Grezzi formará parte de la comisión que investigará su responsabilidad política en el fraude de la EMT

VALÈNCIA. No prosperó la exigencia de la oposición para que el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, no forme parte de la comisión de trabajo que investigará el fraude de cuatro millones perpetrado contra la empresa pública de la que es responsable. Así pues, Grezzi podrá ser juez y parte en la investigación de los consejeros que comenzará en las próximas semanas.

Este martes se constituyó la comisión de trabajo por parte de los miembros del Consejo de Administración de la EMT, que son a la postre los ediles de los diferentes grupos políticos: tres de Compromís, dos del PSPV, dos del PP, uno de Ciudadanos, y otro de Vox. Se hizo tal y como se había aprobado el pasado miércoles, si bien con una reserva: el edil de Compromís, Grezzi, presidente de la empresa, formará parte de la comisión ante la cual previsiblemente deberá comparecer.

Tanto PP, como Ciudadanos y Vox pusieron sobre la mesa la exigencia de excluir al edil por ostentar un cargo que se someterá también a examinación. No obstante, ni se llegó a votar esta posibilidad porque los socios de gobierno, Compromís y PSPV, no creyeron oportuna la propuesta en este momento, por lo que rechazaron su inclusión en el debate. "La comisión se ha formado tal y como se votó en el Consejo de Administración", arguyó después la presidenta de dicha comisión, la socialista Elisa Valía, quien sentenció que "entonces no se dijo nada", por lo que señaló que "esta petición es más bien un intento de tener una oportunidad política y no de algo que verdaderamente afecte a la comisión".

Huelga resaltar que el edil en cuestión, Giuseppe Grezzi, sí que se ha ofrecido para acudir a declarar el primero. Sin embargo, ni socialistas ni los miembros de la coalición valencianista vieron necesario estudiar la exclusión del concejal de la comisión, aunque lo cierto es que no se trata de una decisión inamovible. Y es que no sólo se trataba de debatir si existe alguna incompatibilidad por ser juez y parte al mismo tiempo, sino también de poner sobre la mesa las posibles implicaciones de su mera presencia en la mesa.

Según la oposición, la presencia de Grezzi -el máximo dirigente de la empresa- en las intervenciones de subordinados suyos podría influir en las declaraciones de los comparecientes. Sobre esta cuestión, Valía admitió que "si en algún caso algún compareciente está incómodo" por la presencia de Grezzi, su partido reconsiderará esta postura. Con sus votos y los de la oposición se podría decidir que, en determinadas intervenciones, el edil de Compromís no estuviera presente. Con todo, la oposición criticó duramente el apoyo del PSPV a su socio de gobierno contra algo que consideran "lógico".

"Puede entrar en un conflicto de intereses personal y social porque se trata de dinero de los valencianos", subrayó a este respecto el edil del PP Carlos Mundina, para añadir a continuación que Grezzi podría "tener responsabilidad por estar al frente de la empresa" cuando se produjo el fraude, si bien explicitaron su respeto a la presunción de inocencia. "Tal y como se contó en un principio, el fraude se inició con un supuesto correo del señor Grezzi, por lo que le tendremos que preguntar en la comisión de trabajo", insistió el popular al respecto.

Por su parte, el representante de Ciudadanos, Fernando Giner, aseguró que "Grezzi no puede ser juez y parte; debe quedarse al margen de la comisión" porque "no puede estar manejando información del 20 al 27 de septiembre -semana en la que se hicieron las pesquisas iniciales- y luego ponerse a interrogar. Es algo que consideramos incompatible". Asimismo, anunció que llamarán a declarar al concejal de Compromís y criticó que el PSPV "una vez más" haya "tirado un flotador" a Grezzi.

El portavoz adjunto de Vox, Vicente Montañez, advirtió que "los sistemas informáticos de la EMT pueden estar afectados por algún tipo de espionaje o de seguimiento como consecuencia de este fraude", por lo que ha apuntado que se debe "preservar en todo momento la imparcialidad de la comisión y la garantía de los legítimos derechos de los valencianos".

