Hablan las 'Otras'

VALÈNCIA.-Evelyn Rochell contesta al teléfono a partir de las tres de la tarde. «Es lo que tiene trabajar de noche», sonríe. Responde a la llamada desde el club en el que actualmente ejerce. Hace apenas un mes ganó el juicio de David contra Goliat. El pulso al burdel en el que trabajó y vivió durante varios años. La Sala Flowers, el club de alterne más grande de la comunidad de Madrid. En marzo de 2017, Evelyn se atrincheró en su habitación ante el inminente desahucio por parte de la sala. «Había pasado por un cuadro de salud muy complicado. Estuve a punto de morir y me negaron una ambulancia. No podía trabajar en las condiciones que me exigían, más de doce horas al día, sobre tacones de aguja, teniendo que bajar a la sala en cualquier momento que me llamaran», cuenta. Cuando le comunicaron que la echaban, movilizó a las Redes Sociales y decidió salir del anonimato para contar su situación y la de miles de mujeres como ella.

Tuvo que abandonar el club escoltada por la Policía, pero denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora le ha dado la razón. Lo que venía a pedir Evelyn es que se reconociese la relación laboral con la empresa, algo inédito hasta la fecha, dada la situación de alegalidad en la que se encuentra el ejercicio de la prostitución en España: no la tipifica como actividad laboral y prohíbe el proxenetismo, es decir, el lucro con el dinero de otra persona que se prostituye, pero permite el alterne como trabajo reconocido. En este caso, para que se reconozca una relación laboral debe quedar acreditada la actividad, que ha de realizarse bajo las directrices de la empresa como son horarios, normas, etc., y una retribución.

Hasta el año 2007, según explica Evelyn, este club pagaba a las mujeres una comisión por cada copa que se tomaban los clientes, pero esta práctica se eliminó, al parecer, para borrar el factor de remuneración. A pesar de la ausencia de una nota acreditativa de la misma, el Tribunal sí reconoció en su sentencia del pasado mes de febrero una relación laboral porque «sus servicios se realizaban en el local del negocio, en horario fijado por la empresa y sometida a sus instrucciones», lo contrario «sería tanto como admitir la esclavitud», llega a decir el fallo. Un hito para la justicia española que, a pesar de quedar documentada la actividad de la prostitución, la desliga de la de alterne y exige el reconocimiento de los derechos laborales para la demandante, y con ello abre la puerta a un convenio colectivo. La contraparte ha recurrido la sentencia, pero Evelyn, la prostituta rebelde, —como la han apodado— se siente optimista.

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«Quedó demostrado con creces que había una relación de trabajadora y empresa, pero mi reflexión va más allá. Cuando me preguntan qué soy, no me ando con rodeos. Soy puta. Es lo que hago y pido unos derechos. Derecho al descanso, a la jubilación, a darte de baja, a negociar colectivamente las tarifas, a la protección física y médica. A la baja por maternidad. Nadie se esperó que me encerrara en la habitación, pero ya no podía más. Los grandes empresarios se mueven dentro de la legalidad, pero a nosotras no nos protege ninguna ley, y eso tiene que cambiar», afirma. 

Bajo el paraguas rojo

En algunos países se llaman sindicatos de trabajadoras sexuales; en otros, colectivos de prostitutas; en España hace un año se constituyó el sindicato Otras, cuyos estatutos han sido tumbados por la Audiencia Nacional por considerar que la prostitución no es una relación laboral y quienes la ejercen no pueden acogerse al derecho de libertad sindical. El fallo no disolvió el sindicato, pero su registro implicó la dimisión de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, y la denuncia de varios colectivos feministas. 

Desde Barcelona, la responsable de comunicación de Otras, Sabrina Sánchez, explica que la impugnación de sus estatutos «nos está perjudicando directamente a nosotras porque estamos generando ingresos para unos señores empresarios federados desde 2004, sin ningún derecho», señala.

Sabrina llegó desde México hace trece años buscando seguridad. «Vine para poner mi vida a salvo del país más peligroso para una mujer. Como mujer, trans, migrante y prostituta la discriminación es cuádruple. El paro en el colectivo trans ronda el 80%, así que no me vale el discurso de que todas las que nos dedicamos a esto somos mujeres hetero y víctimas. Hay muchas variables y no necesariamente todas queremos dejarlo, algunas sí, otras no. Lo que pedimos es que se sienten a hablar con nosotras. Que escuchen nuestras reivindicaciones antes de apostar por un modelo que nos expida la tarjeta de puta y nos criminalice aún más», indica.  

