Foto: JORGE LÓPEZ MUÑOZ/GVAVALÈNCIA (EP). La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática se ha comprometido con el Síndic de Greuges a cambiar el Decreto de Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana de modo que no sea solo telemático y así facilitar su acceso a las personas "más vulnerables. El departamento dirigido por Héctor Illueca acepta así las recomendaciones que el defensor del pueblo valenciano emitió tras abrir una queja de oficio al respecto.
La Generalitat también se ha comprometido a cambiar la normativa de forma que, cuando no se pueda adjudicar una vivienda pública a una persona en situación de vulnerabilidad, se le ofrezca automáticamente una ayuda directa para el alquiler, según ha informado el Síndic de Greuges en un comunicado.
De esta forma, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, cierra el expediente abierto para impulsar esta decisión después de que en noviembre de 2021 iniciara una investigación para analizar cómo podían afectar a los derechos de los demandantes de vivienda pública algunas de las previsiones que contempla el nuevo Decreto del Reglamento de Registro de Viviendas de la Comunitat y Procedimiento de Adjudicación de Viviendas.
En concreto, especifica que "se abrió de oficio una queja para investigar el posible incumplimiento por parte del decreto de la Ley de la Función Social de la Vivienda (LFSV) y la obligación de tramitar la inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda solo por medios electrónicos".
El Síndic subraya que ha manifestado reiteradamente que "una vez que la persona en situación de vulnerabilidad ha expuesto su necesidad de vivienda, corresponde a la administración pública competente poner en marcha todo el abanico de acciones disponibles para satisfacer el derecho a una vivienda digna y asequible".
En su respuesta a las consideraciones del Síndic, la Conselleria asegura que, antes de que se cumplan los seis meses, en concreto los 175 días desde la presentación de la solicitud, sin que se haya satisfecho la demanda con la adjudicación de una vivienda adecuada, "se comunicará a la persona solicitante, de forma razonada, cómo se va a solucionar su problema habitacional".
Además, en la resolución de cierre también consta que la administración ha aceptado realizar las actuaciones necesarias para que, en los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2023, se contemple fortalecer las dotaciones económicas destinadas a asegurar el derecho a la vivienda, fundamentalmente a través del incremento del parque de vivienda pública en el sentido ordenado por la LFSV.
