La concertada plantea una moratoria de al menos un año antes de despedir a docentes afectados por el arreglo escolar

VALENCIA, (EP). La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunidad Valenciana (Fsie CV), organización sindical mayoritaria en la red de enseñanza concertada, va a plantear a la Conselleria de Educación diversas medidas para evitar que el arreglo escolar del próximo curso pueda tener un "impacto lesivo" en el empleo de este sector. Entre ellas, destaca la solicitud de una moratoria de al menos un año antes de despedir a un docente que pueda resultar afectado por la pérdida de unidades en un centro privado concertado.

Así lo ha asegurado el secretario de Acción Sindical de la entidad, Víctor Cardona, que ha explicado que esta será una ideal "esencial" que Fsie llevará este jueves a la Mesa de Negociación de la Enseñanza Privada y Concertada en la que se pondrá sobre la mesa el borrador del arreglo escolar del curso 2016-2017. Esta planificación se tratará asimismo en otras reuniones convocadas también para mañana: Mesa de Alumnos, de Padres y Sectorial.

La principal novedad del arreglo del curso que viene es que, por primera vez, se contempla de forma conjunta a todos los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto a los de titularidad pública como a los de la privada concertada.

El borrador especifica que "en el caso de existir centros privados concertados con autorización provisional de unidades, la propuesta de disminución de unidades se aplicará a estos centros, siempre que haya espacio disponible en otros centros de la localidad". En aquellos municipios donde sea necesario disminuir unidades "se tendrá en cuenta la ratio media de la localidad en el nivel correspondiente a los efectos de realizar propuestas de supresión en los centros docentes privados concertados, mediante una modificación del concierto".

Estas modificaciones, advierte Cardona, "tiene unas consecuencias en el empleo, ya que la propia naturaleza de la enseñanza privada hace que los docentes no sean funcionarios, por lo que, si en un centro concertado se reducen unidades o hay reducción de jornada de los trabajadores o despidos".

Para evitar al máximo la posible pérdida de empleo, Fsie solicitará que, ante la reducción de aulas del nuevo arreglo, haya "un periodo transitorio en el que de forma cautelar se mantengan los puestos de trabajo" de lo profesores afectados al menos un año, aunque posiblemente pueda elevar la petición a dos.

Atención a la diversidad

"Si, por ejemplo, por falta de matrícula un centro concertado pierde una unidad de 5 años y un docente, lo entendemos y encajamos, pero pedimos que durante un mínimo de un curso se mantenga ese puesto de trabajo y esa persona realizaría labores de atención a la diversidad y necesidades educativas especiales. Además, ayudaría al centro a revertir la situación por la que ha perdido matriculación. Es una especie de 'ley de segunda oportunidad', si pasada esta moratoria la matrícula sigue igual, la desaparición sería definitiva. Esto daría cierta estabilidad en el sector", ha defendido este portavoz.

Asimismo, otra de las principales reivindicaciones de Fsie es la reactivación de la bolsa de recolocación, contemplada en un documento del año 1996 pero que lleva "en vía muerta" desde finales de los noventa. La federación detalla que este mecanismo --que funcionó muy bien en la Comunitat Valenciana y lo sigue haciendo en otras autonomías, subrayan-- consiste en la elaboración de un listado de docentes afectados por despidos de la que deben salir las contrataciones para los centros concertados que precisen personal por experimentar un crecimiento vegetativo.

Por tanto, "de cara a la reunión de mañana, plantearemos dos ideas esenciales: que es perentorio llegar a un acuerdo para reactivar la bolsa de recolocación y que se mantegan como mínimo de un año los puestos de trabajo que resulten afectados por el arreglo".

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han recalcado a Europa Press que lo que se va a presentar es "un primer borrador de la propuesta de instrucciones" para planificar el curso, por lo que "no es un documento cerrado". "Esperamos las aportaciones para un tema tan sensible y tan de todos como es el arreglo escolar", han aseverado.

Desde el departamento que dirige Vicent Marzà añaden que "la gran novedad es que, por primera vez, la distribución de se realiza teniendo en cuenta todos los centros sostenidos con fondos públicos, ya que esta administración no va a considerar por separado un centro público y uno concertado", que tendrán "las mismas reglas del juego".

Bajar ratios

Igualmente, destacan que, como el objetivo de la Conselleria, es bajar progresivamente las ratios a lo largo de la legislatura, eso se traducirá en un mantenimiento o aumento de unidades. Por tanto, "la previsión no es recortar, sino todo lo contrario". En todo caso, si se produce alguna supresión se explicarán los argumentos "y no va a haber razones ideológicas ni extrañas para ningún tipo de centro, ni público ni concertado".

Desde el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) han valorado que el arreglo, que hasta ahora solo afectaba a la pública, incluya también a la concertada "en igualdad de condiciones", así como el compromiso de no reducir aulas en centros públicos para que no se produzca un trasvase.

 Sin embargo, este sindicato sigue pidiendo una mayor bajada de ratios y considera que las plantillas se deberían haber negociado antes para que se viera reflejado en el arreglo.