La contrata millonaria de saneamiento, investigada en Azud, sigue en el cajón tras dos meses caducada

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tiene caducado el contrato de saneamiento desde que acabara el año pasado. La contrata, gestionada por Acciona, investigada en el caso Azud, sigue prestando el servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento de la ciudad. Lo hace desde 17 años y paralizarlo supondría un importante perjuicio a la ciudad, pero desde diciembre lo hace ya fuera de contrato mientras el consistorio, cuya concejalía de Ciclo Integral del Agua dirige Carlos Mundina, todavía no ha sacado a licitación pública el nuevo contrato.

El contrato, adjudicado en 2006 a la UTE, tenía un plazo de ejecución de quince años y finalizaba el 31 de diciembre de 2021, pero contemplaba una prórroga de dos años, por lo que el consistorio, el pasado mandato gobernado por Compormís y PSPV, dio luz verde a este aplazamiento mientras tramitaba el nuevo concurso público, previsto para 2023. Sin embargo, al finalizar el ejercicio, no se llegó a tiempo de lanzar el concurso, por lo que el nuevo gobierno -PP y Vox- aprobó "por motivos de interés general" la continuidad de la prestación del servicio desde el 1 de enero "y hasta la formalización del nuevo contrato que resulte de la adjudicación que se encuentra en trámite".

La anterior concejala de Ciclo Integral, la socialista Elisa Valía, achaca el retraso inicial en sacar el concurso público a causa de la necesidad de redactar grandes proyectos para inversiones que debían incluirse en el contrato, a lo que acompañaron las limitaciones de personal derivadas de la pandemia de coronavirus, que mantuvieron en mínimos los funcionarios del servicio hasta que se empezó a aplicar el teletrabajo. Con todo, señala que antes de abandonar el ejecutivo, la concejalía ya había remitido a Contratación toda la documentación para activar el proceso de licitación, y que en verano, el nuevo ejecutivo ya tenía el visto bueno de la Generalitat Valenciana para hacerlo.

Los pliegos previstos por el anterior ejecutivo preveían un presupuesto total de 225 millones de euros para un plazo de 15 años (15 millones anuales) y en el contrato se incluía una partida para obras e inversiones por valor de otros 90 millones. Aquí, se preveía por ejemplo la gran obra para la mejora del colector norte, una actuación valorada en unos 38 millones de euros. También contemplaba actuaciones millonarias en varios barrios de la ciudad y permitía acudir a la mencionada partida para realizar nuevas obras hasta consumir todo el presupuesto a lo largo de todo el plazo del contrato.

Sin embargo, más de seis meses después, el Ayuntamiento sigue sin hacerlo público. Cabe recordar que el contrato que sigue operativo es una de las ramas que investiga la justicia en el conocido como caso Azud, que indaga en una presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones y que involucra al cuñado de la ex alcaldesa Rita Barberá, José María Corbín. La UCO cree que el abogado pudo utilizar sus influencias para que la UTE de Acciona se llevara el contrato a cambio de comisiones ilícitas. Y la Agencia Valenciana Antifraude ha cuantificado en más de 11,2 millones de euros el total de perjuicio económico para las arcas públicas por este contrato.

Pagos fuera de contrato

Los pagos fuera de contrato, que se dan tras la caducidad de la contrata en diciembre, son una práctica que frecuentemente critican organismos de control como la Sindicatura de Comptes, la Agencia Valenciana Antifraude o la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), incluso la propia Intervención del Ayuntamiento de València, al carecer estos pagos de la misma fiscalización que permite la cobertura contractual. En ese sentido, y tal como han señalado en diferentes casos las mencionadas instituciones, lo óptimo es que las administraciones adjudiquen los contratos a tiempo para evitar este tipo de impases entre la caducidad de un contrato y la adjudicación del nuevo.

También desde la oposición el pasado mandato se criticó con dureza este tipo de situaciones. Sin ir más lejos, la actual alcaldesa de València, María José Catalá, entonces líder de la oposición, aseguraba que recurrir a la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito para atender pagos fuera de contrato evidenciaba "la poca eficacia y agilidad" del anterior ejecutivo, "incapaz de planificase a medio y largo plazo la convocatoria de los nuevos concursos públicos" y alertaba de que, además de tratarse de contratos "claves para el normal funcionamiento de la ciudad", con dicho mecanismo de pago "se evita la fiscalización previa de los mismos, por lo que continúa la opacidad del equipo de gobierno".