Justicia encarga a Tragsa la redacción del proyecto de reforma del TSJCV tras anularse el concurso

VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia se ha visto obligada a anular la resolución que se firmó en diciembre de 2018 por la que se encargaba a la empresa Transformación Agraria SA (Tragsa), la redacción y ejecución del proyecto de reforma del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La consellera Gabriela Bravo firmó esta resolución el pasado 25 de abril. La dotación prevista era de 25 millones de euros repartidos entre el 2019 y el 2021, pero una resolución de Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales echó por tierra la adjudicación firmada por Bravo. 

Este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda estimó parcialmente, a mediados de febrero, el recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) contra el encargo de la Conselleria de Justicia a favor de Tragsa, anulando dicha adjudicación. La consellera Bravo ha tardado más de dos meses en resolver esta situación.

El revés administrativo retrasará la reapertura de la sede judicial de València como mínimo un año, lo que exigirá mantener el alquiler de la nueva sede provisional del órgano judicial al menos 12 meses más. Dicha demora supondrá un gasto para el erario de 360.000 euros por cada año de retraso sobre lo previsto, ya que el alquiler es de 30.000 euros al mes. 

Fuentes de la Conselleria explicaron a Valencia Plaza que dos días después de la resolución que anulaba el contrato la consellera firmó otra, amparada en un informe de la Intervención General y de la propia resolución del Tribunal Administrativo Central. Según la citada resolución, la redacción del proyecto seguiría en manos de Tragsa, puesto que la licitación quedó desierta en un primer momento, y el montante total de dinero para ese fin es de 533.000 euros. 

La denuncia

La CNC había denunciado la situación después de que el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora, acusara al Consell de adjudicar "a dedo" a Tragsa la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de adecuación de la sede del TSJCV. 

El presidente de Fevec, antes de anunciar el recurso contencioso que ha terminado por darles la razón, cargó contra el Consell aseverando que la capacitación de las empresas del sector está "más reconocidas a nivel internacional que autonómico" y, en este sentido, lamentó que el Consell adjudicara "a dedo" la reforma de la sede del TSJCV a la empresa pública Tragsa por 25 millones "en lugar de favorecer al sector privado" porque "se pensó que no había empresas valencianas tanto técnicas como para la ejecución de la obra".

La CNC por su parte, tras recibir el citado recurso dijo que "atendiendo a la regulación establecida en la disposición adicional vigésima cuarta 4 de la LCSP, considera atendible el criterio de la recurrente, con arreglo al cual de acuerdo con su objeto social, Tragsa no puede (salvo en supuestos de urgencia, entendida esta circunstancia en su sentido estricto, como tareas de emergencia y protección civil de todo tipo, en especial, la intervención en catástrofes medioambientales o en crisis o necesidades de carácter agrario, pecuario) ejecutar contratos de obra en zonas o núcleos urbanos".

Hasta ahora, las previsiones de la conselleria eran las de destinar a las obras 25 millones, de los que 5,26 millones se iban a pagar en 2019, 12,31 en 2020 y los 7,39 millones restantes en 2021. Con la resolución del pasado 25 de abril todos estos fondos comprometidos quedan liberados ya que, hasta que se adjudiquen las obras de construcción, el dinero necesario son los 533.000 euros del proyecto y los 30.000 euros al mes de alquiler de la sede provisional.