Dos sesiones mensuales cerradas durante seis meses

La primera comisión de trabajo se convocará en las próximas semanas. Los grupos acordaron que, antes que nada, la empresa facilitará la información recogida hasta el momento en la investigación y entregada a la Policía Nacional. Asimismo, se entregará el manual de procedimientos de la EMT y el manual de funciones con el que opera la empresa, atendiendo a las peticiones de la oposición.

Cuatro días después de que eso ocurra, tendrá lugar la primera sesión de la comisión. Los partidos políticos deberán llevar sus propuestas de comparecientes. Lo previsible es que desfilen por la comisión el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, el gerente de la misma, Josep Enric García -a quien le acaban de subir el sueldo 5.000 euros anuales en pleno terremoto por la estafa-, la exjefa de Administración, Celia Zafra, despedida fulminantemente tras conocerse los hechos, así como responsables del banco que tramitó los pagos, Caixabank. 

También se vislumbra la posibilidad de que comparezcan a declarar las dos directivas que se encontraban por encima de la mencionada empleada en el organigrama, así como expertos en informática y organismos del ramo. Ahora bien, como en las comisiones en el Ayuntamiento, acudir a la citación de la comisión es voluntario.

El régimen con el que funcionará el órgano contempla una duración de medio año a razón de dos sesiones mensuales, prorrogable en función de cómo avancen las comparecencias y la investigación. Las reuniones se harán a puerta cerrada y todas se grabarán en vídeo. Eso sí, los grupos acordaron que al final, la sesión en la que se elaboren las conclusiones, ya en 2020, será pública.

¿Resultados vinculantes? Ribó responde al PSPV

La crisis abierta en la EMT ha causado cierto malestar en las filas del PSPV, especialmente por el modo con el que Grezzi ha gestionado los tiempos y las controversias. El lunes ya se dejó entrever cierto distanciamiento, que afloró ya sin velo alguno este martes cuando el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, cuestionó lo que los socialistas habían planteado el día anterior.

El lunes, la socialista Valía subrayó que para su partido, la conclusión de la comisión "sí es vinculante" y que cuando finalice "los partidos deberán posicionarse". Entonces, pasados los seis meses como mínimo, las formaciónes deberán asumir los resultados, dijo, y lanzó una advertencia para algún despistado: habrá un desgaste político "si hay partidos que no asumen algunas conclusiones de la comisión".

Unas consideraciones que fueron motivo de pregunta para el primer edil este martes, quien en declaraciones recogidas por la agencia EFE, dijo no poder asegurar si las conclusiones de la comisión serán vinculantes. "Vamos a verlo; para los temas de vinculación de la comisión quiero ver los resultados", insistió, para continuar apuntando que "En estos momentos no se puede decir si será vinculante o no". "Imagino que no habrá ningún problema en que sea vinculante pero lo vamos a ver", añadió al respecto.

Preguntada sobre este asunto, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también defendió la actuación del Ayuntamiento al crear una comisión y descartó que la responsabilidad política recaiga en la Administración. "Si esta noche entran en el Palacio de la Vicepresidencia a robar y se llevan un cuadro que vale medio millón de euros, supongo que no me harán dimitir a mí, ¿no?", ironizó al respecto. "En vez de echarle la culpa al ladrón, se la echamos al que le han robado, que es la Administración", lamentó.

Primer día clave: el 17 de octubre

Más allá de cuándo se ponga a trabajar la comisión de trabajo en el seno de la EMT, el gobierno municipal deberá enfrentarse a un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de València obligado por la oposición. Está convocado para el próximo día 17 de octubre y en él, el edil Giuseppe Grezzi y el alcalde Joan Ribó deberán defenderse en el hemiciclo públicamente. Es una cita-termómetro que llega muy pronto, tan sólo tres meses después de que se firmara el acuerdo de gobierno entre Compromís y PSPV, y pasados cuatro meses desde el principio del mandato. Un mandato que no se prevé tranquilo.