VALÈNCIA. Una de las sesiones más destacadas del juicio sobre la (ahora sí) financiación en B de las campañas del PP en València durante los años 2007 y 2011 fue aquella en la que el exasesor popular Jesús Gordillo, quien durante la instrucción del caso Taula confesó prácticas ilegales para sufragar los gastos electorales en un testimonio que se convirtió en clave para la investigación, eximió al que fuera vicealcalde de València Alfonso Grau –condenado a cuatro años y medio de cárcel– de cualquier responsabilidad.
Gordillo generó gran sorpresa con un cambio radical de la versión de los hechos. Todo lo contrario a la ofrecida a lo largo de la instrucción y que supuso un intento de espaldarazo al que fuera mano derecha de Rita Barberá.
El exasesor de Grau trabajó en Laterne, una agencia de comunicación de la que se sirvió el grupo municipal popular para financiar la campaña de 2007. Ésta no tenía actividad real y se dedicó a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento. Su administrador era Vicente Sáez, fallecido y amigo de Grau.
Gordillo, sin embargo, no reconoció en el juicio esta forma de actuar desde Laterne. Aseguró que Grau no le dio ninguna orden sobre los pagos irregulares de facturas para las campañas de Rita Barberá. También afirmó que el exvicealcalde nunca le entregó dinero en efectivo para ello y se desdijo de sus declaraciones sobre que éste se reunía con diversas empresas, contratistas del Ayuntamiento, que realizaron pagos para financiar al partido.
En la misma línea, negó –en contra de lo que aseguró en 2016– que se cambiaran conceptos de facturas de empresas para pagar la campaña del PP y ofreció como tesis que los proveedores en realidad querían aprovecharse de la agencia pasando facturas hinchadas por los actos electorales, lo que elevó el coste final de la campaña del PP de forma artificial.
Gordillo indicó, igualmente, que entregó una documentación en la Fiscalía sobre la caja B del grupo municipal porque un hombre al que no ha identificado y del que dijo que se encontró en una calle poco transitada amenazó a sus hijos. "Me entregó una documentación, me dijo que la llevase al fiscal, le dije que no y me enseñó una foto de mis hijos", relató. A continuación, comentó que tuvo la documentación dos días en casa "sin mirarla" y que finalmente decidió entregarla a una periodista de Valencia Plaza.
El motivo de su cambio de versión señaló que se debía a "errores" porque en 2016 estaba con depresión, medicado, en proceso de divorcio y "agotado" por las horas que estuvo esperando a prestar declaración y declarando. Además, comentó que recibió "presiones" de la Guardia Civil y que fue víctima de "preguntas capciosas o malintencionadas" por parte de los agentes.
Todo este testimonio tan destacado ha sido valorado por la Audiencia de Valencia en la sentencia en la que considera probada la caja B del PP de la ciudad para las elecciones de 2007. Y la conclusión de la sala es que "no resulta creíble".
El juicio contó con un testimonio que contradijo la versión de Gordillo sobre el trasiego de los papeles que dibujaban la caja B del PP: el del director de Valencia Plaza, Javier Alfonso. A lo largo del interrogatorio de la Fiscalía y del tribunal de la Audiencia de Valencia, señaló que Gordillo, según interpretó en aquel momento, quería perjudicar a Grau y entregó a Valencia Plaza unos papeles en los que aparecían presuntas operativas ilegales para financiar la campaña del PP de València en 2007.
Explicó que había sido empleado en la agencia de comunicación Laterne y les expuso, con documentos, procedimientos ilegales a través de ella para sufragar gastos electorales. Estos papeles eran contratos, correos electrónicos, facturas o albaranes, etc. También aparecían, ha dicho, empresas públicas y privadas que aportaban dinero a la agencia y que, según afirmaba él, lo que en realidad estaban financiando eran actos de campaña.
El director de Valencia Plaza comentó que Gordillo estuvo reunido con él y con una periodista en las oficinas del diario entre dos y tres horas. "El lo que quería era que lo publicáramos todo. Pero eran más de mil folios y le dijimos que era inabordable y presuntamente delictivo. Le recomendamos que lo llevara a la Fiscalía. Él no quería llevarlo y le dijimos que lo llevaríamos nosotros", señaló.
En aquel momento, destacó, no les dijo que hubiera sido amenazado y tampoco se le veía nervioso con la situación. Igualmente, afirmó que no recordaba exactamente si les dio algún motivo para perjudicar a Grau.
El director de Valencia Plaza rebatió también las palabras de Gordillo sobre que todavía estaba esperando la copia de los papeles que entregó a la periodista. "Nosotros escaneamos la parte que él nos dijo que era más importante, aquella relacionada con la financiación de la campaña electoral, para publicarlo más adelante. De eso escaneado le dimos una copia en un pen. Y todo lo original lo entregamos a la Fiscalía", incidió. El exasesor del PP, añadió, "no se opuso" a esa entrega de la documentación a Anticorrupción.
Ahora, la sentencia de la Audiencia de Valencia considera que el testimonio de Gordillo "carece de cualquier apoyo probatorio y carece de dato alguno que permitiera averiguar si pudiera ser o no cierta, al ser muy pobre en detalles". El director de Valencia Plaza, prosigue, "nada apreció en éste compatible con la situación de temor que, según la novedosa versión ofrecida en juicio, le habría llevado a entregar la documentación".
"Además, dicho testigo desmiente algunos extremos relevantes de la versión del señor Gordillo. Este dijo que entregó la documentación obedeciendo una orden y para evitar las consecuencias que un hombre desconocido le había anunciado para el caso de que no la atendiera. También que no llegó siquiera a examinar la documentación. Sin embargo, el señor Alfonso desmiente dicha versión y refiere que el señor Gordillo fue explicando el contenido de lo que entregaba, identificando los documentos que consideraba más relevantes y todo ello sin revelar miedo o angustia. No consta motivo alguno que pudiera llevar al señor Alfonso a mentir sobre tales particulares. Tampoco consta razón alguna por la que, descartada la atribución de verosimilitud a la versión ofrecida en juicio por el señor Gordillo, pudiera éste haber mentido en sus primeras declaraciones", sostiene la sentencia.
A todo ello suman que el exasesor de Grau "podía haber accedido a la documentación que entregó al haber trabajado para Laterne y haberse encargado, entre otros menesteres, según su propia declaración, de la gestión de pagos a proveedores por servicios prestados para la campaña electoral de la candidatura del PP a la Alcaldía de València en 2007".
A juicio de los magistrados, lo que ofrece la documentación que entregó Gordillo y la documentación bancaria y fiscal aportadas durante la fase de instrucción "es congruente con lo que declaró en dependencias policiales y ante el juzgado de Instrucción: se trataba de documentación acreditativa de que los servicios contratados por Laterne para atender lo que se le fue demandando para organizar y desarrollar la campaña electoral del PP al Ayuntamiento de Valencia en 2007 eran los plasmados en las relaciones de facturas contenidas en dicha documentación. Y los importes recogidos en relaciones y facturas se correspondían con los reclamados por los proveedores y que fueron abonados".
A lo que añaden que la prueba testifical practicada en el juicio "no abona la hipótesis" ofrecida por Gordillo: "Éste dijo que facturas reclamadas a Laterne o al Ayuntamiento por servicios de campaña no se correspondían con los servicios prestados para la campaña. Sin embargo, dicha versión no fue confirmada por ninguno de los trabajadores de Laterne".
La Audiencia Provincial expone las trampas del partido para financiar las campañas de 2007 y 2011. En esta última no se ha podido demostrar el origen de los fondos