VALÈNCIA. La historia de Leoncio Badía (1905-1982) la cuenta Matías Alonso, Coordinador del Grupo Recuperación de la Memoria Histórica. Es mediodía del lunes en el cementerio de Paterna y junto a él hay varios familiares de represaliados del franquismo. A unos metros de allí, los arqueólogos de la asociación ArqueoAntro, que han comenzado los trabajos de exhumación de la fosa 113, siguen en la tarea de levantar la placa de hormigón antes de comenzar a excavar.
Alonso habla con sus interlocutores de Badía, un héroe anónimo, gracias al cual se han podido identificar algunas de las víctimas de la represión franquista en la Comunitat. Badía estaba condenado a muerte junto a su padre cuando, el día antes de su ejecución, un alto mando les ofreció la posibilidad de que uno de los dos se salvara. Tenían que decidir quién de ellos. La opción estaba clara, el padre fue fusilado y el hijo, Leoncio, quedó con vida. No contento con el dolor infligido, el alto mando le condenó a otra pena física y moral: “Enterrarás a los tuyos”. Así fue como Leoncio Badía se convirtió en la persona que dio sepultura a los fusilados de Paterna. Para que no se olvidaran las víctimas, Badía se hizo con unas pequeñas botellas de botica, donde incluía un papel con el nombre de los ejecutados.
Mientras Alonso relata esta historia, a unos cincuenta metros de allí, la diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, de la Diputación de Valencia, habla con los medios de comunicación. A su lado, Miguel Mezquida, responsable de ArqueoAntro, y el lingüista y escritor Santi Vallés, presidente de la Asociación de familiares y víctimas del franquismo de la fosa 113 de Paterna. Vallés es precisamente la chispa, el motor que inició este proceso de exhumación, el más importante realizado hasta la fecha en la Comunitat Valenciana, y con el que esperan dar nombre a medio centenar de víctimas, al menos, que se calcula que están enterradas en la fosa. Todo comenzó como una promesa que Vallés le hizo a su abuela: encontraría al hermano de su iaia, Francesc Núñez Miquel, fusilado a los 47 años.
Aunque ha hablado en numerosas ocasiones de lo que sucedió en Paterna, Vallés aún se emociona al recordar el trato que recibieron los muertos, como se les enterró de cualquier manera. Tienen constancia de que algunas víctimas fueron exhumadas, pero no hay garantías de que sean quienes les dijeron. Esas cosas, explica, se hacían “bajo mano”, es decir, con sobornos. Y los que se dedicaban a abrir las fosas se limitaban a darles “un saco de huesos” a los familiares. Algunas familias aceptaron esa forma de actuar y llevaron resignados a sus nichos los restos de sus supuestos deudos. Cuando piensa en los fallecidos, Vallés, casi temblando, habla entre lágrimas. “Los trataron como a perros”, musita.
Si no fuera por esa convicción de que se está haciendo algo justo, seguramente todos habrían abandonado hace tiempo. Pero no se han rendido, nunca. Ni la indiferencia de los gobiernos autonómicos del PP durante las último cinco legislaturas, ni el desprecio de los gobiernos nacionales, ni las trabas burocráticas, ni el aparente desinterés de una sociedad cada vez más frívola, más conectada con la realidad virtual y más alejada de la realidad emocional, han minado su voluntad de abrir las fosas y sacar los cuerpos de aquellos que fueron ejecutados por defender el gobierno legítimo de la República.
No muy lejos de allí, uno de los arqueólogos de ArqueoAntro les explica a un grupo de familiares los tiempos que se tarda en conseguir resultados de ADN. El plazo se sitúa en torno a un año. Serán dos meses de excavación, tras los cuales se procederá a clasificar los cuerpos que encuentren y posteriormente los complejos análisis de ADN. “Mi padre recuerda que fue el último que fusilaron aquel año”, comenta una de las presentes, hablando del pariente que están buscando. “Si no están aquí, ¿donde pueden estar?”, pregunta otra. El arqueólogo es honesto y les confiesa que “nadie lo sabe”. Y no sería extraño que no apareciese alguna de las víctimas que esperan hallar en la fosa 113. Ya pasó en la 82. “Hasta que no abres, no sabes lo que te vas a encontrar”, les relata.
Eso es algo que certifica Alonso. Ya les sucedió con los represaliados del verano de 40. Esperaban encontrar los 12 de Massamagrell y descubrieron que en la fosa habían más de doscientos cadáveres. Sólo tenían permiso para la docena de Massamagrell. Todos ellos tenían su correspondiente botellita con el nombre. Por desgracia, el ardid del abnegado Leoncio Badía sólo sirvió para uno de los cuerpos. En los otros, el tiempo había deshecho el tapón de corcho y estropeado el papel y tuvieron que recurrir a las costosas y lentas pruebas de ADN. Ahora esperan que en la fosa 113 se hayan conservado mejor algunas de estas botellitas. No siempre es así. En Puebla de Valverde Alonso buscará la fosa donde se cree que están enterrados dos guardias civiles leales a la República que fueron fusilados por el franquismo. Allí sabe que no encontrará botellas con nombre.
Rosa Pérez Garijo es la que da fe del carácter de acto de justicia que tiene esta exhumación. “Para nuestro equipo de gobierno”, asegura la diputada provincial, “estas actuaciones son fundamentales, es algo que se debería de haber hecho hace muchísimos años y por lo tanto constituye una prioridad para el área de Memoria Histórica”. Una opinión que comparte Mezquida, quien precisamente lamenta que se haya tardado tanto en realizar estos trabajos. Muchos de los testimonios que manejan ahora son orales, y son ecos de ecos. Han muerto muchos de los testigos de aquellos años de horror. Y los que pudieran contar algo, en muchos casos callan porque fueron partícipes o se beneficiaron de lo que sucedió.
La poca fiabilidad de los datos, así como la ausencia de información sobre las aperturas de las fosas, es lo que hace que los arqueólogos sean precavidos. Y más tras la experiencia de lo sucedido en la fosa número 82. En esta exhumación esperaban encontrar los cuerpos de unas 20 víctimas y finalmente sólo se hallaron dos. En el caso de la fosa 113, la mayor cantidad de víctimas que se espera encontrar son las fusiladas el 18 de enero de 1940, dos de las cuales se tiene constancia que fueron supuestamente trasladadas a nicho; pero otras 52 deberían de seguir en la fosa común. Entre ellos, el último alcalde republicano de la Pobla Llarga quien, pese haberle sido concedido el indulto, fue fusilado a los 33 años. Y seguramente también encontrarán algunas botellas pequeñas, con los nombres de las víctimas. La prueba de que Leoncio Badía, sin miedo, con discreción, hizo lo posible para que nada se perdiese.