Garzón, el fichaje de Antifraude expulsado de la carrera judicial por "laminar derechos" de detenidos

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha creado el Consejo de Participación para que la sociedad civil pueda colaborar con el órgano en la lucha contra el fraude y la corrupción. Según explica su director Joan Llinares, nadie del nuevo consejo cobrará por estar dentro de él, tan solo aquellas personas que vienen de fuera cobrarán una dieta cuando se reúna el consejo, dos veces al año según las primeras informaciones.

Dos son los fichajes estrella de Antifraude, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, condenado a once años de inhabilitación por prevaricación, y el ingeniero italo-francés Hervé Falciani, exasesor de la filial suiza del banco HSBC que filtró los datos de miles de defraudadores, ambos colaborarán con la Agencia Valenciana Antifraude en calidad de miembros del consejo de participación.

Es llamativo que una agencia que lucha contra la corrupción, pagada con dinero público, contrate a un exmagistrado que fue condenado a once años de inhabilitación y expulsión de la carrera judicial por prevaricación, el mayor y peor delito que puede cometer un juez en ejercicio. Pero además, ese delito lo cometió mientras instruía una causa de corrupción, el caso Gürtel.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo adoptó por unanimidad una durísima sentencia en la que, entre otras cosas, llamaba al exmagistrado "arbitrario" y "totalitario", además de declarar probado que ordenó intervenir las comunicaciones en la cárcel de los acusados de corrupción y sus letrados, lo que para el Supremo "laminó los derechos" de éstos, y supuso una forma de trabajar "propia de sistemas políticos ya superados", en clara referencia a las dictaduras.

El comportamiento del entonces magistrado se saltó todas las normas procesales y las garantías jurídicas para los detenidos. Según la sentencia, Baltasar Gárzon accedió a información que únicamente hacía referencia a las estrategias de defensa de tres imputados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. 

Algunas de las informaciones eran autoinculpatorias y, aun sabiendo eso, dejó que la Policía Nacional y la Fiscalía accedieran a esas escuchas, evitando que las defensas pudieran montar una estrategia de defensa, y vulnerando el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente. El tribunal expresó sobre esto que "no es posible construir un proceso justo si se elimina esencialmente el derecho de defensa".

Valencia Plaza quiso saber la justificación de la Agencia Valenciana Antifraude para el fichaje de un exmagistrado condenado por "laminar derechos". Llinares explicó que el primer procesado y condenado fue el juez que lo destapó, a lo que este periódico contestó que Garzón no destapó la Gürtel sino que lo hizo un denunciante, que solo instruyó y volvió a preguntar el motivo por el que se ficha a un condenado.

Llinares dijo: "La asociación que él constituye es, en estos momentos, una asociación activísima en la lucha contra la corrupción y en su prevención. Además su condena no implica que sea corrupto, es simplemente un caso judicial que lleva él por el que luego es condenado. Lo hizo mal y fue condenado". Y agregó que "para nosotros es una de las personas que mayor acumulación y conocimiento tiene en la lucha contra la corrupción". 

El consejo

El Consejo de Participación de la Agencia, en pleno, queda encabezado por el director de la agencia, Joan Antoni Llinares, como presidente, y Ana María Fuertes, vicepresidenta en representación de Fundación por la Justicia.

También forman parte del mismo doce vocalías integradas por personas representantes de cada una de las organizaciones cívicas de carácter social que trabajan contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana o que tienen entre sus fines la transparencia de la actividad pública.

Así, se incorporan como vocales Silvina Bacigalupo Saggese, en representación de Transparency International España; Miguel Falomir Sorio, por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios; Antonia Ferrer Sapena, por Tactical Whistleblower; Juan Carlos Galindo Gómez, por la Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo, y Justo López Díaz, en representación de Alertadores Contra la Corrupción–Whistle Blower.

También figuran Baltasar Garzón Real, en representación de la Fundación Internacional que lleva su nombre; Peter Matjašič, por Open Society Initative for Europe; Rafael Maurí Victoria, por el Observatori Ciutadà contra la Corrupció; Antonio Penadés Chusp, por Acción Cívica contra la Corrupción.

Azahara Peralta Bravo, por la Plataforma por la Honestidad; José Ribera Facundo, de la Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció, y Francisco Gaspar Latorre, por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), serán otros de los vocales.

Por otra parte, se incorporan como vocales cuatro personas que se han destacado por su compromiso en defensa de la ética y la lucha contra el fraude y la corrupción: Hervé Falciani, presidente de la asociación Tactical Whistleblower; Vanesa Felip Torrent, presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros; Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia; y Consuelo Vidal Hernandis, presidenta de la asociación Observatori Ciutadà contra la Corrupció.