VALÈNCIA. La crisis política y de gestión abierta en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València por el fraude de cuatro millones se ha saldado sólo con el cese de la jefa de Administración. Pero por lo que se refiere a la asunción de responsabilidades por parte de sus superiores, se ha avanzado bien poco. Es más, los planes del presidente de la empresa y edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, son otros diametralmente opuestos, y que previsiblemente cuentan con el apoyo de sus socios de gobierno, el PSPV.
La intención pasa por renovar la confianza en el gerente, Josep Enric García Alemany, que estaba al frente de la empresa cuando se produjeron los desvíos millonarios hacia Hong Kong, China. Su contrato se suscribió a principios del pasado mandato para cuatro años, y acaba el día 14 de octubre. Por ello era necesario suscribir otro con el mismo gerente, u optar por el recambio. Y el gobierno municipal se ha decidido por renovar a la misma figura.
Ahora bien, lo cierto es que a partir de ahora costará más dinero a las arcas de la empresa pública. Según el portal de Transparencia de la EMT, el gerente percibía hasta ahora un salario bruto de 70.000 euros anuales. Sin embargo, el contrato de alta dirección que se le ha preparado y que previsiblemente se ratificará en el Consejo de Administración del lunes contempla una remuneración de 75.000 euros al año.
Es decir, se le aplicará un aumento salarial de 5.000 euros anuales -un 7,14% en términos porcentuales- en plena tormenta provocada por la estafa perpetrada contra la empresa y antes de que se haya iniciado apenas la investigación. La oposición ya ha pedido que se asuman responsabilidades políticas, señalando en primer lugar a Grezzi. El PP pide su cese como edil y como presidente de la EMT; Ciudadanos sólo como presidente de la compañía.
Aunque la empresa ya ha señalado directa y fulminantemente a la jefa de Administración, Celia Zafra, por haber incumplido su deber de salvaguardar información sensible y por haber perdido la confianza en ella, hay que resaltar que por encima había tres directivos, entre ellos el gerente, que no advirtieron ninguna irregularidad en las dos semanas y media en las que se realizaron las ocho transferencias a dos cuentas de Bank of China.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Català, envió un escrito este viernes a Grezzi para que retire la renovación del gerente y convocar así un concurso público y "elegir al mejor para estar al frente de la empresa pública". "Parece una broma que Grezzi, máximo responsable de la EMT, quiera ratificar y blindar al gerente unos días después del robo de los cuatro millones de las cuentas de la empresa pública", insistió la portavoz, para añadir que se desconoce "la responsabilidad que pueden tener tanto el gerente como la Tesorera de la empresa, los únicos con firma para poder realizar transferencias".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, dijo que "es evidente que en la EMT hay una crisis política y una crisis directiva", y anunció que solicitará "la intervención económico-financiera de la EMT por parte del Ayuntamiento" con el fin de que los órganos de fiscalización municipales controlen los gastos. "Esta crisis que tenemos no se la puede permitir València", subrayó el portavoz naranja.
La propuesta del PP de convocar un pleno extraordinario monográfico sobre el fraude salió adelante con las firmas también de Ciudadanos y Vox, como era previsible. El alcalde, Joan Ribó, lo ha convocado para el próximo día 17 de octubre. No se hará antes porque, según explicó el primer edil, se encuentra fuera entre los días 10 y 15. A este pleno se remitió este viernes cuando fue preguntado sobre el rocambolesco caso que ha afectado a la EMT y sobre las posibles responsabilidades políticas.
El contrato de la gerencia no será el único cambio. También se ascenderá al que fuera hasta el momento jefe de gabinete del gerente, Toni Martínez. Su plaza se transformará en la de director adjunto. Una modificación conceptual y también de funciones que conllevará un aumento en la nómina de 10.000 euros anuales. Antes cobraba 50.000 euros -siempre según el portal de Transparencia- y el nuevo contrato fija el salario en 60.000. La subida en este caso es del 20%. Martínez tendrá la capacidad de sustituir y actuar en representación del gerente, así como tomar decisiones autónomas sobre las cuestiones que su superior le encomiende.
