"Es ridículo que solo el 2% de los mandos intermedios de la policía local sean mujeres"

VALÈNCIA. José María Ángel (1956) forma parte del grupo de veteranos del socialismo valenciano que fichó el president de la Generalitat, Ximo Puig, para presidencia. Alcalde durante 18 años de l'Eliana, población a la que se mudó cuando rozaba la treintena, ocupa actualmente la dirección de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, ente de nueva creación, con rango de secretario autonómico.

Licenciado en Geografía e Historia y especialista en archivística y biblioteconomía, Ángel ha tenido que repescar sus conocimientos como concejal de Seguridad para encargarse de un organismo que tutela policía local, la autonómica y los bomberos. Así, el curso pasado emprendió campaña contra los incendios. 

En un verano en el cual las llamas han dado una relativa tregua en la Comunitat, Ángel recibe a Valencia Plaza para abordar la polémica ley de bomberos, responder a las críticas por la Ley de Coordinación de Policía Local y explicar qué papel quiere dar al cuerpo policial autonómico. 

-Recientemente la Federación de Ciclismo, la Delegación de Gobierno y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, además de otros colectivos, protagonizaron una cumbre sobre cómo evitar más atropellos de ciclistas. ¿Qué soluciones se adoptaron y cómo está su puesta en marcha?
-Lo más importante es el factor riesgo. Un riesgo comprobado por la siniestralidad y las víctimas. El presidente (Ximo) Puig reunió a todos aquellos que tenían algo que decir: federaciones, usuarios, las diversas administraciones de distinto ámbito competencial, el Estado, respuesta sanitaria, las fuerzas de seguridad del Estado... Se les preguntó qué se podía aportar para mejorar. Primero se detectó dónde están los puntos negros y cuáles son los horarios de máximo riesgo para los ciclistas. Con todo eso, estudiaremos cómo se pueden minimizar riesgos.

-Usted señaló que hacían falta 2.000 bomberos para cubrir las vacantes y jubilaciones. Ese "agujero" como usted lo definió, ¿qué consecuencias tiene en la respuesta de emergencias?
-A corto plazo poco, pero a largo plazo mucho. Pasamos de convocatorias de oposiciones para policía, guardia civil o bomberos de más de tres y cuatro mil personas a ninguna. La gente se jubila, las vacantes no se ocupan y debemos tener en cuenta que la modernización de la administración española se produjo en los años 80. Por lo tanto, no hemos cubierto las plazas y se produce una fractura y el déficit. Son profesiones donde la experiencia es un arma muy importante para la calidad de la respuesta. Y esto se hace cohabitando varias generaciones. Uno de los primeros encargos que me hizo el president fue conocer a qué riesgos nos enfrentaremos en el futuro, cómo podíamos mejorar la respuesta desde la Comunitat Valenciana. Yo puse el acento en el déficit de personas que podemos tener. No podemos plantearnos una nueva respuesta a la emergencia si no vamos a contar con profesionales y con una nueva distribución de los recursos implantados en el territorio.

-En octubre vence el contrato con Inaer y, como ya sucedió el verano pasado con Avialsa, no es posible la prórroga del contrato. En septiembre hicieron una consulta preliminar de mercado para buscar todas las alternativas posibles. ¿En qué punto se encuentran ahora? ¿Cuentan con alternativas?
-Hemos preparado un pliego de condiciones. Lo que quería este Gobierno era aumentar la concurrencia, que se puedan presentar al concurso otras empresas. 

-Con Avialsa lo que hicieron fue sacar distintos lotes, ¿harán lo mismo con los helicópteros?
-Sí. Con los aviones finalmente se adjudicó a una empresa andaluza y en este caso hubo baja. Es decir, conseguimos casi 200.000 euros de baja. Son pliegos muy complicados porque son maquinarias muy complejas, caras y al alcance de pocas empresas. En helicópteros no hemos hecho lo mismo, pero sí una cosa importante. Y es que, la anterior administración sacaba helicópteros y los bomberos de las helitransportadas de forma conjunta. Nosotros, sin embargo, hemos sacado las helitransportadas y la idea es llevarlos directamente a través de la empresa Tragsa. Lo hemos hecho pactando y reflexionado con los propios trabajadores y, por lo tanto, a partir de ahora la Generalitat Valenciana tendrá contacto con estos 85 profesionales a través de la empresa publica Tragsa. Creemos que es un avance cuantitativo y cualitativo para que la propia agencia tenga y disponga de sus recursos, que ahora mismo tenemos con los tres consorcios -Valencia, Castellón y Alicante-.

