VALÈNCIA (EFE). El exconcejal independiente de Turís (Valencia) Rafael Corell, que fue teniende de alcalde y concejal de Urbanismo de esta localidad entre 2003 y 2011, se enfrenta a una pena de 9 años de inhabilitación para cargo público por haber concedido, supuestamente, varias licencias urbanísticas obviando las deficiencias detectadas por técnicos municipales en esas promociones.
La supuesta actuación irregular de Corell, que formó parte del un Gobierno municipal integrado también por el PSPV-PSOE, fue denunciada por los dirigentes locales del PP, y su criterio ha sido asumido por la Fiscalía, que reclama su inhabilitación en el juicio iniciado este martes en la Audiencia Provincial de Valencia.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, Corell firmó al menos dos licencias de primera ocupación para sendas promociones urbanísticas desarrolladas en su municipio obviando las deficiencias detectadas por el arquitecto municipal.
La primera de ellas, a una empresa que había construido seis viviendas unifamiliares aisladas en la urbanización Viñamalata.
El arquitecto municipal emitió un informe en marzo de 2006 en el que se recogía expresamente que no procedía la concesión de la referida licencia, y días después emitió un segundo informe en el que condicionaba dicha licencia al subsanamiento de algunas deficiencias referidas, entre otros asuntos, a los suministros de agua y electricidad.
Tras considerar ejecutadas las obras, la promotora solicitó la cédula de habitabilidad, pero el arquitecto municipal, en diciembre de 2007, apuntó en un nuevo escrito que no procedía, dado que la obra no se había ejecutado de acuerdo a lo establecido en la licencia.
Sin embargo, el procesado, en calidad de concejal de Urbanismo, dictó en enero de 2008 una providencia para requerir el subsanamiento de las deficiencias en un plazo de 15 días, y siete días después, “sin que fuese materialmente posible la subsanación”, según el fiscal, concedió la cédula de habitabilidad.
Los vecinos de esta urbanización denunciaron posteriormente deficiencias en el suministro eléctrico y de agua potable, que “provenía de unos depósitos abastecidos con camiones cisterna de origen desconocido”, siempre según el escrito del fiscal, y con agua “no apta para el consumo humano, con contaminación de posible origen fecal”, de acuerdo a unos análisis realizados en laboratorios privados.
Del mismo modo, en 2005 el arquitecto municipal de Turís había advertido sobre deficiencias en la licencia para una promoción de 32 viviendas en este mismo municipio.
Una vez ejecutada la promoción, en junio de 2009, se requirió a la empresa para que subsanase las deficiencias encontradas, pero el acusado, en agosto, concedió la licencia de primera ocupación “sin cumplir formalidad alguna”, siempre según el fiscal.
Por todo ello, el fiscal considera que el procesado es responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que reclama una pena de 9 años de inhabilitación.
