La Comunitat ha recortado en 1.380 millones el gasto en Sanidad y Educación desde 2009

VALÈNCIA. Casi 1.400 millones de euros. Ese es el recorte que la Generalitat se ha visto obligada a realizar en sanidad, educación y servicios sociales para compensar el desplome de los ingresos provocado por la crisis. Ese intenso ajuste en el gasto real destinado a los servicios públicos no ha evitado, sin embargo, que la deuda se haya incrementado de forma exponencial desde 2009 porque los recursos que el sistema de financiación pone a disposición de la Comunitat no alcanzan ni siquiera para cubrir el coste de las competencias transferidas.

De hecho, la deuda pública de la Comunitat se ha incrementado en más de 28.500 millones de euros durante los últimos siete años hasta alcanzar los 44.658 millones de euros. El 77% de esa deuda es con el Estado debido a que la Comunitat se ha visto obligada a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para financiar la prestación de esos servicios y compensar los fondos que año tras año ha dejado de percibir del sistema de financiación.

En el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común, el recorte en servicios públicos esenciales alcanza los 13.640 millones de euros. Según cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el gasto social por habitante en esas comunidades se ha reducido de media un 2,1% anual. Su director, Francisco Pérez, destacó estos datos para rebatir una errónea creencia sobre el elevado nivel de gasto de las autonomías.

Lo hizo durante el seminario Una lectura coral del Informe de la Comisión de Expertos para la revisión de la Financiación Autonómica, organizado este miércoles por el Ivie en colaboración con la Generalitat. Durante su intervención, el experto destacó que mientras las comunidades no han tenido más remedio que recortar el gasto social, la Seguridad Social y la Administración central– han podido evitar los recortes en las pensiones, la cuarta pata del Estado del Bienestar.

En el mismo periodo en el que las comunidades se han visto forzadas a reducir en 13.640 millones el gasto en servicios públicos esenciales, las administraciones centrales lo han incrementado en 14.480 millones.

El experto, que en los últimos meses ha representado a la Generalitat Valenciana en la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación, consideró que el desarrollo del sistema actual, aprobado en 2009 y que sitúa a la Comunitat a la cola en recursos por habitante, se ha visto condicionado por la crisis y el descenso de los ingresos en las arcas públicas.

Además, destacó que con la crisis se han puesto de manifiesto las consecuencias de la limitada autonomía fiscal de las comunidades, que al no tener competencias normativas sobre los impuestos indirectos no han podido tomar decisiones para mejorar sus ingresos sobre la mitad de los tributos que las financian, IVA e Impuestos especiales.

Pérez, que expuso las principales conclusiones y propuestas de ese informe, subrayó que la revisión del sistema de financiación autonómico debe fundamentarse en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en igualdad de condiciones. Con los datos de 2015, la insuficiencia de recursos del sistema se elevaba a 16.000 millones de euros.

Puig insiste en la mutualización de la deuda

Además de reforzar la autonomía fiscal de las comunidades, el informe de los expertos concluye que debe ponerse fin al statu quo que beneficia a algunas comunidades frente a otras, así como eliminar las diferencias de recursos por habitante ajustado para los servicios públicos fundamentales que existen actualmente. Pérez destacó que, con el modelo vigente, se dan diferencias de hasta 30 puntos por habitante entre la mejor financiada, Cantabria, y la peor, la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reclamó durante su intervención en la clausura de este seminario que la negociación política del nuevo sistema de financiación ha de iniciarse de forma "urgente" para que se cumpla así el mandato de la última Conferencia de Presidentes para cerrar los términos del nuevo modelo en 2017.

Puig destacó que el informe de los expertos incide en cuestiones como el problema de la insuficiencia financiera, que "castiga al Estado del bienestar", o la mutualización de la deuda valenciana, una cuestión que consideró "irrenunciable" si se quiere buscar un trato igualitario a pesar de que no todos los expertos están de acuerdo en este punto.

Por su parte, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, defendió que este "es un buen momento" para abordar el cambio del sistema de financiación de las comunidades, a pesar de la subida de tono del enfrentamiento entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central ante el referéndum independentista del 1 de octubre.

Para el conseller valenciano de Hacienda, este es un tema "súpersensible políticamente" y la situación en España es de tal dimensión" que "sería de poca lucidez no avanzar seriamente". Los expertos para la reforma de la financiación han puesto las bases para que eso pueda hacerse "sin demasiado dramatismo", consideró.