Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El juicio por el caso Palau, que juzgará el presunto saqueo de Les Arts el próximo 7 de enero, está en la cuerda floja después de que el letrado de la intendente del coliseo haya abandonado el barco a 15 días del juicio por “motivos de salud”, tal y como informó Las Provincias.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de València, de manos del presidente de la sala encargada de esta causa, José Manuel Ortega, le comunicaron al abogado madrileño, Manuel Bajo, que designe un ‘sucesor’, a ser posible del mismo despacho de abogados.
El motivo de tal movimiento por parte de la audiencia es que, en el caso de que Bajo no designe a otro letrado de su despacho, la causa podría no llegar a juicio hasta verano por un conflicto en las fechas para las diferentes sesiones.
Fuentes consultadas por Valencia Plaza informaron que las defensas personadas en este procedimiento pactaron con la sala el calendario del juicio y, si éste no se puede llevar a cabo las mismas, se verían obligados a pactar otro una vez Schmidt designe un nuevo abogado. El motivo es simple, los abogados, así como la sala tienen otros juicios previstos que no pueden cambiar, lo que obligaría a introducir unas nuevas fechas que, como poco, estarían cercanas al verano para no interferir en lo que ya se hubiera señalado por otros órganos judiciales con anterioridad.
Este es un problema típico de los procedimientos complejos o relacionados con la corrupción, como ejemplo de ello estaría el Caso Emarsa, cuyo juicio se tuvo que suspender hasta en dos ocasiones por diferentes motivos, lo que generó un retraso de más de un año sobre la fecha inicial prevista.
La que fuera intendente del coliseo valenciano, Helga Schmidt, junto con otros cuatro imputados están acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documenta por presuntamente saquear el Palau de Les Arts.
En esta causa están acusados, la ya citada Helga Schmidt —para quien el fiscal pide siete años y medio de prisión—; el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno —se enfrenta a ocho años de cárcel—; el presidente del consejo de administración de Patrocini —empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores—, José Antonio Noguera Puchol —siete años—; Joaquín Maldonado —otros siete años—, y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe —mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones—, Pablo Broseta —siete años más—.
El magistrado explicó que en 2007 el Palau de les Arts decidió externalizar la actividad de captación de patrocinadores, lo que se materializó con un contrato en abril de 2008, a través de Patrocini de Les Arts, firma en la que se mantuvo a Helga Schimdt en el cargo de consejera hasta 2009, a pesar de la "incompatibilidad" del desempeño del cargo de Intendente con toda actividad privada. Además, apunta que supone una "flagrante vulneración" de la cláusula de contrato de alta dirección suscrito por ella. En septiembre de 2009 se formalizó un nuevo contrato con la misma empresa.
En ambos casos, según el juez, no se siguieron los trámites esenciales de la contratación administrativa y se eludió la publicidad, concurrencia y transparencia de los procesos que debe garantizar la normativa y recalca que Schimdt figuraba simultáneamente como representante de la adjudicadora (Palau de Les Arts) y adjudicataria (Patrocini), con lo que vulneraba la prohibición para contratar.
