Giuseppe Grezzi. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. Han pasado seis años desde las elecciones municipales que dieron un vuelco al panorama político del Ayuntamiento de València. Curiosamente, el mismo tiempo que ha pasado desde que el gobierno previo, dirigido por el PP de Rita Barberá, aprobara -cuatro días antes de los comicios- la última prórroga de cuatro años a las empresas Viajes Transvia Tours y Viajes Privilege para la gestión del servicio de bus turístico en la ciudad. Un servicio por el que el Ayuntamiento no cobra ningún tipo de canon.
La llegada de uno de "los gobiernos del cambio", de la mano de Compromís, PSPV y València en Comú, conllevó el anuncio del nuevo edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, de sacar a concurso este servicio. Seis años después de las elecciones, se sigue prorrogando la autorización por la concejalía de Movilidad.
Viajes Transvia explota el servicio bajo la marca Valencia Bus Turístic desde 1999 en virtud de una autorización otorgada "a dedo" según denunció el propio Grezzi en 2016. "Un regalo", en palabras del edil, en cuya gestión entró también la firma sevillana Viajes Privilege desde la última prórroga, en 2015. Haber rescindido la autorización antes de 2019 hubiera supuesto probablemente la obligación del Ayuntamiento a desembolsar una indemnización a las empresas operadoras, al estar vigente la última prórroga de cuatro años aprobada por el anterior concejal de Movilidad, el popular Alberto Mendoza.
Pero dicha autorización, sin publicidad ni concurso público, tan criticada por el nuevo concejal del ramo de Compromís, sigue vigente dos años después. El permiso municipal caducaba, concretamente, el 11 de junio de 2019, pero la concejalía no sacó a tiempo la licitación pública en cuyos pliegos no sólo estaba trabajando sino que estos se estaban "ultimando" desde 2016, según el propio responsable municipal. Por ello, el gobierno municipal prorrogó el "regalo" del PP un año más.
Grezzi ha anunciado en diversas ocasiones la inminencia de la convocatoria del concurso, pero los pliegos continúan en el cajón. La razón que ha aducido el concejal siempre que se le ha preguntado al respecto es la falta de personal. "Hemos tenido cierto atasco en la concejalía porque tenemos muy poco personal; todo el Ayuntamiento ha ido perdiendo funcionarios". Hablaba el Grezzi de 2016. En mayo de 2017, en una entrevista a la Cadena Ser, insistía en que se estaban ultimando los estudios económicos, pero tres meses antes, tal y como recogía este diario, el edil había asegurado que los pliegos ya estaban listos.
Tampoco 2018 fue el año para sacar la licitación. En otra entrevista, en este caso a Valencia Plaza, Grezzi admitió haberse retrasado más de lo que hubiera deseado y volvía a aludir a la falta de personal. Curiosamente, repetía que la concejalía estaba "completando los pliegos" y que en otoño esperaba sacar el concurso público. Y otra vez, nada nuevo bajo el sol. De hecho, a principios de 2019, y preguntado sobre esta cuestión en rueda de prensa, se reafirmó: no se había hecho todavía y se esperaba hacer antes de las elecciones de 2019. Tampoco ocurrió.
La izquierda reeditó gobierno municipal, ahora sin València en Comú, y Grezzi continuó al frente de la concejalía de Movilidad cuando tuvo que prorrogar la autorización. Entonces explicó que había "habido voluntad" pero "no ha habido la misma agilidad administrativa" para concluir "el siguiente proyecto para el bus turístico". Dos años después, en los que se ha continuado prorrogando el permiso, el departamento sigue sin sacar los pliegos para la licitación.
En la concejalía de Contratación, de hecho, afirman que estos no han llegado por allí, paso previo para abrir el concurso público. Mientras, en el departamento de Grezzi rechazaron dar ninguna explicación ante tal retraso y rehusaron también hacer una previsión a futuro: lo comunicarán "sólo cuando esté cerrado".
El consistorio no recibe ningún canon por esta autorización, a diferencia de otras ciudades. En Madrid, por ejemplo, la UTE responsable abona un canon de 3 millones de euros al Ayuntamiento. Otro caso similar es el de Toledo, donde el consistorio ingresa un mínimo de 166.000 euros en el mismo sentido. Datos, todos ellos, del concejal de Movilidad. Bien es cierto, no obstante, que desde el pasado mandato, el gobierno municipal ha empezado a cobrar a las concesionarias una tasa por ocupación del dominio público, aunque no constituye un canon como tal.
En València, Grezzi calculó que este canon podría ascender a 500.000 euros, por lo que la suma total para los años de vigencia de la autorización alcanzaría los 7 millones. Y si se tiene en cuenta el dinero que no se ha recaudado desde que caducó la autorización en 2019 por no haberse licitado el servicio, habría que sumar un millón de euros más.
