Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. "Tenemos más de 100.000 metros cuadrados de techo que queremos convertir en 1.000 hogares para alquiler asequible. Y queremos hacerlo a través de la colaboración público-privada", subrayaba hace unas semanas el concejal responsable del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de València, Juan Giner, en unas jornadas organizadas por Valencia Plaza. Una voluntad que poco a poco va tomando forma a través de un plan municipal para movilizar suelo público bloqueado con el objetivo de aumentar la oferta de alquiler asequible en el 'cap i casal'.
Este proyecto, todavía en fase de diseño, ya está avanzado con la selección de los primeros ocho solares que se quieren poner a disposición del sector privado y que permitirán la construcción de las primeras 500 unidades. Lo que todavía era una incógnita eran las fórmulas elegidas. En un principio, se barajaban cuatro alternativas para generar estas sinergías con los promotores, pero finalmente el equipo de Giner se ha decantado por dos: la cesión del derecho de superficie y permutas por obras.
Se trata de opciones que ya se han puesto en práctica en otras convocatorias de diferentes Administraciones locales y autonómicas de España como la Comunidad de Madrid con el Plan VIVE o en la propia Comunitat Valenciana, con el concurso de suelo que lanzó el Consell del Botànic. Por tanto, esas experiencias y el éxito cosechado en esos casos han declinado la balanza a favor de estas fórmulas.
En concreto, la cesión del derecho de superficie del suelo conlleva que las empresas privadas construyan en suelo público un edificio y lo exploten durante un periodo de tiempo determinado, generalmente de 50 a 70 años. Una vez finalizado ese plazo, los inmuebles pasan a ser gestionados por la Administración, que en todo momento es propietaria de los activos.
Esta es la forma a la que recurrió el pasado gobierno autonómico, formado por PSPV, Compromís y Podem, en su concurso para construir 1.100 viviendas y que adjudicó en su totalidad a la UTE formada por Urbania y Visoren, ya que fue la única que se presentó a los tres lotes. También, la Comunidad de Madrid eligió la cesión del derecho de superficie en su plan de colaboración público-privada con el sector. Por tanto, la intención es replicar esos ejemplos y que el grueso del concurso pivote sobre esta alternativa.
No obstante, también se va a recurrir a la permuta de suelo por obra, es decir, el Ayuntamiento entrega una parcela al promotor con quien pacta un porcentaje de las futuras viviendas que se levanten. Por tanto, la corporación municipal "regala" un suelo a cambio de que se le entregue, previo acuerdo, un número fijado entre las partes de viviendas totalmente construidas y equipadas o incluso los bajos del residencial para futuras dotaciones públicas.
En cualquier caso, esta opción será minoritaria porque la corporación municipal no quiere perder la titularidad de los suelos, aunque, según explican a este diario fuentes del sector, el equipo de gobierno municipal ya se habría reunido con promotores para conocer sus preferencias y ver si se puede llegar a acuerdos concretos en casos particulares para lograr un gran volumen de inmuebles.
"En un sector como el residencial hay que actuar con inmediatez y urgencia, pero con visión de medio y largo plazo", subrayó Giner, en su intervención durante la cita, para resaltar la importancia de contar con los agentes privados para dinamizar el mercado. Y, en este sentido, avanzó cómo se iba a instrumentalizar esa colaboración. "La movilización de solares de titularidad municipal la vamos a llevar a cabo mediante la constitución del derecho de superficie como a través de permutas", afirmó.
Por el momento, los primeros ocho suelos, para una primera fase, ya están seleccionados. Se trata de superficies que están libres de cargas y problemas urbanísticos, por lo que su desarrollo sería más inmediato. Tres de esas parcelas se ubican en Malilla, otras tres en la zona de Nou Moles; una en Massarrojos; y otra en la calle Doctor Domagk, cerca del Parque Central. Todas ellas suman una superficie que permitiría levantar cerca de 500 viviendas, la mitad de las 1.000 unidades con las que el nuevo equipo de María José Catalá quiere culminar su primer mandato.
No obstante, la bolsa de suelo de la corporación local es mayor y se encuentra dispersa en muchos barrios de la ciudad. Según desgranó Giner, hay parcelas para 115 viviendas en Russafa; para 127 unidades en Malilla; en Nou Moles se podría construir 114 inmuebles; 67 en Na Rovella; 378 en Fonteta; 85 viviendas en La Torre; 92 en Benicalap; y 54 en la zona del Grao.
El objetivo es claro: aumentar la oferta de alquiler asequible en València en un momento de emergencia habitacional. Sin embargo, no es la única acción que se está llevando a cabo. También, se está intentando desatascar desarrollos pendientes como son el PAI de Benimaclet y el del Grau, que permitirán la construcción de unas 4.000 nuevas viviendas en la ciudad. También se va a impulsar la reclasificación de nuevo suelo en el 'cap i casal'.
Y es que Giner es consciente de la problemática que existe en la ciudad por la falta de suelo, una situación que desde el sector promotor llevan años denunciando y que está dificultando aún más el acceso a la vivienda y disparando los precios. De ahí, que en la agenda municipal de València la vivienda sea un eje prioritario, como también lo es el desbloqueo de las licencias para dar salida a nuevos proyectos y revertir la actual parálisis de nuevos proyectos inmobiliarios y promociones en la ciudad.
