MADRID (EP). La juez del caso del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, rechaza imputar en esta causa al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, tal y como solicitaba la Asociación de Consumidores
y Usuarios José María Mena, que integran afectados por covid-19 y cuya personación como acusación popular es la única admitida por el momento.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 recuerda a esta parte --cuya permanencia en la causa condiciona a la presentación de poder especial y prestación de 1.000 euros en concepto de fianza-- que "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.
Añade, en relación a Simón, que esta causa no se dirige contra él y que además su juzgado tiene evidencia de que al menos otros dos órganos judiciales en la capital tienen asuntos ya registrados en trámite contra el director del CCAES por los mismos delitos que la Asociación de Consumidores pretende acusar, por lo que les conmina a que se dirijan a dichos juzgados.
Las causas contra Simón aludidas por la juez Rodríguez-Medel han recaído en lo juzgados de instrucción números 11 y 53 de Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, y se encuentran pendientes de admisión, en el trámite de informe previo por parte de la Fiscalía. También entró en el Juzgado de Instrucción número 9 la que presentó una víctima de covid-19 antes de morir por los presuntos delitos contra la salud pública, por lesiones y homicidio por imprudencia profesional, aunque ésta última podría haber decaído.
En cuanto a la del Juzgado de Instrucción número 11, ha sido presentada por la abogada Verónica Suárez en representación del hijo y del nieto de una mujer fallecida por covid-19 también contra Simón por homicidio imprudente. Esta segunda familia ha pedido la cautelar de retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para el epidemiólogo.
Las mismas fuentes descartan que podían haberse presentado incluso querellas en otros juzgados diferentes aún pendientes de tramitar, como la instada por la propia Asociación de Consumidore y Usuarios José María Mena tambien contra Simón y otros cargos del Ministerio de Sanidad, según puede consultarse en la página web de esta organización.
Por otro lado, la magistrada ha rechazado la solicitud de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena de ampliar la denuncia inicial para imputar al conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno, por delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades por permitir la masiva manifestación del 8 de marzo.
"No procede admitir la ampliación toda vez que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos allí enunciados", explica Rodríguez-Medel en su providencia, que también remarca que la petición de la asociación no identifica a esos funcionarios.
En otro punto de la providencia dada a conocer este viernes, la magistrada acuerda citar como testigos el 11 de junio, un día después de que acuda Franco a declarar, a los promotores de siete manifestaciones que estaban convocadas en marzo y a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran.
El relato de estas llamadas consta en el informe realizado por la Guardia Civil y que se basa en las declaraciones que los investigadores tomaron en sede policial a los promotores de estas protestas, los cuales dijeron que estas comunicaciones se dirigían a "sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria creada por el covid-19". Algunos testigos hablaron de que les llamó "una funcionaria", otros dijeron que "un funcionario" y en un caso se dio el nombre de "un tal 'José Luis'".
Para valorar el alcance y aclarar estos hechos descritos por el Instituto Armado, a partir de las 15.30 horas del 11 de junio, Rodríguez-Medel cita, por este orden, a representantes de varios colectivo: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.
También deniega la juez la personación en la causa de letrado Javier Fernández Torres, al no cumplir su escrito con los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Crimal (LeCrim) ; y de la asociación Derecho a Decidir, por no cumplir tampoco con las cuestiones formales y por dirigir su acusación contra Fernando Simón Soria, "que no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento", insiste.
Ante la "multitud de escritos que se están recibiendo en este procedimiento por quien no está personado y en relación con hechos que no son objeto de la presente investigación", la juez reitera que estas solicitudes sólo pueden articularse por representaciones legales que formalmente hayan sido tenido por parte en este procedimiento, "personación como acusación popular que hasta ahora nadie ha cumplido" por lo que únicamente se contaba con las representaciones que ejercen el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.