-Decía en una entrevista que debía haber más mano dura con las personas que provocan incendios. De momento el Consell modificará la Ley Forestal para incrementar las sanciones. ¿Qué puede hacer la AVSRE en este sentido?
-Creo que, sobre todo con las negligencias y las malas praxis, tenemos que ser muy duros. De la misma manera que si alguien bebe alcohol, no debe coger el coche, debería pasar lo mismo con las malas prácticas en la montaña. Sigue habiendo quemas cuando no toca, prácticas agrícolas cuando no toca, se utiliza maquinaria en días de máximo riesgo, se lanzan colillas... Por lo tanto, ahí sí que creo que hay que ser muy duro.

-¿Y qué plantea la Agencia en este sentido?
-De la misma forma que nuestros y nuestras policías locales van a los colegios públicos y privados, pueblos y ciudades a enseñar el código de circulación, es muy importante la educación de nuestro comportamiento en la montaña. Y no hay que olvidar de que la Comunitat es de las más montañosas del estado español y la provincia de Castellón la segunda mas montañosa de España. Otra pata importante son los simulacros. En España hemos hecho pocos simulacros. 

-¿Tiene justificación que los bomberos no dependan de Medio Ambiente?
-Fue un acuerdo al que se llegó en el Pacto del Botánico. Se dividieron prevención y extinción de incendios para motivar dos tipologías políticas. Una era una adecuada respuesta respecto a las carencias que había tenido el anterior gobierno en un cuidado sobre el patrimonio natural. La Conselleria de Medio Ambiente decidió poner el acento en las políticas preventivas. Si tenemos buenas políticas preventivas, no actuaremos en extinción. Cuando actúa la emergencia es porque antes no se han hecho bien una serie de políticas. Esto es lo que estamos revirtiendo.

-La ley de bomberos es calificada como la ley embudo por los sindicatos. Argumentan que es una oportunidad perdida para profesionalizar los cuerpos e incluso creen que algunos artículos rozan la inconstitucionalidad...
-El gobierno anterior hizo esta ley en 2010. Es verdad que no hizo ninguna acción reglamentaria y este gobierno decidió junto con los sindicatos que, en vez de abordar cambiar la ley, desarrolláramos el reglamento a través de un decreto con el fin de poder hacer la norma un poco más funcional. Aprovecharnos de algún texto jurídico que nos permita afrontar todos los déficits de las miles de plazas que nos hacen falta en la Comunitat. 

-La nueva ley de Coordinación de la Policía Local provocó las protestas de diversos sindicatos, como el sindicato profesional de policías locales. Denunciaron un trato preferente a otros sindicatos en la elaboración de la ley...
-Siempre respeto a los sindicatos, pero esta ley tiene más de veinte versiones. Cuanto más participadas y consensuadas están las leyes, su implantación va a tener más crédito y más solvencia. Era una ley deficitaria de 1999. El sindicato profesional de policías locales quiso tener una representación mayor, y probablemente tuvieran razón, pero tanto Función Pública como la Abogacía de la Generalitat dijeron que no, que el cómputo de su representación es el de la administración en su conjunto. Por lo tanto decayó un poco su nivel de influencia y cuando ya teníamos trabajado más del 80 % de la ley elaborada, abandonaron la mesa. Respetuoso y comprensible, pero tenemos que continuar trabajando con la norma.

-¿La colaboración de la policía autonómica en la inspección de trabajo y en los apartamentos ilegales turísticos abre la puerta a que este cuerpo vaya adquiriendo cada vez más competencias?
-Las competencias las tienen, el problema es que antes la policía autonómica no ponía el acento en estos trabajos vinculados a las competencias que tiene el Gobierno valenciano. La policía autonómica, la unidad adscrita, trabaja con todas las competencias que tiene el Gobierno valenciano. La dirección general de Trabajo y los sindicatos trasladaron al presidente Puig la necesidad de que la policía autonómica trabajara para luchar contra el empleo sumergido y clandestino. Respecto a la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer nos pidió colaboración para luchar contra la oferta que hacen particulares a través de grandes holdings de manera clandestina o no ajustada a estándares de calidad y control. Ha habido un buen trabajo. Desde el 20 de junio se han supervisado 3.138 apartamentos, de los cuales 544 han resultado irregulares. Ésta ha sido una apuesta ejemplar de la Agencia Valenciana de Turismo, que ha demostrado que quiere que el turismo, que es un factor de crecimiento, sea seguro. 

-Podemos pidió la creación de una policía metropolitana. ¿La asociación de municipios para prestar servicio de policía conjunto responde a esta petición?
-Es uno de los grandes déficit que tenía la anterior ley. Si tú y yo tenemos términos municipales vecinos con respuesta sanitaria común, ¿por qué con la policía no? ¿Cómo que con la policía termina aquí mi termino municipal y no puedo participar en políticas de seguridad comunes? Esto es uno de los aspectos que se ha abordado en la ley. Por ejemplo, entenderíamos que las policías locales del área metropolitana de València, Torrente, Paterna, tuvieran políticas común de seguridad. 

