VALENCIA. El enfrentamiento judicial que desde hace años mantienen la familia Pastor y la firma Cleop por el control de la promotora inmobiliaria Urbem está en el epicentro del conflicto abierto entre jueces de lo Mercantil de Valencia que ha provocado el inicio de una inspección interna por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las resoluciones judiciales objeto de esa inspección también provocaron que Inversiones Mebru, la firma a través de la cual el grupo Cleop participa con un 33% en el accionariado de Urbem, diera marcha atrás en su petición de que se celebrase una junta general de la citada promotora para nombrar administrador único de la misma.
Así consta en el escrito que Carlos Turró, presidente de Cleop, ha remitido recientemente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para aclarar algunos aspectos de su auditoria. En este documento, el representante de Cleop justifica su desistimiento para la celebración de la junta de Urbem porque, como consecuencia de una serie de resoluciones judiciales anuladas -las que están siendo inspeccionadas por el CGPJ- su rival por el control de Urbem tendría mayores derechos de voto de los que le corresponderían antes de que esa resolución judicial quedase sin efecto.
El representante de Cleop se refiere a la sentencia con la que el magistrado de refuerzo del juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia, del cual es titular Salvador Vilata, que confirmaba la nulidad de una suscripción de acciones de Urbem por parte de José Pastor, tal y como había dictaminado la Audiencia Provincial de Valencia en una sentencia del 5 de marzo de 2015. Mediante esa suscripción, la familia Pastor alcanzó una participación del 68,27% en Urbem.
En ella se decretaba como medida cautelar la suspensión de los derechos de voto en la junta de Urbem de las acciones suscritas por Pastor. En ese escenario, Inversiones Mebru solicitó que se celebrase una junta para elegir administrador único.
Pero antes de que se convocase esa junta general, a principios de diciembre de 2015, el titular del juzgado de lo Mercantil 1, Salvador Vilata, admitió a trámite una solicitud de declaración de nulidad de la resolución emitida por el magistrado de refuerzo con una providencia en la que, además, se suspendían las medidas cautelares: las acciones compradas por Pastor volvían a ser válidas.
Posteriormente, en un auto dictado el 29 de diciembre pasado, acordaba levantar la suspensión de todos los efectos de la nulidad declarada por la Audiencia de Valencia de la suscripción de acciones de Urbem por parte de Pastor.
Lo hizo sin razón objetiva, según las actas de la inspección abierta por el CGPJ citadas por Cleop. Posteriormente, el juzgado desestimó un recurso contra esa decisión planteado por Inversiones Mebrú, que recurrió en apelación a la Audiencia de Valencia sin que por el momento esta haya resuelto.
La actuación del CGPJ para analizar la validez de las resoluciones dictadas por Salvador Vilata, que habría aprovechado un permiso del juez de refuerzo para emitirlas, se basa en la posible comisión de "faltas muy graves", según las actas del órgano judicial citadas por Cleop. El motivo sería la presunta "intromisión en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez".
En su escrito a la CNMV, Turró también se refiere a la junta de Urbem celebrada el pasado enero convocada por el "administrador no de derecho" Regesta Regum.
En la misma, tal y como informó Valencia Plaza, el actual administrador único, José Pastor, incluyó en el orden del día la modificación del sistema de administración de la sociedad para pasar de administrador único a consejo de administración.
Con ello, al margen de que se le permitiría la entrada a Cleop en el consejo de Urbe en virtud de su participación del 33% en el capital de la promotora, la familia Pastor perseguiría protegerse ante el riesgo de quedarse fuera del órgano de gobierno de la compañía en el caso de que se confirmase la anulación de la ampliación de capital que daría a Inversiones Mebru la mayoría en la sociedad. Todo dependerá de cómo resuelva el Supremo el recurso presentado por Regesta.
Por otro lado, tal y como publicó Valencia Plaza, el escrito remitido por Turró a la CNMV también revela la existencia de una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia en la que José Pastor es condenado a siete meses de cárcel por administración fraudulenta en Urbem. El fallo ha sido recurrido en apelación por el condenado ante el Supremo.