El juzgado solicita a las empresas contratistas del Ayuntamiento toda la documentación de “relaciones comerciales entre 2006 y 2008” con el entramado de empresas de Vicente Sáez Tormo
VALÈNCIA. La investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP de la ciudad de València ha dado una nueva vuelta de tuerca a menos de 48 horas de que se levante el secreto de sumario. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si parte del dinero negro supuestamente negro destinado a financiar la campaña electoral de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2007 se movió utilizando una empresa con sede en Bruselas.
Según ha podido saber Valencia Plaza, y La Sexta en un trabajo de investigación conjunta, los agentes tratan de averiguar cuánto dinero salió de España, cuánto entró, qué empresas intervinieron y quiénes fueron los beneficiarios.
La empresa City Marketing Conseil SPRL tiene su sede en Bruselas y uno de sus accionistas, y a partir del año 2009 gerente, era Vicente Sáez Tormo, que también era el dueño de Laterne Product Council (LPC), la empresa que fue contratada por el PP de València para organizar la campaña de Barberá en 2007.
El juzgado envió hace un mes y medio una requisitoria de información a las empresas que presuntamente financiaron a Barberá y al PP de València hasta alcanzar la cantidad de tres millones de euros, 20 veces más de los firmado y auditado, 150.000 euros. Valencia Plaza y la Sexta no han querido desvelar este dato hasta ahora para preservar la investigación.
En la requisitoria a la que este periódico ha tenido acceso, el juzgado solicita "documentación que soporte relaciones comerciales entre los años 2006 y 2008 (facturas, contratos privados, órdenes de trabajo etc) especificando en cada caso en qué consistieron las mismas entre esa empresa y cualquiera de las siguientes: Laterne Product Council (LPC), City Marketing Council (CMC), Global Prjet by Couisins, Unigermans Tribut Council, City Marketing Conseil SPRL (con sede en Bruselas), Desarrollo de Proyec y Comercialización, Product Management Council (PMC) y JSMM Investor".
Los investigadores de la UCO llevan cuatro meses tratando de aclarar cómo se organizó el presunto circuito de entrada de dinero B para financiar la campaña. No es tarea fácil, ya que Sáez Tormo, ya fallecido, tenía un conglomerado de empresas que trabajaban unas con otras y que, obviamente, traspasaban dinero entre ellas.
En conocido como #RitaGate se investiga abundante documentación de la empresa Laterne que apunta a que empresas con contratos con el consistorio valenciano aportaron dinero a Laterne que según apuntes de la propia empresa habría servido para sufragar la campaña electoral de 2007. Una campaña que gracias a esta aportación de fondos habría tenido un coste 20 veces superior a lo que decía el contrato que el grupo Municipal firmó con la empresa de Sáez Tormo (150.000 euros). Alguna de las facturas de los gastos de campaña aparecen modificadas a petición de Laterne para ocultar que se estaban pagando gastos electorales.
Entre las empresas citadas como ‘donantes’, que figuran en una relación en la documentación aportada por Valencia Plaza al juzgado, se encuentran Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Rulv Valencia (UTE de Secopsa), el Grupo Rover Alcisa, Urbana Ducat, Nou Litoral, PKL Real State, Pavasal, Luján, Lubasa, Edival, FCC y Ágora Patrimonial.
Pero no solo de empresas se nutrió supuestamente la campaña, ya que la Fundación Valencia Convention Bureau (también conocida como Turismo Valencia o TVCB), de capital público, realizó supuestamente aportaciones de 100.000 y 431.000 euros a Laterne Product Council para gastos de campaña, lo que significaría que, dado que TVCB se nutría principalmente de fondos del Ayuntamiento, parte de la campaña se habría pagado con dinero de los contribuyentes. La UCO ha requerido al organismo municipal toda la información de contratos entre TVCB y Laterne.