José Luis Escrivá, presidente de la Airef. FOTO: EFELa AIReF considera "poco ambicioso" el nuevo objetivo del 0,7% de déficit autorizado por el Gobierno para las comunidades autónomas porque no permitirá cumplir el límite del 3,6% fijado para el conjunto de las administraciones
VALENCIA. Tras criticar que el Gobierno no le hubiera remitido toda la información para evaluar el programa de estabilidad, la Autoridad Fiscal de Responsabilidad Independiente (AIReF) ha validado el cuadro macroeconómico remitido por el Ejecutivo a Bruselas para el periodo 2016-19, pero con observaciones de calado. Según la institución, el nuevo límite del 0,7% fijado por el Gobierno para las comunidades autónomas es "poco ambicioso" porque según sus estimaciones no permitirá cumplir el objetivo fijado para el conjunto de las administraciones, del 3,6% para 2016.
La AIReF calcula que, para alcanzar ese objetivo de déficit público, se necesita un esfuerzo de consolidación presupuestaria de unos 4.000 millones de euros. Dado que el Gobierno ya ha anunciado un acuerdo de no disponibilidad de crédito de 2.000 millones por parte de la Administración Central, los otros 2.000 deberían resultar del esfuerzo de las comunidades autónomas, ya que ni la Seguridad Social ni los Ayuntamientos prevén ajustes. Y según la institución, el Gobierno no ha tomado medidas para lograrlo.
En primer lugar le reprocha falta de "credibilidad" en el acuerdo de no disponibilidad de gasto de la administración central porque no ha concretado los detalles. “La AIReF, aunque lo ha solicitado, no dispone, a la fecha de publicación de este documento, del Informe sobre el Acuerdo de Consejo de Ministros que sustenta esta decisión para poder evaluar las partidas sobre las que se aplicará y las garantías establecidas para hacerlo efectivo", sostiene la institución en su informe de evaluación del programa de estabilidad.
Adicionalmente, considera que para conseguir los 2.000 millones que debería resultar del esfuerzo de las comunidades autónomas, éstas tendrían que tomar "medidas adicionales" para limitar el déficit "al menos al 0,6% del PIB”, frente al 0,7% que les exige el Gobierno, un límite que "no parece suficientemente ambicioso".
En ese punto, la AIReF insiste, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, en la conveniencia de establecer objetivos de déficit diferenciados para las diferentes comunidades autónomas. Según su criterio, el esfuerzo a realizar por cada región debería tener en cuenta aspectos como la evolución de los recursos del sistema de financiación, la incidencia de las operaciones no recurrentes registradas en 2015 o la contención del gasto público implícita para alcanzar la senda prevista.
"La fijación de una misma senda para todas las CCAA supone un riesgo para el cumplimiento del objetivo global de estabilidad"
"La fijación de una misma senda para todas las CCAA supone un riesgo para el cumplimiento del objetivo global de estabilidad presupuestaria, y aún más claro de la regla de gasto, permitiendo en algunas CCAA una relajación de los compromisos y previsiones de sus presupuestos aprobados”, alerta.
El organismo divide a las regiones en dos grupos. Por un lado, ocho comunidades en las que la ejecución "rigurosa" de sus presupuestos sería suficiente para cumplir holgadamente con el 0,7% del déficit que el Gobierno exige al conjunto de las comunidades, hasta el punto de que podría llevarles a una "relajación de los compromisos".
En el caso de las nueve comunidades restantes, entre las que se incluye a la Comunitat, la AIReF sostiene que los esfuerzos que tendrían que realizar comprometen el cumplimiento del objetivo "tal y como se ha observado en ejercicios anteriores".
Según las estimaciones de la AIReF a la vista de los presupuestos de estas nueve comunidades, el déficit agregado de este grupo podría alcanzar el 0,9%. Para que el conjunto de las comunidades pudiera alcanzar el 0,7% que el Gobierno exige a cada una de ellas individualmente, la nueve regiones incluidas en este grupo tendrían que realizar un ajuste equivalente a dos décimas del PIB.
En el caso de la Comunitat, se trata de un ahorro de unos 200 millones de euros sobre la previsión de déficit calculado sobre el presupuesto inicial, que la AIReF sitúa en el 1,5%. Tras la corrección de dos décimas, la AIReF estima que la región podría finalizar el ejercicio con un déficit del 1,3% frente al 2,5% de 2015 pero aún muy por encima de lo que le exige el Gobierno.
El Ministerio de Hacienda ha instado por carta a catorce comunidades autónomas a adoptar acuerdos de no disponibilidad que deben concretar antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este jueves, para lo que ha abierto una ronda de contactos bilaterales con las regiones afectadas. La Comunitat, que el pasado viernes inició la serie de reuniones con el Ministerio, ya ha advertido de que no piensa llevar a cabo ajustes adicionales.
La AIReF insta a las comunidades en riesgo de incumplir sus objetivos a identificar las partidas sobre las que aplicarán los acuerdos de no disponibilidad en los correspondientes Planes Económico Financieros (PEF) que tienen que presentar en mayo.
El organismo subraya que la adopción de estos acuerdos de no disponibilidad "no supone, a priori, para ninguna comunidad autónoma una disminución de los empleos no financieros primarios respecto al año anterior”, hecho que contrasta con la "gran dispersión "de tasas de variación de estos empleos entre CCAA si a todas ellas se les exigiera un déficit del 0.7% del PIB, "con reducciones del gasto que pueden llegar al 2,5% interanual y crecimientos por encima del 7%.
Por otro lado, el informe de evaluación del programa de estabilidad emitido por la AIReF este lunes avisa de que "para que sea sostenible en el tiempo y pueda reducirse el déficit público por debajo del 3% en 2017, como prevé el Gobierno, es necesario adoptar medidas con vocación de permanencia no garantizada con un acuerdo de no disponibilidad de gasto de vigencia anual".
Esto quiere decir que el nuevo Gobierno habrá de hacer algo más que cumplir los acuerdos de no disponibilidad de gasto en el Estado por importe de 2.000 millones anunciado por el Ejecutivo en funciones, o aplicar la regla de gasto en las comunidades autónomas.
"Será necesario que un nuevo Gobierno, ya no en funciones, elabore un nuevo Programa de Estabilidad con un horizonte de medio plazo donde se visualice un compromiso creíble con el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las finanzas públicas", sostiene.
