La Comunitat y Murcia piden blindar los fondos de sanidad y educación igual que las pensiones

VALÈNCIA (EFE). Murcia y la Comunitat Valenciana han acordado este lunes un documento conjunto para exigir que la reforma del sistema de financiación autonómica blinde los fondos para educación, sanidad y servicios sociales, como ocurre con las pensiones, para evitar que queden "al albur de los vaivenes" de la economía.

El consejero murciano de Hacienda, Andrés Carrillo, y su homólogo valenciano, Vicent Soler, se han reunido en Murcia para acercar posiciones sobre las reivindicaciones que trasladarán este jueves a la reunión para iniciar los trámites de reforma del sistema de financiación autonómica.

Ambos consejeros han consensuado un documento conjunto con ocho reivindicaciones que trasladarán durante la reunión con el objetivo de que haya un mejor reparto de los fondos estatales entre las comunidades autónomas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y que las regiones puedan hacerse cargo de las competencias que les corresponden.

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Entre sus reivindicaciones han destacado que el nuevo sistema garantice la estabilidad de financiación a los tres pilares básicos del Estado, la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Carrillo ha destacado que al igual que el cuarto pilar, las pensiones, están blindadas por el Pacto de Toledo y no dependen de los vaivenes de la economía, debe ocurrir lo mismo con los otros tres sectores.

Nuevas necesidades de gasto

También han pedido también que las nuevas necesidades de gastos en esos ámbitos y en el resto de competencias vayan acompañadas de nuevos recursos, por ejemplo, para garantizar el acceso a nuevos medicamentos y tratamientos.

En esa línea, han insistido en que el sistema debe proporcionar financiación suficiente para prestar esos servicios públicos con un "nivel de calidad adecuado" y sin incurrir en déficit, como ha ocurrido en los últimos años, en los que fue necesario llegar al endeudamiento para garantizar su prestación.

Ambos consejeros han coincidido en que la reforma del sistema "no debe ser un debate entre territorios", sino servir para "mejorar el Estado del bienestar poniendo en el centro a las personas", con independencia del lugar en el que residan, para evitar cualquier conflicto entre regiones.

Asimismo, han señalado que el sistema debe equiparar en recursos a todas las regiones con el fin de evitar las diferencias de financiación por habitante y han reivindicado que sea un sistema "sencillo, transparente y predecible" que permita a las comunidades planificar con antelación sus políticas fiscales, de inversiones y de gastos.

Por último, han subrayado la importancia de trasladar también a las corporaciones locales esas características de financiación y la necesidad de garantizar la "sostenibilidad financiera" abordando el problema de los déficit generados a causa de la infrafinanciación, que debe tratarse, han dicho, como un "problema de Estado"