La Generalitat cierra el expediente de Puerto Mediterráneo y da por finalizado el proyecto 

VALÈNCIA. Punto muerto para Puerto Mediterráneo. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad cierra el expediente del proyecto para la construcción de un macrocentro comercial en Paterna, después de que el promotor Intu Found Valencia SL no haya logrado depositar la garantía de un millón de euros que le exigía la Administración valenciana para seguir adelante con la tramitación. Un incumplimiento que invalida el acuerdo alcanzado con el Consell para dar luz verde a la Actuación Territorial Estratégica (ATE), lo que aboca al final de la iniciativa.

Y es que esta actuación no llegó a tramitarse como estratégica debido a que la memoria medioambiental emitida por la Conselleria de Agricultura en 2016 fue desfavorable, lo que dejó en el aire el proyecto. Tras una larga batalla judicial, hace un año, el Tribunal Supremo daba la razón a los promotores obligando a la Administración a reevaluar el proyecto. Intu debía entonces aportar un millón de euros como garantía para que Territorio acometiera un nuevo informe. Pero, la imposibilidad de los empresarios de hacer frente al pago ha condenado el futuro espacio comercial.

"La Generalitat procederá a archivar el expediente del proyecto porque al no depositar la garantía, la promotora ha incumplido una de las condiciones necesarias para considerar el proyecto como una Actuación Territorial Estratégica, conforme al acuerdo del 25 de enero de 2013 del Consell", explican a este diario fuentes del departamento que dirige Arcadi España. "Dado que no han puesto la garantía, el acuerdo no tiene validez y, por lo tanto, se archiva el expediente", insisten. 

Así, a diferencia de otra ATE mediática como es la del Valencia, en esta ocasión Territorio no se verá obligado a decidir sobre su anulación dado que "deja de existir" porque "nunca se llegó a aprobar por la memoria medioambiental desfavorable", señalan. En cambio, en el caso de Mestalla la actuación sí está aprobada y el conflicto reside en los sistemáticos incumplimientos de los acuerdos por parte de los promotores, que en ese caso es el club que preside Anil Murthy.

Por tanto, para poder aprobar la ATE de Puerto Mediterráneo, la Conselleria debía contar con ese aval de un millón de euros exigido a Intu para seguir con el proceso de tramitación. Al no haberlo conseguido, desde Territorio dan por finalizado el proyecto. "Está enterrado", subrayan.

Desde la compañía impera el silencio. El grupo británico Intu Properties, socio de la compañía española Eurofund en esta iniciativa, entraba en concurso de acreedores hace un año al no poder hacer frente a una deuda superior a los 5.000 millones de euros. Una quiebra que ha complicado la viabilidad del espacio comercial en Paterna. La firma británica está ahora en manos de un administrador concursal y en este tiempo se ha desprendido de la mayor parte de sus activos en España.

Tras la decisión de la Generalitat, sus próximos pasos son inciertos y no hay una decisión tomada. A preguntas de este diario, descartan pronunciarse. Podrían recurrir esta decisión del Consell, pero desde Conselleria creen que tendría "poco recorrido" puesto que "ya han quemado todos los cartuchos y se les han dado muchas oportunidades", recalcan. 

En cualquier caso, para poder hacer frente a la inversión para acometer el centro comercial, cifrada en cerca de 860 millones de euros, la sociedad debe reestructurar su accionariado e incluir nuevos partners para conseguir músculo financiero. En ello lleva trabajando desde hace meses Eurofund porque solos no pueden acometer esta gran inversión. Pero la coyuntura actual y el rechazo que Puerto Mediterráneo genera en el seno del Consell han complicado nuevas alianzas. 

De hecho, la crisis sanitaria fue una de las razones que esgrimieron los promotores para pedir al Consell un mayor plazo para poder aportar la garantía. Pero, tras dos aplazamientos, la Administración les concedió una semana más, frente al mes solicitado por la mercantil. En un primer intento, Intu propuso como garantía unos terrenos en lugar del importe económico, pero fue denegada. La Conselleria otorgó 15 días más para reunir el millón de euros, pero la empresa solicitó otro mes ante la imposibilidad de cumplir la nueva fecha. Se les concedió únicamente 5 días hábiles más que vencían este pasado martes. Finalmente no se logró reunir el dinero, lo que ha empujado al fin del proyecto.

Larga batalla con la Generalitat Valenciana

Fue en 2013 cuando la Generalitat Valenciana, entonces presidida por el popular Alberto Fabra, aceleró la tramitación del proyecto a través de la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) al considerar de relevancia esta iniciativa privada por la generación de renta, empleo y la dinamización del tejido productivo que iba a suponer. Este desarrollo fue avalado en 2015, pero con la entrada del Botànic en la Generalitat Valenciana, la situación cambió, principalmente por el manifiesto rechazo de dos de sus socios, Compromís y Podem. 

Un año más tarde, en 2016, el Consell emitió la memoria medioambiental desfavorable que tumbó el proyecto. El principal escollo residía en que el complejo no se guardaba una distancia con las carreteras colindantes, CV-25 y CV-31. También pesaron aspectos de contaminación o el hecho de que el espacio a construir fuera la una de las pocas bolsas de suelo del área metropolitana de València. 

Los promotores modificaron el proyecto, incluso lo rebautizaron a Intu Mediterrani, para atender las peticiones de la administración y redujeron un 25% su superficie, al pasar de una edificabilidad de 500.000 metros cuadrados en la propuesta anterior a 375.000 metros. Para ello, se comprometió a invertir 860 millones de euros y generar más de 5.000 empleos anuales directos. Pero, pese a los cambios, las críticas continuaron.

El pleito acabó en los tribunales y finalizó hace justo un año, cuando el Supremo consideró que la memoria medioambiental desfavorable del Gobierno valenciano era insuficiente, obligando a reconsiderar el proyecto. Una victoria judicial que no ha servido finalmente para poder acometer este desarrollo. Tampoco, Intu ha conseguido la indemnización de 300 millones que reclamaban a la Generalitat Valenciana por daños patrimoniales ante la parálisis. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó esta compensación al no verla justificada.

Ahora, ocho años después de que el proyecto empezara su periplo administrativo, concluye su travesía a falta de que sus promotores den un paso adelante. Sin ese movimiento para cambiar el guion fijado por la Generalitat, se cumplirá lo que para muchos ha sido en los últimos meses la crónica de una muerte anunciada.