El exnúmero 3 del PSPV, José Manuel Orengo. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Las facturas sobre la puesta en marcha de la Fundación Cical, impulsada en 2016 por el que fuera número tres del PSPV, José Manuel Orengo, pueden acabar en otro frente judicial para la Diputación de Valencia. El PP ha anticipado que lo llevará a los tribunales por lo que consideran un posible delito de malversación por cantidades de dinero abonadas sin que se hayan justificado correctamente.
Orengo, en ese momento jefe de gabinete del presidente de la Diputación Jorge Rodríguez, quiso poner en marcha la fundación, pero finalmente quedó en nada tras la polémica sobre su financiación, ya que la previsión era que en 2017 ingresara 1,4 millones de euros públicos, casi la mitad de la Generalitat y la corporación provincial.
La Agencia Antifraude inició una investigación en 2018 y el año pasado confirmó las irregularidades e infracciones respecto al convenio firmado en 2016 entre la empresa pública Divalterra –dependiente de la Diputación– y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para realizar los estudios previos al inicio de las actividades de Cical. En la práctica, señaló, la intervención de la primera "se limitó a realizar una aportación económica de forma directa a la FVMP, así como a contratar externamente el asesoramiento jurídico" a esta entidad.
A ello se unió posteriormente un informe del auditor de Divalterra, en el que analizó todos los justificantes de ese acuerdo de colaboración. En él corroboraba las consideraciones de Antifraude y apuntaba a pagos sin la oportuna justificación o fuera de plazo, entre otras cuestiones. Citaba, expresamente, los gastos de personal.
La empresa acordó hacer caso a las recomendaciones de la Agencia y cumplir con sus conclusiones. Motivo por el que el pasado abril aprobó pedir a la FVMP que aportara la documentación justificativa de esos gastos de personal en función de los criterios establecidos en el informe del auditor y en base a lo que puede ser un "sistema normal de justificación de una subvención".
Del mismo modo, resolvieron devolver a la Federación las dos facturas asociadas al convenio para el desarrollo de Cical. Una, por importe de 40.000 euros, fue ya abonada, de manera que solicitaron el reintegro de esa cantidad si no se acreditaba debidamente. La otra, de 26.858 euros impagados. En total, casi 67.000 euros.
Pasado más de un mes desde aquello, el representante del PP en Divalterra preguntó este jueves durante el Consejo de Administración si la FVMP ha justificado ya de manera suficiente y adecuada los 40.000 euros que sí que se pagaron y que cuentan con los diversos informes en contra. En el caso de que no, cuestionó sobre qué se está haciendo desde la empresa para recuperar el dinero. Para añadir a continuación la advertencia de que si no se van a iniciar acciones después de varios años con el asunto, irán a los tribunales por "indicios claros de malversación".
El presidente de la empresa, el diputado socialista Ramiro Rivera, admitió que la Federación no había justificado nada todavía y evitó hablar de plazos y de dar celeridad a la cuestión. Además, reprochó a los populares que no eran los más indicados para hablar de malversación.
