VALÈNCIA. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de València ha citado este miércoles a siete de los 24 condenados por el caso Emarsa, que ha juzgado y condenado el saqueo de la depuradora de Pinedo, para las vistas de prisión solicitadas por la Fiscalía, tal y como adelantó en exclusiva Valencia Plaza el pasado viernes. Finalmente deberán acudir los condenados a más de seis años de cárcel y no a siete como se preveía en un principio.
Según ha podido saber, las citaciones irán de menor a mayor importancia. Los magistrados comenzarán a las 9.15 de la mañana con Vicente Ros, y seguirán a las 9.40 con su socio Enrique Sena. Tras ellos será el turno de Sebastián García, más conocido como ‘Chanín’ a las 10.30 y a las 10.50 José Juan Morenilla. Por último entrarán los principales condenados Enrique Crespo a las 11.15, Enrique Arnal a las 11.40 y Esteban Cuesta a las 12.
Entre los delitos por los que han sido condenados tras saquear más de 23 millones de euros de dinero público a través de la depuradora de Pinedo se encuentran el cohecho, delito continuado de prevaricación administrativa de un delito continuado de falsedad de documento oficial y mercantil, en concurso medio con un delito continuado de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.
Las penas impuestas constatan la gravedad del delito: doce años y medio para el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta; diez para Enrique Crespo, exvicepresidente popular de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, y otros 9 años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar). Al ex director financiero de esa empresa dependiente de la Generalitat Enrique Arnal le condena a ocho años y seis meses, y al exresponsable de informática de Emarsa Sebastián García, a siete años y seis meses.
Las condenas oscilan entre los 9 meses y los doce años y medio de cárcel para los 24 acusados y, además, considera partícipe a título lucrativo a la exmujer de uno ellos. Asimismo, fija indemnizaciones a pagar de forma solidaria hasta los 23,5 millones de euros, así como otras de menor cuantía a título particular. Es más, las indemnizaciones fijadas van al céntimo con las solicitadas por las fiscales, lo que deja claro el intenso trabajo de ambas en este caso.
