Guía práctica para salir del paraíso sin morder la manzana

VALÈNCIA. Hoy me voy a poner seria porque la ocasión lo requiere. Comenzaré por dar números. Los números nunca son propensos a la alegría, al menos para alguien de letras como yo. Y mucho menos cuando, además, traducen fríamente la dramática situación de desigualdad social que se está produciendo poquito a poco y en silencio en este país, un país democrático del Occidente más privilegiado del mundo, tanto económica como geográficamente. Son datos y cifras -que parece que les entusiasman al público masculino-, que dan fe del atraco que se está produciendo por la desmesurada ambición y la falta de escrúpulos del poder económico, y la falta de ética y/o connivencia del poder político. 

Vanos a ello. El 25% de la inversión española en el extranjero vuela hacia paraísos fiscales multiplicándose por cuatro en el último año. Todas menos una de las empresas del IBEX 35 tienen presencia en estos territorios a través de sus 1.000 filiales. En España, el 72% del fraude fiscal proviene de las grandes empresas y las grandes fortunas que eluden el pago de impuestos con ingeniera financiera que les re-dirige hacia un paraíso fiscal. Esta merma de impuestos implica una reducción de inversión pública en servicios sociales, en la destrucción de empleo y en el crecimiento de la desigualdad. 

Este breve párrafo no es una descripción del Apocalipsis, sino de la triste realidad que se contiene en la introducción de la “Guía práctica para impulsar una contratación pública libre de paraísos fiscales”. Hay gente buen que, además, piensa para hacer el bien a los demás, como los autores esta práctica guía dirigida a las administraciones públicas, Jesús Rodríguez Márquez y Santiago Lesmes Zabalegui. 

Dentro de la campaña “Zona libre de paraísos fiscales”, esta guía editada por el Ayuntamiento de Barcelona -y que le haré llegar a mi amigo Joan Llinares, Director de la Agencia Valenciana Antifraude, y a la Conselleria de Transparencia de la Generalitat Valenciana- pretende modificar la pauta de conducta desde dentro, hacia una gestión pública responsable como política de contratación de organismos públicos, introduciendo criterios éticos. Es decir, persigue provocar cambios de comportamiento desde la gestión pública a través de una mayor presión sobre el sector privado.

Se trata de una tercera vía, a través del control de la contratación pública, que incide sobre el sector privado, que  son los proveedores y contratantes del sector público, y que representa el 18,5% sobre el PIB en España. Más de 60 municipios se han declarado “Zona libre de Paraísos fiscales”. Pero no es suficiente con una declaración institucional aprobada por el pleno correspondiente. Hay que contar con los instrumentos adecuados para que sea una realidad. Y esta guía es uno de estos instrumentos. El que llegue a cambiar el pensamiento y el corazón de la gente, eso ya es cuestión de educación y de generaciones.

 Veamos el proceso a seguir. Además del compromiso inicial de la Administración Pública en cuestión, hay que aplicar un procedimiento concreto a la contratación pública. Se trata de incorporar una cláusula al pliego de contratación, cuyo modelo de formulario se incluye en la guía, para que no haya dudas ni excusas. También aporta otro documento que sirve de modelo de declaración responsable y que exige la designación de una persona responsable del contrato. Aquí ya nos estamos acercando a la línea roja… Porque, ¿qué habría pasado en la Administración Valenciana si todos los casos de corrupción en la contratación pública que están juzgando los tribunales tuvieran esta declaración responsable del técnico en cuestión? ¿Habría sido posible esta maquinaria de desguace sin la connivencia de parte de los trabajadores al servicio de la Generalitat -funcionarios o interinos-, los mismos que ponían sobre la mesa de los altos cargos los documentos para la firma?

Bien, pues éste sería el primer paso del contrato, el del pliego de cláusulas. En la segunda fase, el de la licitación, hay un método de comprobación de la declaraciones responsables y su publicación. Y, por último, está la verificación en fase de ejecución, que comprende información de la agencia tributaria, de las organizaciones sociales y del público en general. En caso de incumplimiento, se incoaría un expediente sancionador que terminaría en una sanción e incluso en la rescisión del contrato.

 A ello ayuda en ese momento el reciente cambio de legislación, ya que por primera vez la ley -en concreto, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público- habla directa y literalmente de paraísos fiscales. Y dice: “Disposición adicional quincuagésima. Paraísos Fiscales. 1. El Gobierno deberá actualizar la lista de países y territorios que tengan la calificación de paraíso fiscal de conformidad con lo señalado en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. Dicha actualización se realizará una vez que se hayan publicado las listas de jurisdicciones no cooperativas que se están preparando por la OCDE y la Unión Europea para que puedan ser tenidos en cuenta los resultados obtenidos”. 

¡Exacto! porque este cambio de paradigma no llega solo. Llega acompañado por la peor crisis económica y financiera que se recuerda y por la presión de algunos movimientos europeos que han logrado que, en diciembre de 2017, Bruselas publicara la primera lista de paraísos fiscales. Eso sí, modificada a la baja, todo sea dicho a la mitad, en enero de 2018 por la presión de algunos Estados “amigos y vecinos”, que  pasaron de la lista negra a la lista gris, que así es como se llaman oficialmente. La gran diferencia es que la lista negra excluye de la recepción de fondos de desarrollo europeos… Que no era por el desprestigio, ¿eh?

Ya se han oído voces críticas por esta apresurada modificación, a cincuenta días de la primera lista. De hecho, el eufemismo que se usa en Bruselas para no decir paraíso fiscal  -y, consecuentemente, en nuestra ley- es la de "jurisdicción no cooperativa en materia fiscal", de las que hay más de 60 en todo el mundo. Quedan fuera los casos de ocho países afectados por huracanes y que están siendo revisados en estos momentos: Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas, Dominica, San Cristóbal y Nieves, las Islas Turcas y Caicos, y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Los que han salido de la lista negra son: Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez, que pasan a la lista gris. Y en la lista negra están: Samoa Americana, Bahrein, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palau, Samoa, Santa Lucía, y Trinidad y Tobago. Con independencia del color de la isla, en el recuerdo quedan los Papeles de Panamá, los Papeles de Luxemburgo, los Papeles de Malta… Estos dos últimos, países que forman parte de la Unión Europea. Así que, lecciones, las justas.