VALÈNCIA. Han pasado más de dos años y medio desde que Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible de València, hiciera pública su intención de rescindir las autorizaciones otorgadas a las dos empresas para el servicio del Bus Turístic de la capital del Túria. Sin embargo, a día de hoy y a falta de ocho meses para que finalice la legislatura, apenas se ha movido nada.
Se trata de las autorizaciones administrativas concedidas a las empresas Viajes Transvia Tours y a la empresa sevillana Viajes Privilege, cuya relación con el Ayuntamiento de València viene de lejos. La primera explota el servicio del bus desde 1999 hasta la actualidad y lo hace "a dedo", según denunció públicamente Grezzi a principios de 2016. Transvia, prestó el servicio en solitario hasta 2012, cuando entró a operar también la segunda compañía, Viajes Privilege. Las autorizaciones a las dos empresas se han renovado sucesivamente sin concurso público.
El equipo de Rita Barberá renovó ambas hasta 2019. Concretamente, la de Transvia, cuyo director general está investigado en un caso de corrupción que afecta al PP de la ciudad, fue renovada cuatro días antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales.
Cabe resaltar que, además, se trata de un servicio prestado por empresas privadas pero por el que el consistorio no recibe una contraprestación, como sí ocurre en otras ciudades como Madrid, donde la UTE responsable abona un canon de 3 millones de euros al Ayuntamiento, o en Toledo, que ingresa un mínimo de 166.000 euros en el mismo sentido. Datos, todos ellos, del concejal de Movilidad.
En València, Grezzi calculó que esta cifra podría ascender a 500.000 euros. Y con las autorizaciones aún atadas por el gobierno anterior, el concejal se propuso estudiar que este servicio se adjudicara mediante una licitación pública para que otras firmas pudieran acceder a la explotación del servicio.
Por ello, anunció que se pediría un informe jurídico para explorar las posibilidades de revocar esa autorización sin tener que compensar a las empresas. Además, también se pidió otro informe a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para determinar los ingresos a los que el Ayuntamiento podría aspirar en la concesión de este servicio.
Si bien los pliegos para el concurso público están redactados, tal y como el propio Grezzi dijo a Valencia Plaza en febrero del año pasado, todavía no se les ha dado salida. Uno de los motivos que se aducía entonces y al que se sigue haciendo referencia actualmente es la falta de personal, que dificulta las respuestas en todos los frentes abiertos. Con todo, y según fuentes del departamento, la intención es sacarlo a licitación pública cuanto antes, pero todavía no hay una fecha fijada.