Y por otro lado, el Consejo de Administración ordinario nombrará a una directora de comunicación. La elegida para el puesto será la periodista Jèssica Martorell Martínez, tras su paso por la Agencia EFE y tras ser corresponsal en Pekín, Nairobi y Nueva York. En este caso el salario será de 45.000 euros brutos al año. Asimismo, se renovará el contrato al abogado y secretario del Consejo, Salvador Martínez Tarín, cuyo sueldo será de 3.000 euros al mes mas complementos.
Todos estos puntos se intentaron aprobar el pasado miércoles en el Consejo de Administración extraordinario dedicado a la estafa, una maniobra que la oposición vio muy poco estética. Esto y las presiones de los socios de gobierno, el PSPV, forzaron al presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, a aplazarlos al Consejo ordinario de este lunes. Y junto a estas cuestiones, se encontraba también la adjudicación de la compra de 164 autobuses híbridos a Evobús.
Además, el miércoles se aprobó crear una comisión de trabajo en el seno de la EMT para esclarecer qué ocurrió en el fraude y depurar posibles responsabilidades. Esta mesa de trabajo estará presidida por la concejala socialista Elisa Valía -es la vicepresidenta del Consejo- y contará con la presencia del secretario municipal. Aunque este lunes no hay ningún punto del orden del día relacionado con esta mesa de trabajo, según pudo saber este diario, la edil socialista y el secretario empezarán a diseñar las primeras lineas de una propuesta para su constitución que podría elevarse al Consejo de Administración de llegar a tiempo el mismo lunes.
A esta propuesta inicial, que recogería entre otras cosas los nombres de los comparecientes, los grupos políticos podrían añadir nuevas intervenciones. Entre las filas de Ciudadanos, por ejemplo, creen que lo más conveniente sería que comparecieran en la investigación el propio presidente de la EMT, Grezzi, el gerente de la empresa, Josep Enric García, así como la trabajadora cesada que realizó los pagos, Celia Zafra, y las dos directivas que se encontraban por encima de ella. Hay que recordar que ninguno de los superiores a Celia Zafra se percataron de las ocho salidas de dinero de la cuenta bancaria realizados entre el 3 y el 20 de septiembre.
El Juzgado de Instrucción número 18 ya ha abierto diligencias previas para continuar con la investigación que la Policía Nacional inició hace semana y media tras recibir la denuncia de la propia empresa. Así pues, la policía trasladó toda la documentación y la investigación que había realizado durante la semana. El juzgado, casualmente, es el mismo que ha instruido el caso Taula.
El instructor ya ha mandado practicar diligencias por presunto delito de estafa -así figura en la denuncia de la EMT-, si bien todavía no hay ningún investigado, según recalcan fuentes conocedoras del procedimiento. Ahora bien, lo cierto es que la única persona que aparece en la denuncia es la jefa de Administración, Celia Zafra, que colaboró -consciente o inconscientemente- con la estafa.
La empresa pública se personará en el caso y mediante un bufete de abogados de España -concretamente de Madrid-, contratará a otro despacho en Hong Kong, donde fueron a parar los cuatro millones de euros, con el propósito de recuperar parte del dinero. Grezzi desveló esta semana que según informaciones policiales, hay una cantidad de dinero que podría estar bloqueada en el país asiático y que "sería susceptible de ser recuperada".
Se trata de una de las últimas ocho transferencias que se realizaron desde la cuenta bancaria de la EMT y que asciende a 549.000 euros, poco más de la octava parte del total de dinero desviado. No obstante, Grezzi evitó dar más pistas sobre el procedimiento. Asímismo, la EMT también interpuso una demanda ante la Interpol por bank swindle (estafa bancaria).