El promotor de Puerto Mediterráneo cerró 2020 con pérdidas de 3,3 millones y en causa de disolución

VALÈNCIA. La sociedad Intu Eurofund Valencia, joint venture entre el grupo español Eurofund y la compañía británica Intu para impulsar en Paterna el macrocentro comercial Puerto Mediterráneo, cerró el pasado ejercicio de 2020 con 3,3 millones de pérdidas y en causa de disolución con un patrimonio neto negativo de 14 millones, según consta en sus cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Datos que representan una mejora del 62% en el caso de los 'numeros rojos' -en 2019 fueron de 8,70 millones- y un empeoramiento del 30% en lo que al patrimonio neto se refiere, dado que un año antes era de 11,05 millones.

"La Sociedad ha incurrido en pérdidas que han supuesto una reducción significativa del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020, siendo este negativo en un importe de 14.357.263 euros, encontrándose en causa de disolución a cierre del ejercicio 2020", señala la sociedad en su informe de gestión en el que apunta que la Sociedad decidió el pasado ejercicio "formalizar la totalidad de préstamos existentes bajo la modalidad de participativos con objeto de reestablecer el equilibrio patrimonial".

Conviene recordar que la Ley de Sociedades de Capital fija una de las causas de disolución de las empresas cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Y en el caso de Intu Eurofund Valencia el capital social al cierre de 2020 era de 488.900 euros frente a un patrimonio negativo de 14.357.263 euros.

Lo cierto es que el grupo británico Intu Properties acabó ese año en concurso de acreedores al no poder hacer frente a una deuda superior a los 5.000 millones de euros. De hecho, la firma británica acabó en manos de un administrador concursal y desprendiéndose de la mayor parte de sus activos en España. Una quiebra que ponía en jaque la inversión de 860 millones en el proyecto valenciano y dejaba a la sociedad con dificultades financieras para seguir adelante con sus planes en Paterna. 

No obstante, desde la sociedad se insistía en la búsqueda de nuevos socios para continuar con la actuación, que finalmente no fue posible por la imposibilidad de cumplir con la garantía millonaria que le reclamaba la Generalitat Valenciana. Un incumplimiento que se explicaría, por un lado, por la ausencia de un nuevo partner con el que dar viabilidad a la inversión del futuro complejo y, por otro, la situación financiera que arrastraba la sociedad. 

Tanto es así que, en el informe de gestión, la propia sociedad admitía que en los siguientes ejercicios iba a seguir "incurriendo en pérdidas dependiendo financieramente de su grupo para mantener el equilibrio patrimonial y poder  desarrollar un proyecto de construcción inmobiliario en Valencia". Pero el concurso de Intu complicó aún más la situación. "Los Administradores han formulado las presentes cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento al estimar que la Sociedad conseguirá el apoyo financiero necesario que garantice dicha continuidad", subrayan desde a sociedad.

No obstante, el proyecto fue enterrado por la Generalitat al no presentar los promotores un aval de un millón de euros que le reclamaba la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para continuar así con la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE). Esta garantía era necesaria para volver a realizar una evaluación ambiental de la iniciativa, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) diera la razón a Intu y exigiera a la Administración un nuevo informe ambiental para que el proyecto fuera sostenible.

El Consell cerró el expediente

Los promotores del proyecto propusieron como garantía unos terrenos en lugar del importe económico, pero, según Territorio, el Acuerdo del Consell de 2013 por el que se declaraba la ATE del proyecto no permitía aportar una "garantía hipotecaria", por lo que se les concedió un aplazamiento que venció sin éxito para los empresarios. De esta forma, el Consell dio por cerrado el expediente del proyecto.

Y es que desde que el Botànic llegara a la Generalitat ha sido evidente su rechazo. En 2013, el gobierno valenciano, entonces presidido por el popular Alberto Fabra, aceleró la tramitación del proyecto a través de la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) al considerar de relevancia esta iniciativa privada por la generación de renta, empleo y la dinamización del tejido productivo que iba a suponer. 

Este desarrollo fue avalado en 2015, pero con la entrada del Botànic en la Generalitat Valenciana, la situación cambió. Así, un año más tarde el Consell emitió la memoria medioambiental desfavorable que tumbó el proyecto. El principal escollo residía en que el complejo no se guardaba una distancia con las carreteras colindantes, CV-25 y CV-31. También pesaron aspectos de contaminación o el hecho de que el espacio a construir fuera la una de las pocas bolsas de suelo del área metropolitana de València. 

Los promotores modificaron el proyecto, incluso lo rebautizaron a Intu Mediterrani, para atender las peticiones de la administración y redujeron un 25% su superficie, al pasar de una edificabilidad de 500.000 metros cuadrados en la propuesta anterior a 375.000 metros. Pero no fue suficiente y se inició una larga batalla judicial que acabó con los tribunales dando la razón a los promotores que, no obstante, no pudieron hacer frente a la condición que les requirió la Administración.