Grau tacha de “irrelevante, superfluo y partidista” el informe sobre la malversación del PP de Barberá

VALÈNCIA. El abogado del que fuera mano derecha de la alcaldesa Rita Barberá, y ex vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, ha remitido un escrito al juez instructor del caso Taula en el que pide que el informe de la Unidad de Apoyo a la Intervención General de la Administración del Estado a la Fiscalía Anticorrupción sea devuelto a la persona que lo redactó “sin dejar copia en las actuaciones” al considerarlo: “irrelevante, superfluo y partidista”.

En dicho informe, se considera que las fundaciones Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CyD) y Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (Fivec), así como Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB) están sujetas a la Ley de contratos de las administraciones públicas y, por tanto, el presunto desvío de fondos procedentes de esas entidades para financiar la campaña del Barberá en 2007 supondría un delito de malversación de caudales públicos penado con hasta seis años de cárcel, ocho si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público.

Pero, además, añade el informe que las fundaciones públicas eludieron la ley de contratos con las empresas pantalla que, supuestamente, canalizaron el dinero en B que se utilizó para financiar irregularmente al PP de Barberá. Por lo que a esa pena de malversación, de concretarse la misma, se sumaría la petición de otra más por presunto delito electoral del que acusa el fiscal del caso a Alfonso Grau.

El abogado de Grau afirma que “la oposición de su unión a los autos viene determinada en primer lugar, por cuanto se están violando las garantías procesales de los imputados”, y prosigue diciendo “esa violación viene por cuanto mediante un escrito del fiscal jefe, del que ni tan siquiera se aporta a estos autos para saber que es lo realmente peticionado, se está solicitando a la Unidad de Apoyo de la Intervención que le diga al juez qué legislación debe aplicar a unos contratos, sin mencionar expresamente qué documentación se le ha aportado para que efectúe el análisis que interesa”.

También se queja de que el estudio viene firmado por el jefe de la Unidad de Apoyo de la IGAE, del que dice “que se desconoce su nombre, titulación, experiencia, grado, especialización, antigüedad o cualquier dato que nos permita a las partes personadas saber la preparación del mismo para realizar una ‘pseudopericial’ de parte, cuyo fin es decirle al juzgador qué legislación debe aplicar a una entidades que han efectuado unos contratos”.

Pero por si eso no fuera suficiente, la representación de Grau afirma que “el informe aportado por el fiscal carece de todo rigor técnico-jurídico, no pudiendo ser considerado un informe pericial”.

Unidad de Apoyo

El letrado de Grau envía un escrito incendiario después de que el informe afirme que las fundaciones públicas eludieron la ley de contratación para firmar los contratos con la empresa Laterne Product Council (LPC), empresa que presuntamente se utilizó para canalizar casi tres millones de euros en B que se utilizaron para ‘dopar’ electoralmente al PP de Rita Barberá.

El abogado pone en entredicho el trabajo de los miembros de la IGAE cuando, por el contrario, la magnífica reputación de sus miembros es de sobra conocida dentro del mundo judicial, pues sus informes forman parte de los principales casos de corrupción, entre los que se encuentran los papeles de Bárcenas, Gürtel o los ERE de Andalucía.