La familia de Grau vació unos trasteros clave en EEUU tras su detención

VALÈNCIA. La familia de Alfonso Grau vació unos trasteros que tenían alquilados en Estados Unidos y que los investigadores del caso Azud -la presunta trama de comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento durante los gobiernos de Rita Barberá- consideraban clave en la causa, según consta en el sumario revelado esta semana.

Los investigadores tenían la sospecha, según el sumario, de que en ellos pudo esconderse en algún momento parte del dinero en metálico que el exvicealcalde de la ciudad cobró durante años a cambio de adjudicaciones a Grupo Axis, propiedad del empresario Jaime Febrer, así como documentación sensible, bien en papel o formato electrónico. Sin embargo, los trasteros fueron vaciados entre 2020 y 2022, tal como confirmaron las autoridades de Estados Unidos, en el ínterin en que se produjo la detención de Grau (mayo de 2021).

Así se desprende de la respuesta a las comisiones rogatorias solicitadas por el juzgado de Instrucción número 13 de València. El tribunal había reclamado a las autoridades estadounidenses el registro del domicilio de una de las hijas de Grau, María Ángeles Grau, con la finalidad de intervenir documentación relacionada con la actividad delictiva de corrupción y blanqueo de dinero. Cabe apuntar que, según el auto de la jueza, el empresario, Febrer, utilizó una cuenta bancaria en JP Morgan de la que María Ángeles era titular junto a su marido Kent Lawrence para "pagar a Alfonso Grau la comisión por importe de 1.000.000 euros que pactaron ambos".

En respuesta a la comisión rogatoria, las autoridades norteamericanas pidieron al juzgado que argumentara por qué creían que en el domicilio podría hallarse información y documentación sensible vinculada a la trama. El juzgado argumentó que en los registros realizados el 13 de mayo de 2021, cuando se produjo la detención del exvicealcalde de València, encontraron "dinero en metálico" en el domicilio de las hijas: 16.000 en casa de Sofía Grau y otros 4.000 en la de María Ángeles.  

También justificaron que hallaron documentación en papel que confirmaba que Grau adquirió una vivienda con dinero "de origen ilícito; 200.000 euros en metálico de origen presuntamente delictivo en 2004; y papeles que ratificaban que quien fuera mano derecha de Barberá adquirió un local comercial que pagó parcialmente en metálico -186.000 euros fueron abonados en cash-. Así como albaranes o facturas emitidas por "empresas de construcción que obtuvieron adjudicaciones de obra pública mientras Alfonso Grau ejerció sus funciones" de cargo público en el consistorio.

Con todo ello, el juzgado sostenía que en el domicilio de María Ángeles Grau en Wisconsin -donde reside con su marido-, podría haber "documentación en papel o en dispositivos electrónicos relevantes" en relación a la investigación llevada a cabo y en la que se acusaba a Grau, entre otros delitos, de blanqueo de capitales. 

Asimismo, el tribunal también sospechaba que en él pudiera custodiar dinero en efectivo procedente de las mordidas. Y justifica de nuevo que en el registro de 2021, se encontró metálico en las viviendas de las descendientes de Grau. Sofía, argumentó que el dinero era de su padre (16.000 euros), mientras que los 3.350 euros que se encontraron en casa de María Ángeles (piso que está deshabitado porque reside en realidad en Estados Unidos), nunca fue reclamado por ella misma. 

"Todo el dinero de procedencia delictiva ingresado en las cuentas tituladas en Estados Unidos ha desaparecido sin saber su destino final en un mecanismo de integración en el circuito económico dentro del proceso de lavado de activos, no siendo descartable que parte de dicho dinero se encuentre oculto bien en el domicilio, bien en los trasteros alquilados y que se integre en el circuito financiero pagando bienes y servicios o manteniéndose en efectivo y oculto pudiendo disponer de él en el momento preciso dado los problemas judiciales y las multas económicas a que se enfrenta en los procesos judiciales de España", explicaron los investigadores. Es decir, que la tesis era que o bien se encontraba en el domicilio, o bien en unos trasteros que tenían alquilados María Ángeles y Kent Lawrence, su marido. 

"Las evidencia presentadas demuestran que las hijas están disponiendo del metálico de su padre, que mantienen lucrativos negocios con dinero procedente de la actividad delictiva de su padre y que tienen cuentas compartidas tanto en Estados Unidos como en España sin justificación comercial", añadía la rogatoria. Algo que consideraban inmotivado teniendo en cuenta que ni Grau tenía negocios ni propiedades en EEUU, ni sus hijas lo propio respecto a la empresa radicada en España. 

La petición, sin embargo, no dio los frutos esperados y los investigadores se toparon con un callejón sin salida. Las autoridades estadounidenses trasladaron al juzgado que la orden de registro no había podido llevarse a cabo porque, precisamente, Kent Baker (el marido de María Ángeles Grau) había dejado de alquilar los trasteros "y sacó cualquier propiedad de ellas a partir de 2020, 2021 y 2023 respectivamente". 

"Además, la empresa de almacenamiento no registra las fechas de las visitas de los clientes a sus unidades, por lo que no hay forma de correlacionar las fechas de las visitas con los reintegros de las cuentas de los registros bancarios", añade la respuesta a la rogatoria. Por lo que, el juzgado tampoco podía determinar si el vaciado de estos trasteros se produjeron en el momento de la detención del exvicealcalde de València si bien la horquilla temporal coincide.