-Además de la reserva de un tercio del cuerpo para mujeres, ¿qué otras medidas se han impulsado para evitar la discriminación por razón de género en el cuerpo?
-Esta medida tendrá rango legislativo, es un avance importante reservar el 30% de plazas para las mujeres. Lo que estamos haciendo es tratar de corregir todos los déficits desde la propia escuela de policía. Solamente tenemos una jefa de policía. Tenemos muy pocas mujeres responsables de policías locales en la Comunidad Valenciana. Es ridículo que solo el 2% de los mandos intermedios de la policía local sean mujeres. 

-¿La policía autonómica pretende recuperar las competencias en medio ambiente que ha reducido su peso respecto al Seprona?
-Yo creo que no, son instituciones diversas. Como contribuyente te molestaría que no tuviéramos una política pública de sanidad o educativa, pero ¿y de seguridad? Pago mis impuestos para que usted me proteja y el Estatut de Autonomía dice que podemos tener una policía autonómica. 

-¿Qué mejoras incluye el nuevo reglamento de bous al carrer?
-El reglamento debe ser fruto del consenso y lo ha propuesto alguien como yo, que soy aficionado a ellos. Somos la comunidad autónoma que más espectáculos taurinos hace, de los 16.000 que se hacen en España, casi 9.000 se hacen en la Comunitat Valenciana. La pregunta es: ¿Podemos mejorar en la respuesta? La obligación es minimizar las muertes que se producen, la mayoría por negligencias. Así, el reglamento incluye tres visiones: el bienestar animal; la seguridad del recinto –vallas, distribución–; y en tercer lugar la seguridad del participante. En las peñas hemos encontrado ciertos déficits que no deberían producirse. Hacerse un selfie o ir en chanclas, por ejemplo, es temerario. Pero todo se plantea desde el consenso. En Castellón más de 130 municipios tienen toros, hay una mayoría social allí que lo quiere. Cuando un alcalde denota que la mayoría social de su municipio no está a favor de algo, no lo hace. Nadie va a jugarse su prestigio o crédito político por dar una respuesta a algo que no piden sus ciudadanos. Por lo tanto, yo respeto a los que están en contra, pero también quiero que se respete a los que están a favor. 

-Su departamento también tiene competencias en ocio. ¿Qué regulación pretenden realizar? ¿Hay choques de competencias con las que tiene el concejal Carlos Galiana en el Ayuntamiento de València?
-Choque de competencias no, visiones distintas quizás. Tuvimos una reunión con Carlos Galiana y Anaïs Menguzzato con el fin de encontrar una respuesta ajustada a derecho para que ellos puedan tramitar algunas de estas necesidades acelerando los procesos. Probablemente ellos se quejen de que el Ayuntamiento abre actas y luego hay mucho retraso en las respuestas. Pero es verdad que en los dos últimos años yo he tramitado más de 1.000 expedientes y la administración anterior no hizo nada. Por lo tanto, hemos detectado que el Ayuntamiento tiene una necesidad, que es acelerar este proceso de tramitación y vamos a firmar un convenio en el último trimestre con el fin de trasladarle alguna competencia de la Generalitat. Ya tenemos un borrador preparado.  

-También controla el juego clandestino. ¿Qué peso tiene en la Comunidad Valenciana dentro del propio sector del juego?
-Esa es una competencia exclusiva. Tiene un peso menor, pero es un sector, como en todas las acciones delictivas, donde se maneja dinero y grandes recursos... Trabajamos con las asociaciones que denuncian el intrusismo, mesas clandestinas, etcétera. 

-¿Hay capacidad para regular o inspeccionar el juego online?
-La regulación depende de la Conselleria de Hacienda y la inspección, nuestra. Cuando estuve en el Senado me preocupaba mucho el juego online en los menores, y a la administración debería preocuparle. Las patologías que se producen en el juego con los menores son grandísimas. Ahí hemos tenido contacto tanto con la Conselleria de Medio Ambiente con el grupo de menores, como con la facultad de Psicología que tiene un profesor experto en este asunto. Pero es un terreno que se debería desarrollar mucho más porque el joven es muy vulnerable. No solamente porque puedan sustraer tarjetas a los padres o hayan hecho gasto de cifras millonarias de teléfono móvil u ordenador, sino porque se meten en un mundo donde al que le debes dinero siempre quiere cobrar. Es un mundo muy complicado y a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas nos consta que también le preocupa mucho.