Hablemos de nuestros muertos

Hace unos días, el Consell cumplió con la palabra dada por los grupos que forman parte del gobierno durante la campaña electoral. Me refiero a la derogación de la Ley de Señas de Identidad. Ese esperpento legislativo sacado de la manga por parte de un PP cuya única arma política se basa en dar la batalla contra el fantasma de un pancatalanismo invocado por ellos mismos. Es lógico que este partido, tras demostrarse que ha actuado en muchos casos como una trama corrupta organizada, necesite crear en el imaginario colectivo otros demonios que ayuden a hacer olvidar que realmente quienes han actuado en contra de los intereses generales y a favor del 3% han sido ellos. Y es que la derecha necesita de nuestra amnesia para conseguir adaptarse a los nuevos tiempos políticos marcados por la regeneración democrática. Es por ello que aplaudo el compromiso cumplido por parte del Consell de acabar con una ley que pretendía definir los límites de "la valencianidad como Dios manda".

Esa Ley se aprobó con los votos a favor únicamente del Partido Popular. Eran aquellos tiempos de la VIII Legislatura en que tan sólo se aprobaba lo que le parecía oportuno a quien ostentaba la mayoría absolutista de la Cámara. Aquellos tiempos en que se vetaban iniciativas parlamentarias y se negaba información a la oposición. Eran tiempos en que los grupos de la oposición, a fuerza de chocar contra el muro que capitaneaba el ahora senador Alberto Fabra, nos poníamos de acuerdo en múltiples ocasiones, tanto en el sentido del voto como en la letra de infinidad de iniciativas.

En ese sentido, envidio la capacidad política real que permite la pluralidad parlamentaria de esta IX Legislatura. Si trasladáramos esta nueva correlación de escaños, por ejemplo, a la sesión plenaria del 25 de marzo de 2015 nunca habríamos sufrido el despropósito de una Ley de Señas de Identidad. Les Corts se habrían ahorrado así el trámite burocrático de derogar un texto legislativo cuya única finalidad era dotar de algo de contenido la vacuidad del mensaje político del PP.

El último pleno de la anterior legislatura no sólo trató ese punto. Como dijo entonces Mónica Oltra, "no som ningú si no som memòria"; por eso es importante recordar que aquel día también se debatió y votó la proposición de Ley por la Recuperación de la Memoria Democrática que defendí en nombre de Esquerra Unida y que fue rechazada con los votos del PP en solitario.

Es cierto que, haciendo un ejercicio de política ficción en el que trasladáramos a ese momento la pluralidad de la actual legislatura, nuestro grupo parlamentario no existiría para presentar esa iniciativa, pero estoy segura que contaría con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Así lo explicitaron Compromís y PSPV en sus intervenciones y estoy segura de que también contaría con el apoyo de Podemos. Sobre Ciudadanos no me atrevería a opinar, dado que sus posiciones sobre este tema han sido dispares y creo que su posicionamiento viraría en función de elementos coyunturales. No obstante, la ley saldría adelante. Estoy segura.

Ahora bien, ¿qué ocurre para que se haya podido derogar la Ley de Señas de Identidad y no se haya tramitado todavía un proyecto o proposición de Ley de Memoria Democrática? Es cierto que el conseller Manuel Alcaraz anunció la creación de una comisión interdepartamental pero, posteriormente, la memoria histórica parece haberse convertido en objeto de disputa competencial entre las consellerias de Justicia y de Transparencia, sin que se aprecien avances en la redacción de una iniciativa legislativa. Sinceramente, creo que al igual que la derogación de la Ley de Señas ya es una promesa cumplida, la tramitación del proyecto de Ley de Memoria Democrática también podría serlo. Ya hay un texto. Un texto que no es perfecto, que necesita de las aportaciones del resto de grupos parlamentarios y agentes de la sociedad civil, que necesita de todas las correcciones posibles y de todas las miradas.

