VALÈNCIA. El Gobierno de Carlos Mazón tomó posesión el pasado mes de julio con varias tareas pendientes procedentes de la anterior legislatura. Muchas de éstas, dependientes de la Conselleria de Sanidad, como la aplicación de un acuerdo de la jornada de 35 horas -que está renegociándose de nuevo-, la estatutarización del personal de los consorcios sanitarios o el Estatuto del Investigador. Este último decreto, que busca dar estabilidad al personal investigador de la Comunitat Valenciana, se quedó atascado durante el mandato del Botànic tras un duro informe del Consell Jurídic Consultiu al planteamiento propuesto.
Liderado por el entonces director general de Investigación y Alta Inspección, Javier S. Burgos, el documento fue rechazado tanto por la Abogacía de la Generalitat como por el órgano consultivo, al entender que excedía competencias autonómicas y se saltaba el Estatuto de los Trabajadores. A pesar de que se hicieron diferentes versiones tras los informes, ningún texto acabó por cuajar debido a la falta de competencia de la Generalitat para legislar en material laboral y a que la creación de categorías profesionales es objeto de negociación colectiva.
Dada la insistencia en este punto, desde los sindicatos iniciaron la negociación de un convenio colectivo de los seis institutos sanitarios de investigación de la Comunitat Valenciana: el IIS La Fe, Incliva, Fisabio, Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia, Fundación de Investigación Hospital Provincial de Castellón e Isabial. Éste documento, que empezó a perfilarse la pasada legislatura, sigue avanzando para su aprobación en las diferentes consellerias.
Según informó la dirección general de Investigación e Innovación, con Mariola Penadés al mando, la dirección general de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda ya ha emitido un informe favorable sobre el texto del acuerdo del convenio. Unas condiciones que vendrán a dar solución a las irregularidades que sufre el sector y que produce un malestar continuo que se va acrecentando con el tiempo. Cabe recordar las numerosas concentraciones que trabajadores de los institutos realizaron por la cuestión.
En este sentido, fuentes sindicales apuntan a la necesidad de avanzar con el convenio colectivo para evitar demandas por equiparación salarial y agravio comparativo, debido a que las nuevas convocatorias están saliendo con las tablas del convenio no publicado mientras que el personal con antigüedad está con el salario precario. Diferencias salariales que pueden suponer en algunos casos unos 5.000 euros más por año por la misma categoría.
Por otra parte, la aprobación del convenio ha bloqueado nuevas convocatorias para poder incorporar las condiciones nuevas con seguridad jurídica lo que, según apuntan, ha generado otro bloqueo en el sector de la investigación sanitaria en la Comunitat Valenciana. Actualmente, el convenio está a la espera de que la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público emita su informe. Cuando se apruebe, ´este será la base para poder estabilizar al personal a través del decreto del Estatuto del Investigador, donde la intención era marcar una carrera profesional que permitiera la estabilidad a largo plazo.
"Comprendemos que este proyecto es innovador al tratarse de un convenio entre las seis fundaciones, y no existen precedentes sobre cómo se lleva a cabo su elaboración", explican estas fuentes sindicales. A día de hoy, muy pocas autonomías tienen su Estatuto del Investigador desarrollado en unas condiciones que, además, tendrán que modificarse respecto a los borradores iniciales debido a la Ley de la Ciencia aprobada el pasado año por el Ministerio de Ciencia.