Íñigo Parra se incorpora al consejo de la SGR

VALENCIA. El empresario Íñigo Parra se ha incorporado al consejo de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) como consejero independiente en la vacante que ha quedado tras la salida del exsecretario autonómico de Economía Fernando Díaz Requena. Parra, presidente de Vossloh España, ejercerá las funciones de "consejero externo especial".

El nombramiento de Íñigo Parra, publicado en el Boletín del Registro Mercantil de este martes, fue acordado el pasado verano, según explicaron fuentes de la sociedad avalista. La propuesta de incorporación la habría realizado el actual consejero delegado, Santiago de Santos, antes de que los nuevos responsables del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) hayan designado a sus representantes en el consejo de la SGR.

Tras las dos operaciones de rescate a las que fue sometida, la Generalitat controla un 40% del capital de la SGR. El consejo está formado en la actualidad por ocho miembros tras la renuncia de la presidenta, la empresaria Dolores Font Cortés. Su puesto tampoco ha sido cubierto todavía. 

Fuentes del instituto dependiente de la Conselleria de Hacienda explicaron que el IVF está "recopilando información" y tiene una reunión pendiente con el Banco de España antes de formalizar su entrada en el consejo de la SGR. Según estás fuentes, los dos partidos representados en el Consell, PSPV y Compromís, tendrán margen para proponer a sus vocales.

La sociedad avalista tiene previsto reunir próximamente a su consejo de administración para hacer efectivos los cambios. Será el primer encuentro en el que participará el nuevo director general del IVF, Manuel Illueca, quien asistirá como invitado.

Illueca expuso la pasada semana en la comisión de Economía y Presupuestos de Les Corts la situación en la que el nuevo Consell se ha encontrado la sociedad, con la que la Generalitat acumula un riesgo vivo de 400 millones de euros. Entre otros asuntos, el director del IVF explicó que su intención es que la SGR se integre dentro del futuro banco público para concentrar la actividad avalista.

También anunció que se están revisando los avales concedidos desde 1996 ya que, de acuerdo con la Intervención de la Generalitat, el IVF quiere librarse de tener que cargar con las pérdidas de los avales fallidos cubiertos por el contrato de reafianzamiento que suscribió con la Generalitat que no cumplan criterios de "razonabilidad económica".