VALÈNCIA. Las últimas informaciones publicadas por este diario acerca del futuro del PPCV en la ciudad de València han levantado un considerable revuelo en la formación que lidera Isabel Bonig y en la militancia del Cap i Casal, que ahora se rige por una gestora presidida por el diputado Luis Santamaría.
La búsqueda de un independiente como candidato a la Alcaldía de València, una idea que se viene manejando desde la dirección regional, ha iniciado las conjeturas y especulaciones en el seno de la formación popular acerca de posibles figuras de la sociedad civil que pudieran acometer con éxito la misión de recuperar la capital para el PP.
Pero el fondo de la cuestión tiene su miga. Es cierto que, dada la situación del grupo con nueve de diez concejales investigados por el caso del presunto blanqueo de capitales, invita a una profunda renovación de la candidatura local. La idea de promover una figura independiente que pueda captar la atención del electorado no parece descabellada, aunque a algunos sectores de la formación no les termine de agradar -suele ocurrir en todos los partidos- al considerarse que se desplaza a los que trabajan y dan la cara por el PP día a día.
No obstante, también se maneja otra tesis sobre el interés de Bonig para una operación de estas características. Cabe recordar que el PP sacó diez concejales en las elecciones locales de 2015 de un total de 33 y la mayoría del Govern de la Nau se sustenta en nueve ediles de Compromís, cinco del PSPV y tres de València en Comú. Con estos números, si Ciudadanos mejorara en un concejal (ahora tiene seis) o el propio PP ganara uno, el consistorio podría cambiar de manos con un acuerdo de estas fuerzas políticas.
Objetivamente, con estos números se antoja más sencillo para el PP recuperar el Ayuntamiento de València que la Generalitat puesto que para tomar de nuevo el Gobierno valenciano, la mejora de Bonig y los suyos -o la de Ciudadanos- debería ser mucho mayor. Así, los populares cuentan con 31 escaños y los naranjas con 13, 44 en total y a seis de la mayoría absoluta de 50.
Analizando el escenario con cierta perspectiva, pocos son los que ponen en duda de que si el exconseller Esteban González Pons muestra su disposición a ser candidato a la Alcaldía no habrá oposición por parte de la dirección regional. Ahora bien, y aquí es donde a juicio de algunas fuentes populares, entra en juego la maniobra de Bonig: mostrar a Génova que el PPCV tiene algún candidato propio en la recámara para evitar que desde Madrid se quiera decidir unilateralmente un plan B si González Pons rehúsa concurrir.
Una iniciativa que puede considerarse lógica. Si Génova decide algún otro candidato miembro del partido sobre el que Bonig no tenga ascendencia, la situación de la presidenta regional podría complicarse notablemente tras las elecciones de 2019 si no es presidenta de la Generalitat. Más aún si un candidato elegido por Madrid sí consigue darle la vuelta al Ayuntamiento de València, lo que pasaría a convertir a ese alcalde o alcaldesa en un referente institucional del partido. De hecho, en estas últimas semanas, en el seno del PPCV suena el nombre de la exconsellera María José Catalá como un plan B si González Pons declinara la oferta.
Con esta variable en la ecuación, se entiende también la posición de Bonig de buscar un perfil independiente que pueda generar ilusión y, al mismo tiempo, no suponga una amenaza orgánica a su liderazgo. Sería el caso de algunas otras figuras como el director de Cáritas, Ignacio Grande; el presidente del Levante UD y empresario, Quico Catalán, o la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, si bien esta última sí posee cierta trayectoria en el partido.
Unas posibilidades que favorecerían la posición de la presidenta regional en caso de fracaso en las urnas. No en vano Bonig ya ha comentado en alguna entrevista su intención de al menos presentarse en otra ocasión a la Generalitat si no consiguiera una mayoría suficiente para gobernar en 2019.