VALÈNCIA. El testigo principal de RitaGate, la pieza que investiga el presunto dopaje electoral del PP de Valencia durante la campaña de las elecciones municipales del año 2007, declaró ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que Alfonso Grau fue el cerebro que diseñó las trampas electorales que supuestamente permitieron al PP de Rita Barberá gastarse tres millones de euros en la campaña, 20 veces más de lo que declararon que se habían gastado.
En la declaración del testigo, un exasesor de Grau, se puede leer literalmente: "Por orden de Alfonso Grau, desde el departamento de administración se giraron facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros para dar soporte a dicha entrada de dinero y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el Partido".
El que fuera asesor del ex vicealcalde, y trabajador de la empresa que llevó la campaña, Laterne Product Council (LPC), explica que al terminar la campaña varias de las empresas proveedoras no habían cobrado y llamaban tanto a LPC como al Ayuntamiento de Valencia.
Al parecer, fueron esas llamadas las que llevaron a Grau a entregar "la cantidad de 350.000 euros en efectivo en billetes de 500 euros en un sobre", y a dar la orden al testigo de "de recoger de la empresa Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros" para pagar a los proveedores, tal y como Valencia Plaza publicó en exclusiva el pasado diciembre.
Una de las preguntas que realizó la UCO fue si no vio nada raro y por qué recogió el dinero en efectivo de Grau, a lo que el testigo contestó que: "Que Alfonso Grau no le dijo por qué tenía ese dinero ni el dicente se lo planteó. Que era un mandado y que en aquel momento consideraba a Alfonso Grau una persona honrada y que confiaba en él, motivo por el optó por cumplir con lo que le habían ordenado ya que de ello dependía su trabajo. El peso de Grau era de tal magnitud que incluso fue él quien, supuestamente, no solo hizo que LPC contratara a su asesor, sino que llegó a negociar el salario que éste iba a cobrar en la empresa.
En la citada declaración también se explica que el dueño de LPC, Vicente Sáez Tormó, realizó reuniones con varias de las empresas contratistas del consistorio en las que les ofrecía formar parte de otra de las empresas del entramado, Product Management Council (PMC), eso sí, a 150.000 euros por cabeza.
El testigo afirma que José María Corbín, cuñado de Rita Barberá y actual abogado de la principal acusada de la causa, la secretaria del PP de Valencia Mari Carmen García-Fuster, era el letrado de las empresas de Tormo a 3.000 euros al mes y que, "cree recordar que Alfonso Grau también fue invitado a la reunión".
También se alude a que otra de las empresas vinculadas a LPC, City Marketing Council, fue la encargada de organizar el viaje de la entonces alcaldesa Rita Barberá a la ciudad de Washington, y que Global Project by Council (GPC) era la empresa encargada de las relaciones con Feria Valencia.
Las empresas de Sáez tenían relación incluso con Valmor, la empresa investigada por el pufo de la Formula 1, un caso en el que permanece como investigado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Respecto a los cambios en los conceptos de las facturas de los proveedores, explica que: "a los distintos proveedores se le encargó que realizaran determinados trabajos para la campaña electoral. Que en consecuencia facturaron con los conceptos auténticos de los trabajos realizados.
Pero como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos se eliminaron las alusiones a la campaña electoral. Los proveedores hicieron las mismas facturas, con el mismo número y por los mismos importes eliminando de ellas cualquier alusión a la campaña política".