En València, la delegada territorial del sindicato es Belén Ledesma. Comenzó a ejercer hace cuatro años «como la mayoría, por necesidad económica —explica—. El primer año lo pasé en el más absoluto silencio. No me atreví a contárselo a nadie. Trabajé para terceros con madames. Aquello era explotación. El 50% de mis ganancias se las quedaban. Decidí hablar precisamente para romper mi propio miedo porque si me pasaba algo nadie lo sabría. Cuando conocí el sindicato decidí afiliarme porque, para acabar con la discriminación y con la explotación, solo es posible si conseguimos unos derechos», explica.

belén ledesma: «Cuando conocí el sindicato me afilié porque acabar con la explotación solo es posible si conseguimos unos derechos»

Belén, a sus 25 años, trabaja por cuenta propia, eso sí, en régimen de masajista. Dice que no tiene pensado dejarlo, pero exige seguridad para ella y para sus compañeras. «Lo fundamental es que se modifiquen las ordenanzas municipales que incriminan a nuestras compañeras que están en las calles. ¿Cómo pretenden que una mujer deje la prostitución si la culpan a ella, le aplican la ley mordaza y le ponen unas multas que le son imposible pagar? En segundo lugar, el trabajo para terceros en clubs o en casas es en la gran mayoría de los casos una vergüenza, pero ahí no se interviene apenas», dice. 

La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que llevó los estatutos de Otras ante la Asamblea Nacional, explica en su comunicado al respecto que en base a «los fundamentos acuñados por las organizaciones feministas, queremos hacer hincapié acerca de las negativas repercusiones que una hipotética sentencia en sentido contrario hubiera tenido. El aceptar de forma colectiva que los proxenetas y sus asociaciones pudieran negociar con mujeres hubiera supuesto la vulneración del derecho personalísimo a la libertad sexual; es decir, a decidir sin coacción con quién, cuándo y con qué tipo de prácticas se mantienen relaciones sexuales». Belén responde: «en este país sí está regulada la prostitución, pero para los empresarios, mientras se tira de un falso moralismo que siempre se ceba con nosotras».

Apuesta integral contra la trata

Marcela llegó engañada. Le ofrecieron un trabajo de cuidadora que nunca existió. Fue víctima de trata primero en los puticlubs de Portugal y más tarde en España. Un año condenada a pagar una supuesta deuda contraída por el billete a Europa, imposible de saldar porque nunca dejaba de crecer. De Portugal a Andalucía y luego a otra comunidad. «Me rotaban cada 21 días porque los puteros quieren carne fresca. La noticia corre de boca a boca. Cuando llega nueva mercancía se llena el club. Nosotras no éramos prostitutas sino prostituidas. Hay que diferenciarlo bien. Además del sexo, los puteros consumen droga. Nosotras debíamos incitarles a consumirla y yo acabé enganchada. Hubo días en los que había estado con veinte hombres», explica. Tras una enorme paliza, decidió marcar el teléfono que le salvó la vida. El de la unidad de emergencia de la asociación Apramp, que la rescató.

Lily, de origen ruso y madre de dos niños, no tuvo la suerte de Marcela. Hace unas semanas murió en el Hospital del Mar de Barcelona después de recibir una brutal paliza de su proxeneta. Ahí le diagnosticaron leucemia en un avanzadísimo estado que en su autopsia consta como la causa de la muerte por lo que no se puede esgrimir el motivo criminal. En relación a este caso y a otros, Marcela comenta que ve prácticamente imposible desligar la trata, el tráfico y la prostitución. «Ninguna de las 280 mujeres que estábamos en el primer burdel al que fui éramos libres», señala y apunta que cada vez son más jóvenes las chicas que llegan, y no necesariamente vienen de fuera. 

Rocío Nieto es la presidenta de Apramp. Esta entidad lleva 35 años dando protección a personas explotadas sexualmente y/o víctimas de trata mediante un teléfono 24 horas y unidades móviles en las calles y focos de intervención con trece exvíctimas de trata que se introducen en los clubes, en los polígonos y que les hablan en su lengua y conocen las costumbres y su realidad socio-cultural. «Cuando dicen que son libres, lo hacen porque no pueden decir otra cosa». Nieto explica que desde Apramp atienden a una media diaria de 180 mujeres.

