VALÈNCIA. La magistrada que investiga las supuestas irregularidades en 11 contratos durante la visita del Papa Benedicto XVI a València ha citado a la líder del PPCV Isabel Bonig como testigo. Bonig deberá dar explicaciones, el próximo día 21 de noviembre a las nueve de la mañana, sobre la condonación de 500.000 euros a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias que firmó en su época al frente de la Conselleria de Infraestructuras. En aquella época el presidente de la Generalitat era Francisco Camps, a la sazón también imputado en esta causa.
La citación de Bonig se realizó después de que la juez mandara averiguar su domicilio pues no se la había podido citar, tal como publicó Valencia Plaza. Bonig asegura que no tiene ningún problema en ir a declarar, de hecho, cuando se hizo público que el fiscal del caso quería que acudiera al juzgado, la presidenta del PP valenciano dijo: “Iré como testigo, no hay problema, todo se hizo con todos los informes favorables de la Intervención y de la Abogacía”.
La juez ha previsto declaraciones entre los días 19 de noviembre y 12 de diciembre. La líder de los populares no es la única persona vinculada al PP que pasará por el Juzgado de Instrucción Número 5 de València. En la lista de testigos se encuentran también los patronos de la Fundación V encuentro Fernando Giner, expresidente de la Diputación de Valencia; Juan José Medina Esteban, ex alcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación de Valencia y el exdiputado autonómico del PP y exconcejal de València, Miquel Domínguez.
En la lista también figuran, entre otros, el que fuera interventor de la Diputación, Felipe Gómez de Gracia; la exsecretaria autonómica, María Ángeles Ureña; el tesorero de la Fundación, Antonio Sales o el presidente de la Fundación Agroalimentaria, Fernando Hernández.
Desde el año 2016, los instructores de esta causa investigan por los presuntos contratos fraudulentos a diez personas, entre las que destacan el expresidente de la Generalitat y presidente de honor de la fundación, Francisco Camps; el exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino; el obispo auxiliar y presidente de dicha fundación Esteban Escudero; el secretario del patronato y exvicepresidente de la Generalitat, Camps Víctor Campos; Francisco Javier Jiménez Fortea; y los comisionados de la Fundación V Encuentro Antonio Corbí, Enrique Pérez Boada -exconcejal y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas- y Henar Molinero, ex alto cargo del Consell, que hacía las labores de secretaria en la fundación.
Los investigados están acusados de los delitos de delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos. El montante total bajo sospecha son 20 millones de euros que se gastaron en los contratos de publicidad, propaganda, pantallas gigantes y 7.000 urinarios que se colocaron por toda la ciudad. Según la Fiscalía Anticorrupción, dichas adjudicaciones se realizaron sin respetar las más mínimas normas de contratación de la Administración Pública.
Precisamente es este último punto el epicentro de la pugna entre las defensas y el fiscal, pues la lucha jurídica se centra en dilucidar si la fundación era una entidad pública o privada en el momento en que la Generalitat asumió la deuda, ya que el Ministerio Público acusa de malversación de caudales públicos y prevaricación, delitos que no existirían en el caso de que se tratara de una fundación privada. Con estas nuevas declaraciones, el fiscal Jesús Carrasco tratará de demostrar que la Fundación V Encuentro era pública, lo que le permitiría seguir adelante con el procedimiento.
