La CEV denuncia que ni el ICO, ni la SGR ni el IVF responden a la urgencia de liquidez de las empresas

VALÈNCIA. El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, ha reclamado este viernes que se relajen las condiciones para la concesión de créditos para garantizar liquidez a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus y que tanto el sector público como el privado cumplan los plazos de pago establecidos. Al respecto, ha criticado que ni el ICO a nivel nacional, ni la SGR y el IVF en el ámbito autonómico, están "dando la respuesta" que urge el tejido productivo y el mantenimiento del empleo.

Al respecto, Navarro ha reclamado al ICO que adelante la reasignación de los fondos pendientes respecto a la fecha prevista, el próximo 30 de junio, ya que ha advertido que algunas empresas no podrán aguantar hasta entonces. En una rueda de prensa telemática, el presidente de la CEV ha destacado que, una vez agotado el primer tramo de 20.000 millones y mientras se mantiene abierto el segundo y el tercer tramo, hasta ahora se han tramitado en la Comunitat 30.000 operaciones, 3.000 millones en avales y 3.929 millones en financiación. 

"El 30 de junio va a ser tarde para muchas empresas" que desean abrir conforme avancen las fases de desescalada, para entonces "habrán muerto", ha augurado.Según la CEV, en estos momentos en la Comunitat Valenciana hay 30.049 operaciones de créditos ICO, lo que supone el 11,05% del total nacional, en 23.266 empresas. El aval solicitado asciende a 3.016 millones, el 10,79% del conjunto del país, y se han financiado 3.929 millones de euros, el 10,67% del total nacional.

Navarro ha lanzado esta petición durante la presentación del documento Mejorar la competitividad para favorecer la recuperación elaborado por la patronal autonómica CEV con varios ejes de acción en compromiso social; diálogo social; innovación; agilidad administrativa y seguridad jurídica; industria; liquidez y fiscalidad más competitiva; y colaboración público privada.

Precisamente en el apartado de la liquidez, el trabajo apremia a asegurar que las empresas, con independencia de su tamaño o actividad, dispongan de liquidez suficiente "para sobrevivir ahora y para encarar la recuperación en el corto plazo". "Evitar el estrangulamiento de las cadenas de pagos tiene que ser un objetivo compartido, por ello la CEV propone que se relajen las condiciones para la concesión de créditos, que la liquidez llegue con mayor agilidad, y que tanto el sector público como el privado cumplan los plazos de pago establecidos", establece el documento.

Junto a la liquidez, el trabajo considera que los mecanismos de la política fiscal "pueden y deben ser aprovechados para facilitar la recuperación". El incremento de la carga fiscal, a juicio de la patronal, no sólo reduciría los niveles de competitividad para las empresas radicadas en la Comunitat Valenciana sino que tendría "unos efectos negativos sobre la demanda agregada, la actividad y el empleo".

La CEV está "convencida" de que la política fiscal, además de proveer de los recursos necesarios para el sostenimiento del Estado del bienestar, "debe contribuir a mantener una economía dinámica, competitiva y generadora de empleo".

El presidente de la CEV ha destacado que el trabajo, que este jueves le trasladaron al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "es un documento muy bien trabajado, con la intervención de más de 700 personas", ha destacado el dirigente de la patronal.

Impacto en el PIB 

Y es que en estos momentos la recuperación se hace más necesaria que nunca. De acuerdo con los datos de la CEV, en los 60 días de confinamiento por el 'estado de alarma' establecido para frenar la pandemia, el impacto en la economía de la Comunitat Valenciana --que de media genera unos 110.000 millones de euros de PIB al año-- ha sido de un 30 por ciento, con lo que supone 5.400 millones de euros, una caída del 5,4% del PIB.

Para ello ha puesto de relieve la necesidad inmediata de "liquidez" para las empresas y ante la llegada del extraFLA ha pedido que se tenga en cuenta la deuda de la Administración con proveedores. Solo la Conselleria de Economía debe 235 millones por convenios y actuaciones de 2019 que están por pagar. Esa cantidad es "sangre en las venas" para las empresas, ha subrayado.