Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La sociedad ITV de Levante, concesionaria de las estaciones de revisión de vehículos de Massalfassar, Campanar y San Antonio de Benagéber, reclama a la Generalitat 10,7 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial tras dos sentencias judiciales que anulan sendas bajadas de tarifas que el Consell aprobó en 2014 y 2019.
Según explica en la memoria que acompaña a sus cuentas anuales de 2019, la firma participada al 50% por la alemana TUV SUD y por la familia Catalán a través de sus empresas tiene interpuestas dos reclamaciones administrativas contra la Generalitat por esos recortes en las tarifas de la inspección técnica de vehículos.
La empresa, concesionaria del lote 5 de las estaciones de ITV de la Comunitat, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia TSJCV) le dio la razón en el recurso que interpuso frente a la Generalitat sobre la bajada de tarifas aplicada por acuerdo del Consell del PP en marzo de 2014. Por ello, presentó una reclamación frente a la administración autonómica pendiente de resolución en el momento de la formulación de las cuentas.
Hasta el 3 de mayo del año pasado, día del auto con el que el TSJCV anuló parcialmente ese recorte tras varios requerimientos para que se ejecutase la sentencia, la reclamación ya acumulaba los 10,7 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial, según calcula la propia empresa.
Tras esa anulación, el Consell del Botànic tuvo que aprobar un nuevo cuadro tarifario que nuevamente fue declarado nulo por el mismo tribunal a principios de este año al considerar que en realidad la finalidad del Consell fue "eludir el cumplimiento" de la sentencia anterior que anulaba la rebaja, ya que los precios aprobados son "prácticamente idénticos a los anulados".
La Generalitat Valenciana presentó un recurso de reposición que el Alto Tribunal valenciano desestimó en marzo de este mismo año, ratificando la anulación del cuadro tarifario basándose en los mismos argumentos, la intencionalidad de no cumplir las sentencias contrarias dictadas con anterioridad contra la administración. En ese punto, el Consell recurrió ante el Supremo.
La empresa concesionaria confía en que el auto del TSJ adquiera firmeza en el Supremo para que la Generalitat no tenga más remedio que reponer las anteriores tarifas. Si eso se produce, la indemnización a la que se enfrentará la Generalitat por el perjuicio ocasionado a la empresa habrá aumentando en función del tiempo desde la entrada en vigor de las tarifas anuladas (2014) y el final de este largo camino judicial.
Por otro lado, el informe de gestión del año pasado explica que la actividad inspectora en las tres estaciones que gestiona ITV de Levante aumentó un 5,5% hasta superar las 328.000 revisiones, de manera que fue la concesionaria que más creció en la Comunitat. Para el ejercicio actual, la empresa prevé un aumento de la actividad del 2% que se concentrará en el segundo semestre debido al alargamiento de los plazos de inspección por la declaración del estado de alarma forzado por la pandemia de la Covid-19.
La facturación respecto a 2018 aumentó un 2% hasta los 11 millones de euros, pero el beneficio obtenido fue de 1,07 millones, por debajo de los 1,5 millones que ganó el ejercicio anterior.
En 2019 la empresa afrontó una subida del 9,4% en los costes de personal hasta los 6,86 millones por la mayor cantidad de inspecciones realizadas y el "incremento del rigor" en la revisión de las emisiones, que ha provocado que el tiempo medio de inspección sea mayor.
La tasa de rechazo –que indica el número de vehículos obligados a una segunda revisión– se situó en el 16%, pero la firma tiene intención de converger con la media, que es del 20%.