Pero sería muy acertado que el nuevo Consell no tirase a la basura el trabajo ya realizado por Esquerra Unida, que fue el fruto del aporte de muchas manos, del análisis de la labor ya realizada por otras administraciones y de las exigencias de organismos internacionales como la ONU. Estoy convencida de que, tanto el Sr. Alcaraz como el nuevo Consell en su conjunto, tienen la voluntad política de avanzar en la calidad democrática de nuestra sociedad, pero para atajar esta deuda pendiente con la reparación y la justicia de tantas valencianas y valencianos, no hace falta esperar más. De hecho, se afronte cuando se afronte este compromiso, ya llegaremos dolorosamente tarde. Si aquel 25 de marzo, los votos de los grupos que ahora forman parte del nuevo gobierno fueron favorables a que el texto saliera adelante ¿qué problema puede existir ahora para no llevar a cabo su tramitación?

Aplaudo además, no quepa duda, la voluntad de acabar con la barrera electoral del 5% que dejó fuera de Les Corts a mi formación política. Agradezco que siempre recuerden la injusticia que supone que una organización que tanto luchó contra la corrupción y los recortes de derechos quedara sin representación parlamentaria por culpa de la ley electoral. Entiendo que se hace desde un profundo sentimiento de respeto. Ojalá sirva para afrontar con urgencia la necesaria reforma democrática que garantice la efectiva igualdad de derechos políticos. Sin embargo, el trabajo de Esquerra Unida no debería quedar restringido al plano de la nostalgia y el agradecimiento genérico. Eliminemos la barrera del 5% en la acción política real que no precisa de ningún escaño para producirse. Olvidemos los partidismos como hacemos tantas a la hora de construir una hegemonía diferente.

Hablemos de nuestros muertos

Hace unas semanas aplaudía en este mismo espacio que el feminismo hubiera entrado en el gobierno de la mano del secretario autonómico de inclusión e igualdad, he felicitado los cambios en políticas sociales y la aprobación de una comisión de investigación sobre la adjudicación de residencias del modelo Cotino -denunciado por EU en la Fiscalía Anticorrupción. Reivindico que no cabe espacio para el partidismo en la lucha contra la corrupción, en la lucha por la igualdad, ni en la lucha por la reparación, la justicia y la memoria. Si existe voluntad política para afrontar todas estas luchas hay que ser consciente de que el tiempo va en nuestra contra en todas ellas.

En pleno siglo XXI, cuando ya hemos incluso alcanzado la fecha del viaje al futuro del Delorean -para mi generación constituía un horizonte prácticamente inalcanzable- no podemos tolerar que la derecha hable de la vulneración de los derechos humanos en nuestro país como un problema inexistente.

El PP rechazó hace unos días en la Comisión de Justicia del Congreso instar al Gobierno a extraditar a Argentina a una veintena de ex-altos cargos del franquismo acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio, o bien propiciar que se les juzgue en España. Una diputada del PP dijo a los grupos proponentes: "Dejen en paz a los muertos”. ¿Se entendería esta frase en el parlamento alemán dicha hacia los familiares de las víctimas del terror nazi? Estamos en un momento histórico en que con nuestra acción política podemos presionar para que se cumpla la legislación internacional en materia de derechos humanos y en el que la querella argentina precisa de nuestro apoyo para poder avanzar. Con nuestra lentitud contribuimos a que el negacionismo de la derecha se termine instalando definitivamente en el imaginario colectivo de las generaciones presentes y futuras. ¿A qué estamos esperando entonces?

Esta semana la opinión pública ha vuelto a estremecerse al escuchar el testimonio de una de esas mujeres víctimas del terror franquista, Hilda Farfante, que contó al reportero Gonzo en "El intermedio" cómo sigue sufriendo la falta de reparación y justicia por parte de nuestra democracia. Me quedo con sus palabras: "mientras me quede voz, hablaré de mis muertos".