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más de 71.000 expedientes sin resolver se acumularon solamente entre 2019 y 2023

El Gobierno plantea una nueva norma para "simplificar" la homologación de títulos

Foto: MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EP
7/01/2025 - 

VALÈNCIA. El proceso de homologación de títulos universitarios podría tener importantes cambios este 2025: el plan de medidas fiscales de España remitido a Bruselas contempla un nuevo Real Decreto para agilizar la resolución de expedientes poniendo el foco en la "simplificación" del proceso. Una normativa cuya publicación se espera durante este curso y que supondría un balón de oxígeno para las personas afectadas, puesto que solamente entre 2019 y 2023 se acumularon más de 71.000 expedientes sin resolver.

Según detalla el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo 2025-2028 remitido a Bruselas, uno de los "retos más importantes" para conseguir aumentar la productividad y la aportación al crecimiento económico de las personas migrantes es reconocer "sus cualificaciones y competencias profesionales", especialmente en materia de estudios universitarios. En esta línea, el Gobierno destaca el Real Decreto sobre homologaciones aprobado en octubre de 2022, sobre el que valora: "Realizó un primer esfuerzo en este sentido". "Su objetivo era configurar unos procedimientos ágiles y eficientes, apoyados en la digitalización", añade el Ejecutivo. 

No obstante, cabe recordar que esta norma tenía entre sus cometidos que los expedientes se resolvieran en un plazo de seis meses desde su tramitación, una cuestión que no se ha llegado a materializar. De hecho, el propio plan remitido a Bruselas reconoce que, a pesar de haber pasado de 10.100 resueltos en 2020 a 27.200 en 2023, "el sistema actual no es capaz de absorber las 5.000 solicitudes que de media llegan cada mes". De ellas, según el Gobierno, más del 80% proceden desde Latinoamérica. 

Por ello, se plantea una reforma para "eliminar dichas limitaciones" y alcanzar "una incorporación más ágil y eficiente al tejido productivo" de las personas migrantes. Para ello se plantean acciones en materia tecnológica, así como "modificaciones normativas complejas" con impacto en instituciones como universidades, centros de educación superior, oficinas administrativas y distintas organizaciones sociales.

Ley de Extranjería

La puesta en marcha de este nuevo Real Decreto se enmarca en una serie de medidas que contempla el Ejecutivo en el plan fiscal dedicadas a "incrementar la cantidad y la productividad de la oferta laboral en España". Entre otras acciones se plantea una reforma del decreto que regula la ley de Extranjería ante la importancia de atraer la migración "en un contexto de envejecimiento de la población".  

Esta medida tiene un enfoque doble: por un lado, mejorar las vías para la regularización de los migrantes; y, por otro, revisar las figuras que permiten la contratación en origen para "maximizar el potencial económico" de las personas que provienen de otros países. "La reforma de la Ley de Extranjería busca aumentar la migración cualificada en los sectores de mayor interés para España", recoge el documento remitido a Bruselas. El Ejecutivo calcula que las medidas sobre capital humano contempladas en este plan tendrán un impacto del 1% del PIB.

Lo cierto es que tanto los propios homologantes como diferentes sectores han incidido que el déficit de personal en algunos ámbitos - como la sanidad o el cuidado de mayores - se podría mediante la agilización de estos procesos, puesto que existe un buen número de personas formadas e incluso con experiencia en sus países de origen que no pueden desarrollar su profesión en España porque su expediente de homologación aún no se ha resuelto.

Más de un año de protestas

Cabe mencionar que en 2023 se creó un colectivo de afectados a nivel nacional, Homologación Justa Ya, por la espera de varios años en las homologaciones. Desde esta organización se han convocado diferentes manifestaciones en las que se ha exigido al Gobierno medidas concretas para mejorar la situación de las personas afectadas. Entre otras acciones, el Ejecutivo ha puesto en marcha un servicio de asistencia telefónica y aseguró a este colectivo que trabajaba en la puesta en marcha de un nuevo sistema informático para agilizar el proceso de resolución de expedientes.

Respecto a esta nueva norma planteada por el Gobierno, desde la organización definen esta acción como una "medida apresurada" y aseguran que les "llama la atención" que se reconozca que los anteriores procesos de homologaciones "no han dado fruto", así como que el documento "habla de capital humano, sin dar mayor detalle".

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