José Manuel Orengo. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Divalterra, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, lleva este martes previsiblemente al Consejo de Administración un acuerdo que saldrá adelante para devolver a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) dos facturas de casi 67.000 euros por la puesta en marcha de Fundación Cical. Esta última fue impulsada en 2016 por el que fuera número tres del PSPV, José Manuel Orengo, en ese momento jefe de gabinete del presidente de la Diputación Jorge Rodríguez. Finalmente quedó en nada tras la polémica sobre su financiación, ya que la previsión era que en 2017 ingresara 1,4 millones de euros públicos, casi la mitad de la Generalitat y la corporación provincial.
La Agencia Antifraude inició una investigación en 2018 y el año pasado confirmó las irregularidades e infracciones respecto al convenio firmado en 2016 entre Divalterra y la FVMP para realizar los estudios previos al inicio de las actividades de la Fundación. En la práctica, señaló, la intervención de la empresa pública "se limitó a realizar una aportación económica de forma directa a la FVMP, así como a contratar externamente el asesoramiento jurídico" a esta entidad.
A ello se unió posteriormente un informe del auditor de Divalterra, en el que analizó todos los justificantes de ese acuerdo de colaboración. En él corroboraba las consideraciones de Antifraude y apuntaba a pagos sin la oportuna justificación o fuera de plazo, entre otras cuestiones. Citaba, expresamente, los gastos de personal.
La empresa acordó hacer caso a las recomendaciones de la Agencia y cumplir con sus conclusiones. Motivo por el que ahora propone pedir a la FVMP que aporte la documentación justificativa de esos gastos de personal en función de los criterios establecidos en el informe del auditor y en base a lo que puede ser un "sistema normal de justificación de una subvención". A la vista de lo que se reciba, Divalterra procederá a determinar "la cifra cierta" que entiendan que está justificada e iniciar "un proceso de cancelación de la subvención por el importe no justificado".
El acuerdo que tiene que ratificar la firma incluye, igualmente, la devolución a la Federación de las dos facturas asociadas al convenio para el desarrollo de Cical. Una, por importe de 40.000 euros, fue ya abonada, de manera que solicitan el reintegro de esa cantidad si no se acredita debidamente. La otra es de 26.858 euros impagados. En total, casi 67.000 euros. En el escrito explican que consideran que los justificantes de ambas no son suficientes ni adecuados.
La actitud adoptada por Divalterra con la Agencia Antifraude en este asunto –obedecer las recomendaciones– destaca en comparación con la última polémica en el seno de la empresa pública, cuya disolución fue anunciada el pasado marzo. En el intento de cargos del PSPV de anular el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos por supuestas irregularidades, la entidad concluyó que el procedimiento fue correcto y transparente. La reacción de estos mismos cargos fue la de atacar el posicionamiento de Antifraude al ir en contra de sus intenciones.
