no sea del 51,7% como la del nuevo director general  –cobra 97.693 euros, bastante más que el president Mazón– respecto a su predecesor. Se equiparan a Les Corts en derechos y obligaciones, más sueldo y menos exigencias. ¿Qué sindicato iba a rechazar eso?

Eduardo Beut fue elegido para el cargo por PP y Vox, que cambiaron la ley para no necesitar los votos de ningún partido de la oposición. Su candidatura la presentó el PP dos veces, primero a través de una asociación presidida por una señora del PP y la segunda, ya sin disimulo, por el Grupo Popular, después de que la primera fuera rechazada por los letrados de Les Corts porque la asociación no tenía nada que ver con la lucha contra la corrupción.

Al poco de llegar, Beut despidió a la directora adjunta de la entidad y jefa de asuntos jurídicos, Teresa Clemente, y al director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, que había sido el candidato de continuidad a presidir la Agencia propuesto por varias asociaciones contra la corrupción. Que el nuevo director quiera contar con personas de confianza en su equipo y deshacerse de las personas de confianza de Joan Llinares es entendible. Lo que resulta llamativo es que el responsable de prevenir el fraude lo haga, de nuevo, valiéndose de falsedades plasmadas en sendas cartas de despido más extensas de lo normal.

A Beut se le vio el plumero al incluir en la carta de despido de Segura, como uno de los motivos del cese, que había incurrido en "un desvío inusual de la carga de trabajo hacia la colaboración con los órganos judiciales (Fiscalía) mediante la realización de un elevado número de peritaciones, todo ello en detrimento de las funciones de investigación propias" de la Agencia. Se le vio el plumero porque a Beut, que es amigo de Eduardo Zaplana, lo que le debió molestar no es el elevado número de peritajes sino uno en concreto, el firmado por Segura en el caso Erial que fue clave en la acusación contra el expresidente de la Generalitat.

Beut tuvo que pedir disculpas a la Fiscalía Anticorrupción y prometer que continuaría la colaboración con la Justicia tras ser informado de que los peritajes judiciales no los hace la Avaf por iniciativa propia sino porque se lo pide un juez o la Fiscalía, y que no suponen un "desvío inusual de la carga de trabajo" de la Agencia porque hacer peritajes es una de las tareas más importantes que realizan las agencias antifraude para luchar contra la corrupción.

La Avaf ha realizado una treintena de peritajes para muchos juzgados y el que afecta al amigo de Beut –también a su otro amigo Juan Francisco García– no es el que más ha escaldado en los partidos políticos. En el caso Azud ha hecho ya cuatro peritajes y ahí están pringados todos, especialmente PP y PSPV.

Peritajes judiciales de alto voltaje político que han coincidido con una campaña de desprestigio contra la Agencia Valenciana Antifraude en los últimos años, lo que posiblemente sea casualidad porque si hubiera que establecer una conexión causa-efecto, hay otros informes que han levantado más ampollas y cuyos perjudicados –funcionarios que mantienen estructuras clientelares muy consolidadas– estarían igual de interesados en cargarse la Agencia. Por ejemplo, el de la felizmente desaparecida Divalterra.

Que al PP no le gustaba la Agencia era obvio, nunca lo ocultaron, a pesar de que en no pocas ocasiones utilizaron sus informes para poner en evidencia a los gobiernos de Ribó o de Ximo Puig. Si la intención era controlarla poniendo al frente a un colega, la maniobra ha sido burda pero efectiva.

Beut tiene mucho que demostrar después de su torpe aterrizaje, en caso de que quiera demostrar algo y no haya llegado allí con la idea de desactivar un organismo de control que molesta a los que mandan. Veremos cuánto tarda en sacar su primer informe sobre irregularidades –que las habrá- en la Generalitat de Mazón.