«No hablamos de moral, ni de abolir, ni de regular, pero lo que existe en España es esto: miles de mujeres que vienen sin una maleta de derechos. El 90% de las migrantes que se dedican a esto no son libres. Son mujeres con familias a cuestas y muchas menores porque es la demanda de los puteros. Nosotros no ponemos paños, sino que damos una cobertura integral desde el principio hasta que logran salir, pero son los gobiernos los que deben ser suficientemente permeables para hacer una ley y dotarla de una cobertura real —señala—. Me temo que regular no sería más que un sello de garantía para los proxenetas. Esto es el negocio más lucrativo donde intervienen grandes intereses. Pero tampoco es fácil decir vamos a abolir sin unas alternativas, sin planes integrales que acompañen a estas mujeres y que no las dejen aún más vulnerables», explica. 

A vueltas con el modelo

El debate sobre la prostitución entró de pleno en la campaña electoral. El PSOE se ha comprometido a abolirla y ha propuesto en su programa aprobar la ley integral contra la trata y medidas legislativas como «una figura jurídica que permita sancionar penalmente a quienes contribuyeran o se beneficiaran de la prostitución ajena, lo que contribuirá a desmantelar la industria de la prostitución» y sancionar «la demanda y compra de prostitución». La referencia parece ser el modelo sueco que considera la prostitución como violencia contra la mujer, pero además tipifica el consumo de servicios sexuales como delito, brinda estrategias de salida y procesa a los criminales, y prevé indemnizaciones a las víctimas. Desde la perspectiva de las activistas por la descriminalización del trabajo sexual, es el modelo neozelandés el que se perfila como el más adecuado porque precisamente ha conseguido romper con el estigma, como indican.

La mujer que ha logrado una ley así en Nueva Zelanda es Catherine Healey, una activista exprostituta, hoy condecorada Dama por Isabel II de Inglaterra. Desde Wellington explica a Plaza las principales bazas que tiene la despenalización de la prostitución en este país de apenas cinco millones de habitantes. «Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas sin gerentes, constituyéndose como pequeños colectivos o cooperativas, lo que les brinda apoyo y seguridad y les permite elegir sus propias condiciones de trabajo. Por supuesto, también pueden tener jefes si quieren trabajar en lugares de trabajo sexual más grandes, como burdeles y clubes de striptease.

Para  las activistas, el modelo neozelandés es el que se perfila como el más adecuado porque precisamente ha conseguido romper con el estigma

La relación con la policía es voluntaria y está allí si les llaman las trabajadoras sexuales si hay un problema. La policía no está involucrada en la regulación del trabajo sexual y hace un seguimiento de los informes de violencia en lugar de causar daño a las trabajadoras arrestándolas. Las leyes han dado lugar a una gran mejora para la seguridad y salud ocupacional. Lamentablemente, las trabajadoras sexuales migrantes no están cubiertas y nuestras leyes no permiten que las personas emigren con la intención de ser trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda —explica—. Nuestra ley tiene problemas con respecto a su enfoque hacia los migrantes, pero los principios fundamentales y su trabajo en la práctica son excelentes y replicables», concluye.

Desde las recién disueltas Cortes Valencianas, la que ha sido la responsable de la Comisión de Igualdad, Llum Quiñonero explica que durante la legislatura no fue posible abordar un debate sobre la prostitución «aunque es uno de los grandes retos. Necesitamos sentarnos a buscar alianzas, pero con todas las posturas y voces, y con dos puntos de partida claros: desde la perspectiva de los derechos y combatiendo con todos los instrumentos legales la trata. Ninguna ley que persiga a las mujeres y a los clientes va a favorecer el fin de la prostitución, pero sí la precarización y más vulneración. Creo que los movimientos feministas estamos a favor de escuchar las reivindicaciones de los colectivos que no piden regulación sino conquistar unos derechos, trabajando, todos en común contra cualquier explotación», explica. Belén Ledesma no las tiene todas consigo. Comenta que, el pasado 1 de mayo, en la manifestación con motivo del Día Internacional de las y los trabajadores, algunos sindicatos les invitaron a marcharse con sus pancartas del «sindicato de prostituidas», relata. Buscaron un recorrido alternativo para sacar el debate a la calle. ¿Para cuándo a la agenda política?  

* Este artículo se publicó originalmente en el número 55 de la revista Plaza