VALÈNCIA. El juez del caso Taula ha citado como investigado al exvicealcalde de València Alfonso Grau por delitos de malversación, cohecho y delito electoral en la pieza relativa a la financiación de las campañas del PP municipal de 2007 y 2011. También cita como investigados a la actual gerente del PP nacional, Carmen Navarro, al exgerente del Partido Popular de la provincia de Valencia José Moscardó, así como Juan Eduardo Santón, exconcejal que era el director de una de las empresas públicas que presuntamente dieron dinero para financiar la campaña de Barberá.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) a raíz de los papeles que Valencia Plaza entregó a la Fiscalía Anticorrupción, que demostrarían que el dopaje electoral del PP de Rita Barberá viene al menos desde el año 2007, ha sido la base para el demoledor auto que el magistrado instructor ha hecho público este jueves.
La aparición de Navarro en escena mete de lleno a Génova en la partida. Hasta ahora, Madrid había visto desde la barrera el desmoronamiento de más de 25 años de historia del PP en València ciudad, pero tras el auto se ve metida de lleno.
Llama la atención otro nombre propio de la corrupción española, el del extesorero del PP Luis Bárcenas, que era "la persona que figura como administrador único designado por el Partido Popular de las candidaturas en las elecciones municipales de 2007". Sin embargo, en esta ocasión la suerte ha estado de su lado, ya que debido al tiempo transcurrido, el magistrado considera que "en caso de que se considere procedente recibirle declaración, la misma, por lo dicho, deberá hacerla en calidad de testigo, y no como investigado en atención de mero transcurso de los plazos de prescripción".
En cuanto a las empresas privadas señaladas como donantes a la campaña del PP de 2007, en su mayoría contratistas del Consistorio, el juez explica que como sociedades no pueden ser imputadas porque esto es posible desde la reforma del Código Penal de 2010 y los presuntos delitos se cometieron en 2007. En cuanto a los administradores de las empresas, por los años transcurridos el posible delito cometido por ellas está ya prescrito, por lo que en su caso se les citarán en calidad de testigos.
Alberto Catalá, expresidente de Feria Valencia, también se salva de que le citen como imputado, "en la medida en que la contratación de Feria Valencia con Laterne Product Council -la empresa pantalla para la financiación irregular- y otras empresas de Vicente Sáez, reflejada en la información tributaria, no conduce de una manera definida y clara, por el momento, a considerar simulada esa relación comercial aparente", según explica el magistrado.
Si hay alguien que sale perjudicado de las impresiones extraídas por su señoría de los papeles del RitaGate ese es Alfonso Grau. El juez apunta a que Grau era el cerebro de la trama, el ideólogo. De hecho, no son suaves sus palabras para definir el papel capital que presuntamente jugó la mano derecha de barberá.
Del cohecho dice: "Desde la consideración de los hechos como presuntamente constitutivos de cohecho, tanto pasivo como activo, en principio aparecen como implicados Alfonso Grau, en tanto que receptor de las dádivas (en principio, en favor de tercero), como aquellas personas que dadivaron, supuestamente los representantes o responsables de las empresas aportantes que aparecen en el informe".
Añade que, además del cohecho, está "la posible malversación" que deriva "de las aportaciones efectuadas a la empresa LPC u otras del grupo empresarial del fallecido Vicente Sáez (con la finalidad oculta de financiar la campaña), procedentes de fondos públicos o de fundaciones o empresas participadas por organismos públicos". Es un delito que conforme a su tipificación, y régimen de prescripción aplicable a dicha fecha, "no estaría prescrito y los indicios participativos, según el informe, apuntan de manera especial a la persona de Alfonso Grau".
La mecánica utilizada por el PP de València era, según el magistrado, que en el año 2006, en virtud de tratos previos entre Alfonso Grau (por entonces vicealcalde), y Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, "ambos convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último, y en especial la empresa LPC, para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros desarrollados con motivo de las elecciones municipales del año 2007, velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo de ese modo su fiscalización y permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".
Explica el magistrado, tal y como desveló Valencia Plaza en exclusiva el pasado diciembre, que se firmó un contrato entre el grupo municipal y Laterne por 150.000 euros, pero que, en realidad la entrada de dinero B fue mucho mayor, de cerca de tres millones de euros, con un coste final de la campaña de Barberá de casi 2.700.000 euros. Para poder hacer la campaña sin que ‘saltara la liebre’, se obligaba a los proveedores a falsificar los conceptos de las facturas.