VALÈNCIA. Los dueños de la sociedad ITV de Levante, concesionaria de las estaciones de revisión de vehículos de Massalfassar, Campanar y San Antonio de Benagéber, han acordado repartirse 1,05 millones de euros a las puertas del final de la concesión, que expira al final de 2022, y a la vista de la intención de la Generalitat de revertir el servicio a la gestión pública.
La firma, participada al 50% por la alemana TUV SUD y por la familia Catalán a través de sus empresas, acaba de aprobar en una junta general extraordinaria reducir el capital social a 1.050.000 euros y devolver a sus socios el importe equivalente de esa reducción para que recuperen parte de sus aportaciones a la firma.
Además, según refleja la memoria de sus cuentas de 2018, el consejo de administración ya acordó en marzo del año pasado repartir 1,25 millones de euros entre los socios mediante un dividendo a cuenta del beneficio obtenido ese año, que fue de 1,54 millones de euros antes de impuestos, ligeramente inferior al de 2017.
En junio del año pasado, la general de accionistas aprobó otros dos dividendos: uno de 198.000 euros con cargo a reservas voluntarias y otro de 51.937 euros con cargo a los resultados del año anterior, 2017.
Por último, en diciembre el consejo de administración acordó pagar a los dueños otros 500.000 euros mediante un dividendo a cuenta del cierre del ejercicio 2019.
El pasado año, ITV de Levante facturó 10,9 millones de euros, un 4,3% más, pero las ganancias se redujeron ligeramente hasta los mencionados 1,54 millones de euros. En sus tres estaciones en la Comunitat realizó más de 310.000 inversiones, un 7% más.
También ha aumentado en 2018 la tasa de rechazo –vehículos que no superan la inspección a la primera– como consecuencia de la entrada en vigor en mayo de un decreto que, entre otras cosas, incluye pruebas más exhaustivas de emisiones contaminantes. Así, el rechazo medio en ITV de Levante es del 16%, pero la empresa destaca que la media "habitual" fuera de la Comunitat es del 20%.
Por otro lado, la empresa recuerda que el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón en el recurso que interpuso frente a la Generalitat Valenciana sobre la bajada de tarifas aplicada por acuerdo del Consell del año 2014.
Por ello, la firma ha presentado solicitud de reclamación patrimonial frente a la Administración, cuya resolución estaba aún pendiente a la fecha de formulación de las cuentas, por un importe de 8,79 millones, calculado hasta el 30 de junio de 2018.
Para el presente ejercicio, la empresa calcula que el número de inspecciones aumentará un 2,2%, mientras que la facturación será previsiblemente un 2,8% superior a la de 2018.
