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elude las recomendaciones de la agencia antifraude

La FVMP evita justificar los gastos de la fundación de Orengo tras las irregularidades detectadas

Foto: KIKE TABERNER
15/06/2021 - 

VALÈNCIA. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha respondido a Divalterra sobre la polémica del dinero destinado a la Fundación Cical –impulsada en 2016 por el que fuera número tres del PSPV José Manuel Orengo– para comunicar que evita justificar los gastos. Finalmente, ésta quedó en nada tras la controversia sobre su financiación, ya que la previsión era que en 2017 ingresara 1,4 millones de euros públicos, casi la mitad de la Generalitat y la Diputación de Valencia.

El pasado abril, la empresa pública dependiente de la corporación provincial acordó devolver dos facturas de casi 67.000 euros asociadas al convenio para el desarrollo de la fundación. Una, por importe de 40.000 euros, fue ya abonada, de manera que solicitaban el reintegro de esa cantidad si no se acreditaba debidamente. La otra es de 26.858 euros impagados. En total, casi 67.000 euros. En el escrito explicaban que consideran que los justificantes de ambas no son suficientes ni adecuados.  

Divalterra tomaba esta decisión después de las diversas irregularidades detectadas. Algunas de ellas fueron señaladas por la Agencia Antifraude, que en 2018 inició una investigación y el año pasado confirmó las infracciones respecto al convenio firmado en 2016 entre la empresa pública y la FVMP para realizar los estudios previos al inicio de las actividades de Cical. En la práctica, señaló, la intervención de la empresa pública "se limitó a realizar una aportación económica de forma directa a la FVMP, así como a contratar externamente el asesoramiento jurídico" a esta entidad.

La Federación ha contestado que esa justificación de los gastos de personal ya se realizó en función de los parámetros exigidos por Divalterra, algo que contradice Antifraude

A ello se unió posteriormente un informe del auditor de Divalterra, en el que analizó todos los justificantes de ese acuerdo de colaboración. En él corroboraba las consideraciones de Antifraude y apuntaba a pagos sin la oportuna justificación o fuera de plazo, entre otras cuestiones. Citaba, expresamente, los gastos de personal. 

La empresa acordó entonces hacer caso a las recomendaciones de la Agencia y cumplir con sus conclusiones. Motivo por el que en abril aprobó pedir a la FVMP que aportara la documentación justificativa de esos gastos de personal en función de los criterios establecidos en el informe del auditor y en base a lo que puede ser un "sistema normal de justificación de una subvención". 

Caso omiso a las recomendaciones de Antifraude

Ahora, dos meses después, la Federación ha contestado que esa justificación de los gastos de personal ya se realizó en función de los parámetros exigidos por Divalterra y de los acuerdos de la comisión mixta de seguimiento del convenio, que dio su conformidad a los gastos. A lo que añaden que debería clarificarse por parte de la empresa la afirmación de que "los justificantes aportados carecen de evidencia suficiente" y que difícilmente podrán hacerlo en función de lo que indica el auditor interno, puesto que no han tenido acceso a su informe. Igualmente, piden explicación sobre por qué las dos facturas que les reclaman no están justificadas debidamente. 

Aunque conocen las recomendaciones de la Agencia Antifraude, señalan, éstas "no declaran de manera definitiva la existencia de responsabilidad, ni la vulneración del ordenamiento jurídico, ni deciden el fondo del asunto, y por ello no son susceptibles de recurso". Por parte de la FVMP consideran, así, "que se acreditan suficientemente y con excepcional rigor todas las actuaciones implementadas para la justificación y ejecución del proyecto" de Cical. 

En la comunicación, adjuntan de nuevo la misma documentación remitida en su momento y solicitan una reunión con Divalterra para tratar de clarificar el asunto. 

El PP ya anticipó la semana pasada que llevará estas irregularidades detectadas a los tribunales por lo que consideran un posible delito de malversación por cantidades de dinero abonadas sin que se hayan justificado correctamente. 

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